En septiembre de 2010, Kamala Harris visitó por primera vez la sede de Google. La entonces fiscal del distrito de San Francisco, la primera mujer en ocupar el cargo, aspiraba a ser fiscal general de California. Su parada en las oficinas de Mountain View le sirvió para tender la mano al gigante tecnológico, vendiéndose como una moderada que se oponía a que el Estado «obstaculice el crecimiento y el desarrollo de las empresas». A los pocos días, la compañía y su principal abogado aportaron 13.000 dólares a su campaña, lo máximo permitido entonces. Aunque las encuestas la iban en contra, en noviembre Harris ganó las elecciones con un ajustado margen del 0,8%.
Casi 14 años después, Harris es la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. La histórica renuncia a la reelección del presidente Joe Biden anunciada el pasado domingo ha puesto a la vicepresidenta en una posición única para intentar ser la primera mujer en los mandos de la Casa Blanca. Aunque la actual administración ha endurecido sus políticas antimonopolio para tratar de limitar la acumulación de poder de Silicon Valley, la estrecha relación de Harris con la industria tecnológica californiana hace temer que una victoria azul se traduzca en una postura más laxa y conciliadora ante los abusos del sector.
Amiga de Silicon Valley
Harris lleva toda su vida profesional codeándose con las élites políticas y económicas de California. Hija de inmigrantes índios y jamaicanos, tejió desde 1990 una carrera como fiscal estrechamente relacionada con la alta sociedad de San Francisco que le sirvió para catapultar sus aspiraciones políticas. Aunque venía de un entorno familiar más intelectual que adinerado, en pocos años Harris logró convertirse en «una figura popular en un pequeño mundo dominado por un puñado de familias poderosas», detalló Politico en 2019, unos lazos con la crème de la crème le garantizaron poder recaudar dinero con facilidad, facilitándole su salto al Senado en 2017.
En California, ese círculo de poder está directamente conectado con Silicon Valley, históricamente más cercana a las causas demócratas. A lo largo de su dilatada trayectoria, la falta de mano dura de Harris con el sector tecnológico le ha abierto la puerta a donaciones de multimillonarios como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn; Sheryl Sandberg, exdirectora de Meta; Jony Ive, ex alto ejecutivo de diseño de Apple; John Doerr, uno de los primeros inversores en Google; y Marc Benioff, consejero delegado de Salesforce. Incluso la viuda de Steve Jobs, la filántropa Laurene Powell Jobs, organizó una recaudación de fondos para Harris en el patio trasero de su casa en 2013. Ante los donantes se ha presentado siempre como una «capitalista», según Reuters.
Esa estrecha relación con la industria va más allá de lo profesional. Así, Harris asistió a la boda de Sean Parker, fundador de Napster y uno de los primeros directivos de Facebook y su cuñado, el exfiscal Tony West, es vicepresidente y director jurídico de Uber. Dos de sus antiguas asesoras políticas trabajan ahora como lobistas para Amazon y Google. «Su familia, amigos y antiguos empleados forman parte de la puerta giratoria entre el gobierno y la industria tecnológica», señaló The New York Times en 2020.
¿Conflicto de interés?
Los críticos denuncian que Harris se ha alineado con los intereses de Silicon Valley. En su etapa de fiscal general y en la de senadora, la ahora candidata demócrata descartó apoyar medidas regulatorias de las empresas tecnológicas, como la ley que las obligaría a no rastrear a los usuarios o la que pedía retirar los coches sin conductor de Uber. «Ella presidió esta era de gran consolidación y poder en manos de los gigantes tecnológicos y no hizo nada», ha lamentado Jamie Court, presidente de Consumer Watchdog, organización en defensa de los consumidores.
Sus partidarios, por el contrario, señalan que su cercanía con la industria ha facilitado que se tomen acciones. En 2015, por ejemplo, la presión de Harris habría ayudado a que compañías como Twitter, Google o Reddit prohibiesen la distribución de la llamada pornografía de venganza, imágenes explícitas de una persona que se comparten sin su consentimiento.
Como presidenta de EEUU, Harris podría seguir con la agenda tecnológica de Biden. Aun así, su programa no detalla sus planes para el sector, una posición que sigue siendo una incógnita en muchos frentes. En su etapa de vicepresidenta ha apoyado la regulación de la inteligencia artificial (IA), pero no se ha pronunciado sobre las medidas antimonopolio que pretenden disolver a las Big Tech y despojarlas de la protección que las hace inmunes a la difusión de contenidos que incitan al odio. Los críticos advierten que entre sus asesores hay empleados y aliados de esas empresas.
