Protestas propalestinas. EP
La Presidencia de la Autoridad Palestina ha celebrado este viernes como una «victoria» la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que confirma que la ocupación israelí de los territorios palestinos es «ilegal» y que Israel debe cesar los asentamientos y las actividades de los colonos.
La Presidencia ha señalado que la resolución reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, especialmente tras la reciente resolución adoptada por el Parlamento israelí que se opone a la creación de un Estado palestino, según informó WAFA.
De igual manera, ha expresado que esto ocurre en un momento en el que el pueblo palestino de Gaza y Cisjordania, así como de Jerusalén Este, está enfrentando una agresión y genocidio generalizados, por lo que renueva la esperanza de un futuro sin colonialismo.
Finalmente, ha reiterado la importancia de poner fin a la «política de impunidad» que ha permitido a Israel negar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación durante más de 76 años, así como consolidar sus políticas de apartheid y persecución.
La CIJ ha determinado este viernes que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados viola la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas.
En particular, en lo que respecta a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la aplicación de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, la política de Israel constituye un intento de anexión y va en contra del Derecho Internacional.
El organismo inició en febrero una serie de audiencias sobre la petición presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas para que emitiera una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.
Es la segunda ocasión en la que la CIJ, a solicitud de la Asamblea General de la ONU, debe pronunciarse sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. La primera vez ocurrió en 2004, cuando determinó que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania infringía el Derecho Internacional y solicitó su demolición, aunque sigue en pie.
