La posición del PSOE sobre la investigación judicial a Begoña Gómez comenzó a sintonizarse durante los últimos días con la estrategia de la defensa para acabar acoplándose del todo este lunes. Después de que el juez citase como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los socialistas hablaron abiertamente de una “investigación prospectiva”, en línea con el abogado Antonio Camacho, exfiscal y exministro socialista Antonio Camacho, para advertir que este procedimiento está “prohibido”. Mientras Moncloa optó por el silencio tras conocerse la citación, Ferraz y el grupo socialista en el Congreso, a través de su portavoz Patxi López, asumieron la réplica para cargar ya no contra la acusación, sino contra las supuestas irregularidades que atribuyen al proceso y al juez Juan Carlos Peinado. Una “prevaricación de libro” y “lawfare”, según cuestionaron fuentes de la dirección en privado.
Algunos ministros del Gobierno, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, o la ministra de Defensa y juez de carrera, Margarita Robles, se encargaron de extender las dudas sobre las diligencias, aun de forma más contenida. En la dirección socialista alientan de este modo una posible recusación al juez Peinado. No tanto por parte del abogado de la esposa del presidente del Gobierno como por las defensas de otros imputados o la fiscalía. Al empresario Juan Carlos Barrabés, señaló el portavoz de los socialistas en la Cámara baja, “se le imputa sin que esté presente su abogado”.
Otras fuentes del partido señalan este mismo extremo, al ser citado el empresario recomendado por Begoña Gómez como testigo, sin abogado y obligado a decir verdad, para después imputarlo sin haber parado antes en ningún momento la declaración. Algo que consideran una irregularidad para vaticinar que su defensa podría recurrir por vulneración de derechos.
Desde Ferraz, este lunes se trasladaba a través de fuentes oficiales que las nuevas diligencias «son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso». Una situación por la que avanzaban que serán recurridas, «como lo han sido el resto de actuaciones». Al mismo tiempo realizaban una enmienda a la totalidad al concluir que «todo el procedimiento consiste en una investigación prospectiva sin fundamento jurídico alguno y está pendiente de resolución de varios recursos».
Si bien se sigue hablando de “persecución política”, en referencia a la utilización política de este caso por parte de la oposición, con Vox personada como acusación popular, el PSOE traspasaba esta línea para deslizarse por la pendiente de la guerra sucia judicial. La propia titular de Defensa, llamaba la atención al apuntar que «espero que el juez Peinado esté haciendo diligencias que son necesarias y no algunas que quieran tener simplemente proyección pública«. La vicepresidenta primera, por su parte, se refería a que «ninguna utilización torticera de las instituciones” conseguiría el objetivo de que Sánchez “siga gobernando para la mayoría social y ampliando derechos».
Apelación al “Estado de derecho”
El portavoz del PSOE en el Congreso, aun anticipando su ánimo de ser “prudente” sobre la evolución del caso Begoña Gómez, se refirió a un “montaje”, un proceso “falto de ética y estética” por sus supuestas irregularidades y una “cacería política”. «Hay dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada, el fiscal no la acusa de nada, los testigos no la implican y en la documentación no aparece nada», reprochó para concluir que “hacer una investigación prospectiva está absolutamente prohibido y vetado por la doctrina y la jurisprudencia”.
En privado, fuentes socialistas elevan el tono para cuestionar que se estén traspasando líneas impropias en un Estado de derecho. Según el análisis de las mismas fuentes, todo acabará archivado, pero que la intención es hacer mella a través de titulares. De hecho, es por ello que no valoran una imputación del presidente del Gobierno, pues el juez Peinado perdería al caso al pasar al tribunal Supremo, donde pronostican que se cerraría de inmediato. El malestar contra el juez Peinado se hacía evidente este lunes en las filas socialistas. La eurodiputada y miembro de la ejecutiva, Idoia Mendia, se preguntaba a través de X “¿para cuándo alguien del CGPJ o de asociaciones de jueces se va a pronunciar sobre la conducta del juez Peinado?”.
Declaración de Sánchez
El PP ha aprovechado la citación de Pedro Sánchez para volver a pedir su dimisión. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pidió «al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva su tercera y definitiva», tras recordar las palabras del líder del PSOE cuando reclamó a Mariano Rajoy su dimisión como presidente del Gobierno tras ser citado como testigo en el ‘caso Gürtel’. En Ferraz, enmarcan esta respuesta en un intento de “lograr con oscuras maniobras judiciales lo que no consiguieron en las urnas”.
El jefe del Ejecutivo está dispensado de la obligación de declarar al ser cónyuge de la investigada, aunque en las filas socialistas aseguran que todavía no está tomada la decisión. La opinión personal de algunos cargos es que podría hacerlo para demostrar la persecución a la que estaría siendo sometida su esposa para realizar una “persecución política” contra el Gobierno. Eso sí, no a través de video, sino que en su mayoría se inclinan porque, en caso de declarar, lo haga por escrito.
