Si a los jueces, Dios no lo quiera, se les aplicara la misma vara de medir que a los políticos, un buen puñado de ellos estaría hoy entrando y saliendo de los juzgados donde otros jueces intentarían determinar si sus compañeros habían cometido prevaricación trufada de ‘lawfare’. Tal escenario no es, obviamente, deseable, pero resulta imposible no imaginarlo después de ver, estupefactos, las controvertidas decisiones de algunos magistrados a la hora de instruir o juzgar determinadas causas de alto voltaje político en las que nomalmente las izquierdas salen mal paradas. Nombres como Peinado, Marchena, Gadea, García Castellón y algunos otros probarían tal vez esa amarga medicina conocida como ‘pena de telediario’ que con tanto desahogo acostumbran a administrar a otros.
¿Hubo ‘lawfare’ en el caso de los ERE?, le preguntaron esta semana los periodistas a Manuel Chaves durante su primera comparecencia en la sede del PSOE andaluz tras los largos años en que tuvo vedado el acceso a la que había sido su casa. Recién exculpado por el Constitucional, el expresidente no contestó que sí hubo ‘lawfare’, pero a punto estuvo de hacerlo; su respuesta no fue taxativamente afirmativa, pero le costaba ocultar las muchas ganas que tenía de que lo fuera.
Un contubernio inverosímil
Aunque muchos socialistas están convencidos de que la jueza Alaya estaba conchabada con el PP y la Fiscalía para acabar con un Partido Socialista imbatible en las urnas, esa convicción no pasa de ser una mera hipótesis, quizá bien fundada pero mera hipótesis y en realidad bastante inverosímil, pues habría que incluir en la confabulación primero a los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla que firmaron la sentencia condenatoria y después a sus tres colegas del Supremo que la confirmaron. Tal contubernio político-judicial no es menos inverosímil que el protagonizado por decenas de políticos y funcionarios de la Junta de Andalucía que imaginó Mercedes Alaya y dieron por cierto la Audiencia y el Supremo hasta que el Constitucional se decidió a pinchar el gigantesco globo echando mano de la sola aguja del sentido común, consagrado en la carta magna.
Parafraseando a Griñán y su célebre “no hubo un gran plan pero sí un gran fraude”, cabría decir que en lo que toca a la justicia tampoco hubo un gran plan pero sí un gran bluf. Bluf entendido, en lo que toca al PP, como un montaje propagandístico destinado a sobredimensionar el caso y bluf entendido, en lo que toca a la justicia, como gestante de un parto de los montes cuyo portentoso fruto iba a ser, como tantas veces ha repetido el PP, El Mayor Caso de Corrupción de la Historia de España, así, con muchas mayúsculas, y que finalmente ha quedado rebajado si no a un minúsculo ratón, sí a poco más que un triste hurón, lo cual autoriza a preguntarse si no habrá sido el caso ERE el mayor bluf de la historia judicial española.
Durante años jueces, fiscales, políticos y periodistas fueron engordando una formidable burbuja judicial que, como históricamente ha sucedido en los gobiernos ante las burbujas económicas, ningún tribunal se atrevió a pinchar, consciente sin duda de los peligros de todo tipo que suele entrañar la decisión de retirar el champán cuando la fiesta está en su mejor momento. Durante los años de la burbuja inmobiliaria hubo sin duda altos responsables políticos y financieros convencidos de que tal burbuja existía y era peligrosa, pero ninguno se atrevió a pincharla: demasiado riesgo político y personal, y además sin estar seguro de que el pinchazo surtiera el efecto deseado.
Aviso a navegantes
En el caso ERE, el único intento serio de pinchar la burbuja rectificando sin complejos el disparatado rumbo de la instrucción impuesto por Alaya lo protagonizó su sucesora al frente del juzgado María Núñez Bolaños, que habría de pagar -en moneda, eso sí, de curso mediático perfectamente legal- un altísimo precio profesional y personal por su atrevimiento. Con estas palabras describía ese precio la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en octubre de 2018: “El acoso mediático que está sufriendo esta instructora desde que tomara posesión del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla llega a límites difícilmente justificables por la libertad de prensa y la libertad de expresión”. Ya un año antes, en noviembre de 2017, la misma Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura habían salido en defensa de Bolaños frente al intento de recusación por parte del PP.
Que la derecha política y la derecha mediática se emplearon a fondo en defender con uñas, garras y dientes el rumbo de la instrucción marcado por Alaya es un hecho indiscutible. El acoso a Bolaños tuvo mucho de aviso a cuantos navegantes hubieran de surcar el Océano ERE. Quienes se hicieron a la mar en tales aguas habrían, pues, de poner buen cuidado en no contradecir unas tesis conspiranoicas que Alaya debió de construir probablemente por convicción profesional y no por una explícita connivencia con el PP. No es que, como creen tantos en el PSOE, Alaya instruyera como instruyó la causa de los ERE para favorecer al PP, pero los mimbres y hechuras con que dicha causa había sido configurada por la jueza dieron al PP la ocasión de convertirla en la Gran Burbuja en que acabó convertida. Del mismo modo, por cierto, que los mimbres y hechuras con que se configuró el laxo procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales dieron a distintos reponsables de la Consejería de Empleo ocasión de cometer los excesos, irregularidades y fraudes que acabaron cometiendo.
