Lawfare, o guerra jurídica, se refiere a cuando un actor político o institución instrumentaliza el sistema de justicia para perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos. Es un golpe de Estado por otros medios. Aquí en España estamos viendo como se está produciendo el acoso, con intención de derribar al Gobierno, con una apariencia de legalidad, lo que no deja de ser una operación oscura, que deslegitima el propio Estado de Derecho y la democracia.
El Lawfare es una manifestación de las tantas maneras de hacer corrupción al comportar un desvío de poder o un abuso del mismo, lo que puede dar lugar a delitos penales, severamente penados, como la prevaricación judicial, entre otros.
El 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó esta jornada con la finalidad de reivindicar el compromiso de la lucha contra la corrupción, espacio que permite también año a año crear conciencia y sensibilizar a personas e instituciones acerca del efecto devastador que este fenómeno tiene para el desarrollo económico de los Estados, para los derechos humanos de las personas y para el bienestar general de la humanidad.
En España, la oposición que representa a la derecha más reaccionaria, encabezada por el Partido Popular de Núñez Feijóo, no admite la legitimidad del Gobierno salido de las urnas. Critica lo que no es capaz de conseguir; no gobierna, no porque no quiera, sino porque es un negado para aceptar las normas establecidas sino les son favorables. En el Senado, de mayoría popular, boicotea las leyes que le llegan aprobadas por el Congreso. No van a parar hasta que el Estado de Derecho caiga en sus garras.
Determinadas asociaciones de jueces y fiscales, junto con el Consejo General del Poder Judicial en funciones, acosan al Gobierno por las leyes que está aprobando el Congreso de los Diputados, que representa la voluntad popular, rompiendo la neutralidad que se ha de dar en un Sistema democrático, en el que la división de poderes es su principal principio: el legislativo, el ejecutivo y el judicial; quieren serlo todo.
En las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP y Vox, se está boicoteando la puesta en marcha de leyes que afectan a la memoria histórica y democrática (Castilla y León, Valencia Aragón o Comunitat Valenciana), con las llamadas leyes de la Concordia y otras de carácter social, que afectan al suelo, la vivienda, la financiación autonómica o la violencia de género contra las mujeres.
El uso abusivo del derecho con fines políticos, produce una especie de desmantelamiento de la democracia constitucional o erosión de sus fundamentos; estrategia que pretende legitimarse ante la sociedad mediante el uso de recursos de manipulación o distracción de interés colectivo, como las campañas contra la corrupción o contra la criminalidad de determinado sector.
La lucha continua de manera cada vez más armonizada a nivel mundial y altamente profesionalizada en sus diferentes métodos. Actualmente, muchas nuevas formas de corrupción han abierto nuevos frentes de lucha. Se presentan las llamadas intervenciones ilegítimas entre poderes constitucionales, que degradan los valores de un Estado de derecho o el comercio indebido de influencias entre funcionarios del sector público y del sector privado, que socavan los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y hacen peligrar la estabilidad política y económica del Estado.
En sus albores, el término Lawfare hacía referencia a una relación entre la guerra y el derecho, en la actualidad, hunde sus raíces entre el derecho y la política. Al ser la guerra también una cuestión política, el conflicto armado que se llevaba a cabo por medios bélicos ahora se ha configurado como una guerra, que instrumentaliza el derecho pero en el espectro político, donde la finalidad consiste en acabar con los adversarios.
Fue durante las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez cuando el término Lawfare apareció de fondo, debido a la Ley de Amnistía que, tras meses de polémica, fue aprobada en marzo y ahora ya está vigor. Tras la carta publicada por el Presidente del Gobierno en la que anunciaba meditar su futuro más inmediato al frente del Ejecutivo, el término se ha puesto de nuevo en el foco, justo después de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.
Se instrumentaliza la justicia con fines políticos, empleada de manera encubierta bajo diferentes eslóganes, que refieren a un enemigo público construido contra el cual se debe luchar. Las conocidas fórmulas de lucha contra la corrupción, en defensa de los derechos humanos o persecución judicial de criminales, son sólo algunas de las tantas campañas desleales que muchas veces son utilizadas para debilitar, en este caso al Gobierno de coalición progresista y a los partidos socios en el parlamento.
Ejemplos de esta lucha, abusando de los recursos jurídicos del Estado de derecho en Europa, Latinoamérica y el resto del mundo sobran. Esta especie de uso ilegítimo del derecho (en su mayoría, del derecho penal) para combatir al enemigo político produce un ataque al Estado de derecho en nombre del derecho, el cual debe ser evitado por medio de las propias estructuras legales e institucionales, que recojen mecanismos claros para detectar y reencauzar el uso abusivo de la ley como arma de lucha política.
La necesidad de contar con calidad normativa y calidad en las políticas de prevención de la corrupción dentro del Estado, se presentan como tareas urgentes de gestionar. Se debe idear una óptima y eficaz infraestructura de buen gobierno para que opere como herramienta de prevención de la corrupción y respaldo a los buenos gestores público.
El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial. El Lawfare es una manifestación de las tantas maneras de hacer corrupción al comportar un desvío de poder o un abuso del mismo, lo que debe dar lugar a una persecución de los delitos penales como la prevaricación judicial.
No podemos consentir, que en un Estado democrático el Lawfare, el acoso y derribo a miembros de un gobierno o de la oposición a través de los tribunales, dando una apariencia de legalidad a una operación oscura por parte de jueces, policías o medios de comunicación. Esta forma de actuar representa el nuevo golpismo.
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