Nuevo frente andaluz en el Tribunal Constitucional. El pleno ha admitido a trámite este mismo lunes el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 senadores del grupo socialista en relación al último paquete de simplificación administrativa con más de 500 medidas.
Con ellas el Gobierno autonómico quería reducir «la burocracia al hueso» para ganar en liderazgo económico a Cataluña y a Madrid, tal y como anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un foro económico en la capital madrileña el pasado mes de febrero.
Se trata del cuarto decreto-ley de medidas de simplificación administrativa aprobado hace cuatro meses. A través del mismo se adoptaron las medidas de racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración andaluza y el impulso de la actividad económica.
Los recurrentes sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía «por la falta de presupuesto habilitante para la utilización del decreto ley y por la posible vulneración de los límites materiales», han explicado desde el TC.
El ponente designado para estudiar la admisión a trámite de dicho recurso al exministro de Justicia el andaluz Juan Carlos Campo, que durante su trayectoria profesional ha ocupado cargos en la Junta de Andalucía durante la etapa de gobiernos socialistas.
En concreto, fue director general para las Relaciones con la Administración de Justicia y secretario general de Relaciones con el Parlamento.
Acuerdo con el Gobierno
El decreto objeto de recurso por parte del PSOE forma parte del plan ‘Andalucía Simplifica’, y modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes.
Desde su aprobación el pasado mes de febrero el Gobierno andaluz ha introducido varias correcciones en dicho decreto de simplificación que han ido publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En concreto, el pasado 22 de mayo aprobó un nuevo decreto-ley que precisamente modificaba esa normativa para dar cumplimiento a acuerdos alcanzados con el Gobierno central en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación.
Según explicó la Junta, el acuerdo con el Gobierno evitó un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo central contra dicho decreto. El mismo conllevaba la modificación de distintos epígrafes para su mejor comprensión y seguridad.
Recurso del PSOE
Los senadores socialistas formalizaron el pasado mes de mayo su recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto de simplificación, desde la premisa de que «sobran las razones, tanto de forma como de fondo«, para la interposición del mismo.
Así lo defendió el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la que sostuvo que dicho decreto era «una muestra del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta» por parte del Gobierno de Juanma Moreno.
Josele Aguilar señaló que la Junta había cometido «una chapuza desde el punto de vista jurídico» con este decreto-ley, que es «un monumento a la incompetencia del Gobierno de Moreno», y en el que no se da el requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifique su elaboración. De ahí, la interposición del recurso.
