El Gobierno aprueba definitivamente la gran subida de la tasa que pagan las centrales nucleares y lo hace sorteando meses de presiones de las grandes eléctricas de frenar el alza del recargo, con el que se financiarán los costes milmillonarios de desmantelar los reactores, construir siete almacenes nucleares y también un gran cementerio nuclear donde descansarán los residuos radiactivos para siempre.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que contempla un incremento del 30% de la tasa que abonan las centrales nucleares para cubrir los costes de gestionar todos sus residuos radiactivos. El Ejecutivo suavizó su propuesta inicial de subida de la ‘tasa Enresa’, dado que en un principio el incremento que preparaba el Ministerio era del 40%.
En aplicación del principio de ‘quien contamina paga’, las centrales nucleares pagan a Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. Las centrales financian los costes milmillonarios (unos 20.200 millones hasta final de este siglo) y la estatal Enresa se encarga de centralizar las labores de tratamiento de los residuos y de desmontaje de las plantas.
En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares venían abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.700 millones acumulados.
Tras la subida aprobada este martes, la prestación patrimonial que abonan las centrales nucleares escala hasta los 10,36 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las plantas, un 29,8% más que los actuales 7,98 euros por MWh. El alza establecida por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares sólo por esta tasa hasta cerca de los 585 millones de euros (135 millones más que los abonos actuales).
Las nucleares, en pie de guerra
La patronal Foro Nuclear -que agrupa a las grandes eléctricas propietarias de las centrales: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- ha venido denunciando en los últimos meses que la subida de la tasa impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica se debe a los sobrecostes de 2.000 millones de euros del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno, que contempla la construcción de siete cementerios nucleares y no el único almacén que estaba previsto en Villar de Cañas (Cuenca).
La patronal achaca esos sobrecostes a la falta de consenso político e institucional para sacar adelante el proyecto de un único almacén y no quieren que se les repercuta. Las grandes eléctricas rechazan tener que asumir el pago millonario adicional a través de la denominada ‘tasa Enresa’ y, al tiempo, han abierto ya la batalla legal presentando sendos recursos ante el Tribunal Supremo tanto contra el plan general de residuos como contra el carpetazo al proyecto de construir un solo almacén de Villar de Cañas.
El Gobierno rechazó la pretensión de las grandes eléctricas de bloquear durante varios años la subida de la tasa que pagan las centrales nucleares. La patronal Foro Nuclear había reclamado que no se continuara con el proceso de subida de la tasa hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los dos recursos presentados por la asociación. Una petición que, de aplicarse, en la práctica habría implicado aplazar la revisión de la tasa al menos durante dos años, dados los plazos habituales con que se está pronunciando sobre este tipo de recursos la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
Las eléctricas piden menos impuestos
Las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas llevan desde hace años quejándose de la enorme carga fiscal que soportan y ahora se movilizan -además de para frenar la subida de la ‘tasa Enresa- para conseguir una reforma integral de la fiscalidad del sector con una rebaja masiva de los impuestos específicos que pagan, en torno a 950 millones al año (a razón de 18 euros por MWh producido).
Las nucleares reclaman al Gobierno un gran recorte de los impuestos específicos que gravan la actividad de sus reactores. E incluso piden directamente la eliminación de todos o de algunos de los tributos vigentes especiales para la producción con nucleares, tanto los estatales como los autonómicos.
En paralelo, Foro Nuclear también ha detallado opciones de reforma de los impuestos más específicas. La patronal ha pedido al Gobierno que la recaudación millonaria del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos no vaya a las arcas públicas generales, sino que se destinen a alimentar el fondo de Enresa para la gestión de los residuos nucleares (las centrales han pagado 3.100 millones de euros por este tributo tributo en algo más de una década y les quedarían por pagar otros 1.900 millones hasta el apagón nuclear).
Y también ha reclamado que la propia Enresa deje de pagar un impuesto especial por sus almacenes nucleares, que luego acaba repercutiendo a las centrales (la sociedad pública ha abonado ya 148 millones y le quedaría por pagar según vaya aumentando el volumen de deshechos almacenados otros 1.277 millones más).
