Mallorca, la isla que esta temporada por fin enfrenta el fenómeno de la saturación desde las instituciones, supera las 412.000 plazas turísticas. Tiene más de 1.800 hoteles y 17.000 viviendas turísticas. Por cada tres plazas de hotel hay una de alquiler vacacional. Pero es esta última modalidad la que se ha desbordado, o ha aflorado. Si se observan los últimos doce años, en la isla las plazas legales de alquiler turístico se han multiplicado por seis: en 2012 se contabilizaban 17.500 y este 2024 se superan las 104.000, según datos facilitados por el Departamento de Turismo del Consell de Mallorca.
Mallorca contaba en 2012, cuando Baleares, con el PP en el Govern, estrenó la conocida como ley Delgado —la «más permisiva», para unos, o la «más terrorífica para otros— con 1.576 hoteles y 284.927 plazas. Ahora la isla acumula 1.833 establecimientos con 308.034 plazas. En doce años se han añadido a la planta 257 hoteles y 23.107 plazas.
Mientras, en 2012, en la isla había, oficialmente, 3.392 viviendas turísticas con 17.571 plazas. Todavía no había explosionado el fenómeno de alojarse en casas y no se había puesto tampoco mucho ahínco en la ordenación de esta actividad turística. Este año en Mallorca se contabilizan 17.026 viviendas vacacionales y 104.126 plazas. A los inmuebles turísticos se han sumado 13.634 y las plazas han crecido en 86.555 entre 2012 y 2024. Esto sin entrar en la selva del alquiler turístico ilegal.
Entre 2016 y 2018, en el Govern del primer Pacto de Progreso, las plazas de alquiler turístico pasaron de 38.000 a más de 90.000. El crecimiento fue de 52.000 plazas.
«El cambio más relevante se produce en 2017 con la actualización de la ley del turismo», con el ecosoberanista Biel Barceló como conseller, recuerda el economista Eduard Alonso. La ley de 2012 permite la comercialización de estancias turísticas en viviendas (ETV) unifamiliares y prohibía las ETV en las plurifamiliares. «Es evidente que antes de 2017 ya existía ETV en plurifamiliares, es decir, el alquiler turístico ilegal ha existido siempre» y las nuevas plataformas lo facilitan, dice el profesor de la Universitat de les Illes Balears.
«La ley del 2012 no ofrece casi mecanismos al regulador para que pueda actuar ante el alquiler ilegal»
«La ley del 2012 no ofrece casi mecanismos al regulador para que pueda actuar ante el alquiler ilegal. Esto lo reduce en parte la ley del 2017, aunque me temo que no ha habido mucho enforcement (aplicación de la normativa)», advierte Alonso.
A partir de 2017, la reforma de la ley de turismo cambia de paradigma y se permite el alquiler en cualquier tipo de vivienda siempre y cuando se cumplan con unos requisitos. El economista pone «un par de ejemplos: se necesita el acuerdo de la comunidad de propietarios, o no se puede comercializar en suelo rústico protegido».
La zonificación para realizar el alquiler vacacional «queda en manos de los Consells y de la ciudad de Palma, que disponen de doce meses para aprobar los planes territoriales y los planes de intervención turística (PTI y PIAT, respectivamente)». Además, el Govern estableció una moratoria de un año en la que no se permitían nuevas licencias para que los Consells redactaran los planes. El Consell de Mallorca aprueba el PIAT de forma definitiva en junio de 2020. Y en Palma solo se permite el alquiler turístico en viviendas unifamiliares, repasa Alonso.
En opinión del economista el aumento «tan significativo» de plazas de alquiler turístico «puede explicarse parcialmente por el cambio de normativa que permite alquiler turístico en viviendas plurifamiliares para determinadas zonas, la eliminación de la moratoria y unas perspectivas turísticas excelentes en esos años».
«Efecto llamada»
«Hubo un efecto llamada con la moratoria y el cambio legal por el que se pasaba a pagar por las plazas (3.500 euros a partir de 2018)», dice Maria Gibert, gerente de la patronal Habtur. «Por si acaso la gente las solicitó, solo tenías que registrarte». Por eso se explica ese crecimiento tan descomunal.
El Govern de Marga Prohens insiste en que «en ocho años», con Francina Armengol en el Govern, se autorizaron 115.000 plazas turísticas. Los populares echan la culpa al Pacto de la saturación turística, afirmación que enerva a los socialistas. El diputado Llorenç Pou sostiene que «la normativa que ampara ese crecimiento de plazas es la ley Delgado-Martínez» porque «con la excusa de la crisis turística dio barra libre al sector para crear plazas nuevas».
Desregulación
El socialista asegura que la ley de 2012 creó 120.000 plazas, «la mitad se autorizaron entre 2012 y 2015 y la otra mitad la tuvo que autorizar el Pacto» por cómo estaba diseñada aquella norma que obligaba a hacerlo. Así Pou cita la disposición adicional cuarta que permitía presentar proyectos durante cinco años (iniciados entre 2012 y 2015), incluso levantado plantas nuevas en los hoteles. Es decir, creció el número de plazas «sin ningún control». Podía ser hasta el 10 % en cada establecimiento.
Sobre el alquiler vacacional, Pou dice que la ley Delgado lo «desreguló completamente», hasta el punto de que eximió a las viviendas de la obligación de mostrar el número de registro cuando se anunciaban. Y critica que el reglamento que el PP debía aprobarse en seis meses para regular la actividad «lo aprobaron en abril de 2015, un mes antes de las elecciones».
El exdirector general de Turismo Toni Sansó asegura que cuando los ecosoberanistas llegaron a la calle Montenegro se encontraron «con la ley Delgado-Martínez, la más permisiva a nivel urbanístico». Optaron «no por hacer un decreto ley, sino una ley», lo que supuso «todo un proceso, recibimos más de 300 alegaciones». Mientras, «siguieron entrando proyectos de la ley Delgado de ampliación de hoteles». Agrega que había «unas 7.000 plazas que nunca contabilizaron. No dieron de alta ninguna. ¿Con una ley tan permisiva no subieron las plazas», cuestiona.
.¿Con una ley tan permisiva como la del PP no subieron las plazas?
Con la ley Barceló «todas las plazas que se dan de baja desaparecen, no vuelven a la bolsa. Solo puedes decrecer. Lo que nos distorsionó fue la realidad», asegura Sansó. Explica que el primer informe del PIAT en 2016 mostró que se estaban comercializando 120.00 plazas de alquiler, pero oficialmente se contabilizaban 50.000 en viviendas unifamiliares. «Avisamos de que se tendrían que comprar las plazas y durante dos años hubo una avalancha como nunca se había visto, pero no fueron casas nuevas que se construyeron en el campo», sino que afloró oferta ilegal. Y Se sumó que se incluyó el alquiler en pisos. «La CNMC nos advirtió que no se podía prohibir»., acota Para controlar la actividad incluyeron la zoonificación y así «nunca se impugnó nuestra ley».
«Siempre se culpa a la ley Delgado, que era terrorífica pero el Pacto tardó mucho en modificarla»
«En nuestra legislatura desaparecieron 5.000 plazas, en la pasada no disminuyeron porque no hicieron los deberes», critica Sansó sobre la gestión del socialista Iago Negueruela.
«Siempre se culpa a la ley Delgado, que era terrorífica, pero el Pacto tardó mucho en modificarla», dice Jaume Adrover. El que fuera portavoz de Terraferida recuerda que con el cambio de gobierno pidieron una moratoria «para que no pasara lo que pasó. No la quisieron. Ahora el mal ya está hecho. ¿Cómo reduces las plazas?».
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