La nueva consejera de Empresa y Empleo tiene como principal objetivo poner en marcha la IV Ley de Simplificación Administrativa, y lo peor de todo es que a la futura ley le pasa lo mismo que a la actual ley educativa, que lo único que sabemos es que habrá una décima, y en este caso una quinta, en poco tiempo.
La nueva Ley de Simplificación traerá consigo una vuelta de tuerca aún mayor sobre el papel de los empleados públicos en los procedimientos, y como toda ley de simplificación, su principal objetivo no es fortalecer el servicio público como eje fundamental para la igualdad, la equidad y la solidaridad, al contrario, su diana está en desmantelar el control público, y todo ello en nombre de la libertad económica.
Que la nueva ley vaya a nacer sin tan siquiera haber realizado el más mínimo análisis de las tres anteriores, como ha ocurrido históricamente con otras leyes y acuerdos en la Región, dice mucho de que la esperada normativa es más bien fruto del matrimonio entre la ocurrencia y la presión empresarial, lo que dice muy poco a favor de la estrategia de las políticas públicas del Gobierno.
La nueva consejera que, como todos saben, ha llegado al cargo de ‘rebote’ y gracias a la decisión, a mi juicio, inmadura e infantil del líder de Vox, Abascal, tendrá en esta misma organización que ha facilitado su ascenso su mejor aliado, ya que el partido de extrema derecha -y en eso no engañan a nadie- considera que cuanta menos administración, mucho mejor, y, por lo tanto, la llamada ‘ley de la selva’, la misma en la que los controles públicos desaparecen prácticamente, es junto a la inmigración una de sus señas de identidad.
Seguir desmantelando y quitando competencias a los empleados públicos y que el cumplimiento de la normativa quede supeditado a un compromiso del empresario no solo es peligroso, sino que puede generar situaciones de peligro social.
Hace poco hemos sufrido en la ciudad de Murcia un incendio que se llevó por delante 13 vidas, y si hay algo que deberíamos haber aprendido es que el papel de los servicios públicos ha fallado estrepitosamente, sobre todo cuando las normas comienzan a plantar espacios de limbos jurídicos difíciles de entender.
La nueva ley tendrá consecuencias para muchos empleados públicos, y mientras los empresarios siguen apretando para que el control público vaya desapareciendo ley a ley, las organizaciones sindicales, incluidas las de la función pública, apenas han intervenido, más aún, no han abierto el más mínimo debate sobre lo que esta nueva norma representará para los trabajadores de la Administración regional y local.
Que los sindicatos no hayan sido capaces de exigir la participación en la elaboración de la ley y su papel sea residual, donde en el mejor de los casos serán informados a posteriori, es una muestra más de la decadencia de unas organizaciones que siguen ancladas en el siglo pasado, y alguien debería recordarles que llevamos ya consumido prácticamente un cuarto del siglo XXI.
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