En su informe sobre el Estado de derecho en España, la Comisión Europea destaca que la Ley de Amnistía ha generado una «gran controversia», no sólo por su contenido, sino por las «circunstancias políticas» de su aprobación. La norma fue pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat fugado en Bélgica desde 2017, a cambio de su apoyo en la investidura.
Pero aunque lleva examinando el texto desde noviembre de 2023, el Ejecutivo comunitario ha aplazado de nuevo indefinidamente su veredicto sobre si la amnistía es compatible o no con el derecho de la UE. Eso sí, Bruselas se hace eco de las críticas de la Comisión de Venecia por la tramitación urgente de la ley, la falta de suficientes consultas y la «ambigüedad» de su ámbito de aplicación.
«Sobre la Ley de Amnistía voy a decepcionarle, aún estamos analizándola: necesitamos más tiempo y no tenemos ningún plazo límite«, ha explicado la vicepresidenta de la Comisión responsable de Estado de derecho, Vera Jourová, en rueda de prensa. Jourová ha negado además que Bruselas esté preparando ya un expediente contra España por esta norma. «Son sólo especulaciones», ha dicho.
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«Sobre la amnistía, la primera línea está por supuesto en España: tenemos que ver cuál es la reacción de los tribunales sobre la aplicación de la Ley. Y así sabremos también la interpretación que hacen los jueces en España sobre la Ley», ha indicado por su parte el comisario de Justicia, Didier Reynders.
«Nosotros continuamos nuestra evaluación. Pero también quiero recordar que a la hora de aplicar la nueva Ley en España es posible, si hay dudas sobre el derecho comunitario, preguntar al Tribunal de Justicia de la UE. Así que hay diferentes maneras de alcanzar el mismo objetivo», ha señalado Reynders.
Los comisarios Vera Jourova y Didier Reynders, durante la rueda de prensa de este miércoles en Bruselas
«La Ley de Amnistía ha sido objeto de una gran controversia en España, ligada a las circunstancias políticas en torno a su aprobación y a su contenido, incluyendo manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas, así como una extensa correspondencia dirigida a la Comisión Europea«, explica el informe sobre el Estado de derecho, que dedica apenas un par de párrafos a esta cuestión.
«La Comisión Europea se ha puesto en contacto con las autoridades para recibir aclaraciones sobre la Ley de Amnistía, que está analizando. Un gran número de interesados han manifestado sus preocupaciones, incluyendo sobre el posible impacto de la norma en la lucha contra la corrupción«, reza el texto.
En cuanto al informe de la Comisión de Venencia, Bruselas destaca que éste incluye «una serie de recomendaciones para clarificar algunas disposiciones y evitar ambigüedades, especialmente sobre el alcance de la amnistía».
«Al mismo tiempo, la Comisión de Venecia subrayó el hecho de que el proyecto de ley se tramitó siguiendo un procedimiento urgente, que sólo permitió una consulta limitada. La Comisión de Venecia subrayó la importancia de dejar tiempo y espacio para las consultas sobre esta ley y también los beneficios que se obtendrían si la legislación tuviera el respaldo de una mayoría reforzada en el Congreso», resalta el informe.
