Un informe interno elaborado por el Consell de Mallorca concluye que la institución insular abonó tres millones de más por el pago del rescate de la concesión del túnel de Sóller. A juicio de los técnicos que rubrican el estudio, el Consell debería haber abonado 13,8 millones en vez de los 16,3 que finalmente pagó ya que la indemnización se calculó en base a proyecciones de futuro y no con números reales.
El informe elaborado por el departamento de Mobilitat i Infraestructures del Consell se enmarca en el proceso que sigue para dar cumplimiento a la resolución dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Palma. Este tribunal dio dos meses de plazo el pasado mayo para que se ejecute la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo que declaraba nulo el rescate del túnel.
El informe señala que la indemnización de 16,2 millones de euros «se fundamentó en proyecciones de futuro, estimaciones hipotéticas de tráfico y de beneficios de la concesionaria», algo que «no respondía a la realidad de lo que ahora sabemos que ha sucedido después». En opinión de los técnicos «ahora estamos ante un escenario distinto», mediante el cual se debe calcular el daño a la concesionaria que supuso el rescate de la concesión «a partir de los datos reales de tráfico que la administración ha podido recabar durante el período en que la concesionaria no pudo explotar el túnel». Este período abarca desde el 29 de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2022, un tiempo durante el cual se desencadenó una pandemia, se declaró el estado de alarma y, en consecuencia, se produjo un pronunciado descenso de la actividad como consecuencia de las restricciones sanitarias y el descenso del flujo de turistas.
Para hacer esta afirmación, el autor del informe señala que en febrero pasado ingenieros del Consell emitieron un informe de tráfico registrado por el túnel que constata «una bajada importantísima del tráfico durante el año 2020, asociado a la pandemia, y que lógicamente incide muy negativamente en los beneficios de debería haber obtenido la concesionaria en caso de haber explotado el túnel de Sóller». A partir de este informe sobre el volumen de tráfico de la galería subterránea, los servicios económicos han hecho un nuevo cálculo económico de los perjuicios sufridos por la concesionaria durante el tiempo que no pudo explotar el túnel a consecuencia del rescate anulado por los tribunales. Así, el citado estudio económico concluye que el lucro cesante de la antigua concesionaria entre 2018 y el final del contrato (junio de 2022) sería de 13,8 millones y en vez de los 16,2 millones que pagó.
«No corresponde indemnización»
Por esta razón, los autores del informe técnico apuntan que el Consell «no debe abonar ninguna indemnización» a la antigua concesionaria del túnel de Sóller, al entender que la institución insular abonó tres millones de más de los que realmente debería haber cobrado por el rescate avanzado de la carretera.
El informe añade que ante estas circunstancias «concurre causa de imposibilidad material de ejecutar la sentencia», en tanto que «no se puede restablecer la explotación de la concesión porque la vigencia del título concesional se ha agotado». El Consell, además, se hace suyo el informe que han elaborado sus técnicos que concluyen que los beneficios que habría obtenido la empresa en caso de continuar con la explotación del túnel hasta el final del contrato hubiesen sido de 13,8 millones. El estudio no hace mención a la posibilidad que el Consell reclame la diferencia pagada de más a Globalvía, la empresa que gestionó el túnel hasta que se hico efectivo el rescate.
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