Las modificaciones a la Ley de Cambio Climático introducidas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias incluyen la exigencia a los 88 municipios de las Islas de contar con al menos un árbol por cada tres habitantes. Esa obligación deja los censos vegetales de las dos capitales canarias en claro fuera de juego. Sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria, que deberá multiplicarlo por más de dos.
En Santa Cruz de Tenerife el déficit es de 10.417 árboles. Hoy cuenta con 69.798 a repartir entre sus 209.395 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística; el déficit es, por tanto, del 15%.
El censo incluye las palmeras, que en términos botánicos no son árboles
Una cifra que mira desde el infinito la capital grancanaria. Con 59.381 plantas y 378.027 ciudadanos censados, deberá sumar otras 66.628 para cumplir con la norma. Dicho de otro modo, tiene que elevar en un 112% la cantidad que tiene en la actualidad. Y eso incluyendo, en los dos casos, las palmeras, que en términos botánicos, no pueden considerarse árboles.
Es uno de los cambios introducidos vía decreto por el consejero Mariano Hernández Zapata en la norma sobre cambio climático que aprobó el anterior Gobierno autonómico. Como explicó al inicio de esta misma semana, su objetivo es convalidar las modificaciones en el Parlamento regional antes de agosto.
No al ‘green washing’
Exigentes o no, el cumplimiento de estos preceptos es para el consejero inexcusable, porque «el incremento de las temperaturas es claro». En su opinión, se ha agotado el tiempo de lanzar «mensajes de green washing», en referencia a las proclamas ambientalistas que a la hora de la verdad se quedan en nada.
La de los árboles no es la única iniciativa que tiene a los municipios como protagonistas. Zapata explicó ayer en la capital grancanaria que también «se incorpora la exigencia de que tengan un mínimo de diez metros cuadrados de zonas verdes por habitante». De ese modo, los núcleos que soportan una alta densidad de población deberán estar compensados con otras áreas de suelo municipal de marcado carácter vegetal para el esparcimiento.
La formación de trabajadores es uno de los pilares de la iniciativa
Es también una manera de poner coto a la fuga hacia las grandes ciudades de quienes habitan en municipios del interior u otras localidades que en la actualidad ofrecen pocas posibilidades para el inicio de un proyecto de vida. La idea marca, sin explicitarlo, un límite a la construcción de más edificios en las localidades más densamente pobladas.
El decreto de modificación de la norma también pretende situarse como una «oportunidad para la recualificación de trabajadores de sectores vulnerables o en reconversión». Y continuó Zapata: «De poco sirve todo esto si no contamos con personas formadas», es decir, trabajadores capacitados para la puesta en marcha de las medidas y su vigilancia posterior.
Factura elevada
Como publicó este periódico hace cuatro días, la Consejería de Transición Ecológica y Energía propone la creación de una empresa pública que tendrá como objetivo la generación de los megavatios hora que cada año consume el aparato de la Comunidad Autónoma de Canarias. La factura anual supera los 30 millones de euros, según datos del propio departamento regional.
«Estamos por el autoconsumo; se trata de un cambio de paradigma y también las compañías tendrán que reinventarse»
Mariano Hernández Zapata explicó ayer que esta iniciativa, que también abre a esa futurible mercantil la puerta para participar en proyectos de terceros, no contempla el efecto que puede tener en las cuentas de resultados de las empresas privadas. «Estamos por el autoconsumo. Se trata de un cambio de paradigma y también esas compañías tendrán que reinventarse», afirmó.
El Partido Popular (PP), al que pertenece Zapata –presidente insular en La Palma– fue el único que se opuso en diciembre de 2023 a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaboró el entonces consejero del ramo, el socialista y hoy senador José Antonio Valbuena. No obstante, Zapata, a quien ayer acompañó el director general de Energía, Alberto Hernández, aseguró que no se trata de derribar nada, sino de mejorarlo allí donde sea posible.
Posición socialista
En el pleno parlamentario celebrado esta misma semana, la diputada socialista Alicia Vanoostende marcó la posición que mantendrá su formación. «Si lo que pretende es cargarse la ley», en referencia al trabajo normativo desarrollado por Valbuena, «no nos va a encontrar». Sin embargo dejó la puerta abierta a «toda mejora en la simplificación» o avances en la protección del medio ambiente.
La reducción de la burocratización es uno de los pilares de los cambios. Los proyectos de autoconsumo podrán ponerse en marcha con una declaración responsable. La Administración fiscalizará a posteriori el cumplimiento.
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