Con los sentimientos a flor de piel y la sensación de haber logrado una «victoria» histórica, ERC y Junts celebraron el pasado 30 de mayo la aprobación definitiva de la ley de amnistía. Un mes después, su aplicación ha tenido ya luces y sombras. Mientras el TSJC ha dejado sin efecto la condena a dirigentes como el exconseller Miquel Buch, el Tribunal Supremo ha descartado exonerar al expresident Carles Puigdemont, que será arrestado si cruza la frontera, o al exvicepresident Oriol Junqueras, que mantendrá la inhabilitación hasta 2031. Sin embargo, aún hay un tercer grupo: los que podrían beneficiarse de la norma, pero no quieren que se les aplique.
Entre ellos hay los exlíderes de las entidades independentistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; el exvicepresidente del Parlament, Josep Costa; y el exdiputado de la CUP, Pau Juvillà; así como también activistas como Roger Español o policías procesados por las cargas del 1-O. Sus razones son distintas, pero si el tribunal decide actuar por voluntad propia, o a petición de la Fiscalía, no podrán evitar recibir el olvido penal.
1. Los casos de Sànchez y Cuixart
Ni Sánchez ni Cuixart solicitarán la amnistía, pero su situación es distinta a la de otros líderes del ‘procés’. Los expresidentes de la ANC y de Òmnium Cultural fueron condenados por sedición a nueve años de cárcel, bajo el argumento de que fueron «colaboradores necesarios» en el proceso independentista y responsables de las protestas.
Sin embargo, con los indultos y la derogación del delito de sedición en el Código Penal ya quedaron libres y sin inhabilitación. En su caso, la aplicación de la ley solo serviría para eliminar los antecedentes penales de su expediente, por lo que su intención es que su causa termine en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde los dos tienen recursos en curso. Su petición es que el tribunal europeo anule la sentencia y condene a España por vulneración de derechos humanos por haberles encarcelado durante cuatro años, dos de ellos de forma preventiva.
2. La absolución de Josep Costa y Eusebi Campdepadrós
Otro de los dirigentes que se ha posicionado contra la amnistía es el exvicepresidente del Parlament Josep Costa, ya que considera que podría interpretarse como «un reconocimiento de culpa». El TSJC absolvió a Costa y al resto de miembros de la Mesa de un delito de desobediencia por haber tramitado iniciativas a favor de la autodeterminación y contra la monarquía, pero el caso estaba aún pendiente del fallo del Tribunal Supremo al recurso de la Fiscalía.
Ahora, con la ley ya aprobada, el Ministerio Fiscal ha pedido aplicar la amnistía y cerrar el caso. Sin embargo, quien ejerció como diputado de Junts, aunque actualmente está desvinculado del partido, considera que la detención que se le practicó por no presentarse al juicio fue «ilegal».
Por este motivo, exige una «reparación» y la nulidad del procedimiento, y tiene previsto presentar recurso en caso de que se le aplique la amnistía contra su voluntad y recurrir a todas las instancias posibles, desde el Supremo hasta el TEDH.
También Eusebi Campdepadròs, otro de los miembros de la Mesa por parte de Junts, ha pedido al alto tribunal no ser amnistiado y que valide su absolución amparándose en la inviolabilidad parlamentaria.
3. La condena de Pau Juvillà
También se ha opuesto al perdón el exdiputado de la CUP Pau Juvillà, quien ha presentado una demanda ante el TEDH contra España por vulneración de su «libertad ideológica y libertad de expresión». Él fue condenado por hacer caso omiso a la Junta Electoral Central y no retirar los lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral, ya pagó la multa correspondiente y cumplió con su inhabilitación.
Por este motivo, y al igual que en el de Sànchez y Cuixart, la amnistía solo le serviría para borrar los antecedentes. A pesar de que el objetivo que busca el exdiputado anticapitalista es un pronunciamiento de la justicia europea, su caso ya está siendo analizado por TSJC, que podría dictaminar que le aplica el olvido penal.
El tribunal catalán decidió empezar a analizar todos los casos relacionados con el ‘procés’ que había juzgado a iniciativa propia. En esta situación también está la sentencia contra el expresident de la Generalitat Quim Torra, condenado por un caso similar, u otros dirigentes independentistas.
4. Los activistas de Alerta Solidaria
También varios activistas dan la espalda a la amnistía. Según Alerta Solidaria, entidad formada por abogados que llevan causas a manifestantes independentistas, hay 12 encausados que han pedido a sus abogados que no hagan ningún movimiento. Entre ellos, hay tres personas que participaron en protestas y que están en una situación similar a la de Juvillà: ya están condenados y consideran que si son amnistiados no podrán recurrir a Estrasburgo.
Hay otros seis manifestantes más que están pendientes de juicio, pero que no se exponen a penas altas, por lo que prefieren sentarse en el banquillo de los acusados y «defender su inocencia». Y, finalmente, otros dos procesados, según fuentes de Alerta, que se oponen a la ley porque «no quieren saber nada de la justicia española».
5. El caso de Roger Español
Pero más allá de estos ciudadanos anónimos, también hay uno conocido, Roger Español, el hombre que perdió un ojo durante las cargas del 1 de octubre de 2017. Su caso es particular porque es víctima y acusado al mismo tiempo. A él se le acusa de atentado a la autoridad por haber lanzado una valla a la policía. El juicio aún no se ha celebrado, pero la Fiscalía ya ha pedido que no juzgue a ninguno de los cuatro policías nacionales procesados en aplicación de la amnistía, mientras defiende que Español sí debe ser juzgado. Irídia, que lleva la defensa del activista, quiere justamente todo lo contrario, que los cuatro agentes sean juzgados por lesiones y posibles torturas.
6. Los policías y Jusapol
Más allá del caso de Español, hay 46 policías investigados por lesiones contra votantes de 1-O en Barcelona que ya han recibido la amnistía. Aunque ninguno de ellos se ha opuesto abiertamente a la aplicación de la ley, ya que supone el cierre de la causa, el sindicato Jusapol, uno de los más combativos contra el independentismo, sí ha criticado que los agentes hayan sido perdonados y no «absueltos» por los tribunales.
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