Son 6.000 los menores inmigrantes acogidos en Canarias, unas islas absolutamente desbordadas y que claman auxilio. Este próximo martes, el Congreso debate la salida pactada por el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, de Coalición Canaria y PP. Pero esa alternativa, la de una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que obligaría al reparto de los niños y adolescentes entre las comunidades autónomas, se puede dar prácticamente por cegada. La dirección de Alberto Núñez Feijóo, que había manifestado su resistencias a la iniciativa, cerraba este domingo la puerta a prestar su respaldo porque interpreta que el Gobierno «no acepta» sus condiciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, apremia al PP a que vote sí en la toma de consideración de la proposición de ley presentada por PSOE, Sumar y CC.
Las posibilidades de acuerdo se redujeron este domingo prácticamente a la nada. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantuvo una conversación por escrito —por WhatsApp— con el portavoz del Grupo Popular en la Cámara baja, Miguel Tellado, escudero de Feijóo. Fuentes del PP trasladaron que el ministro «no ve posible aceptar las condiciones fijadas por el PP para tramitar la Ley de Extranjería» y que emplazó a Tellado a «mejorar el texto en el trámite de enmiendas», por lo que daba «por supuesto», a ojos de Génova, «que el martes se aprobará la tramitación» de la iniciativa.
«Es decir, el Gobierno da por hecho que conseguirá los votos de Junts. El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo», señalaron desde la cúpula popular. «El texto que proponen no es el nuestro. Si no aceptan nuestras condiciones, no podemos ayudarles. Nosotros en ese planteamiento no podemos acompañarles», concluyeron.
La lectura del PP de la conversación se traducía, por tanto, en un no del grupo en la votación del martes, que es la de la toma en consideración de la propuesta de reforma registrada hace una semana por los socios de coalición (PSOE y Sumar) y por CC. Es el primer filtro que ha de superar el texto. Y si no lo logra, la iniciativa decaerá inmediatamente. El Gobierno necesita el apoyo o la abstención de los populares, porque ya cuenta de antemano con el no de Junts, que exigió que no se derivase ningún menor a Cataluña y que se pactase antes la delegación integral de la competencia migratoria a la comunidad.
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