La solidaridad europea está más cerca de notarse en Canarias. El Pleno del Parlamento Europeo vota hoy la aprobación formal del Pacto sobre Migraciones y Asilo, que ayudará a aliviar la presión migratoria que soportan las regiones fronterizas, entre las que se encuentra el Archipiélago. El acuerdo alcanzado entre los Veintisiete establece un marco legal que permitirá responder ante una crisis en el ámbito del asilo y migraciones y autorizará a los países frontera pedir ayuda a la Unión Europea y a los Estados miembros. Es decir, ante una emergencia humanitaria provocada por un pico de llegadas, los migrantes se podrán repartir entre todas las regiones europeas.
El texto no contenta a prácticamente nadie, pero se considera un primer paso para poner en orden la gestión de los movimientos humanos hacia la UE. «Se trata de poner en pie un sistema con seguridad jurídica que supere la dinámica de la que venimos, de acción-reacción, a menudo determinada por el pánico de ver sobrepasadas tus posibilidades, ante unas llegadas que parecen excesivas o insoportables», señala el eurodiputado canario Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo y uno de los negociadores principales del pacto.
La votación tiene lugar en el penúltimo pleno de la legislatura, antes de que se celebren las elecciones europeas de junio. El paquete migratorio es un grupo de cinco normas en las que las instituciones de la UE han trabajado desde septiembre de 2020, cuando la Comisión Europea publicó las propuestas legislativas. Entonces, el Parlamento y los ministros de la UE empezaron a negociar una posición común y finalmente llegaron a un acuerdo en diciembre de 2023. «Para Canarias es una buena noticia que hayamos conseguido establecer un acuerdo sobre un sistema europeo de migraciones y de asilo, con reglas comunes vinculantes para todos los Estados miembros, generadoras de derechos y de obligaciones», detalla López Aguilar.
El eurodiputado canario señala que la situación actual es «insostenible», pues las directivas actuales disponen que el Estado de primera línea es el responsable del salvamento, de la atención humanitaria y de la demanda de protección internacional. «La sobrecarga de la primera línea, como Canarias, es injusta», subraya.
El pacto crea un mecanismo de solidaridad vinculante entre países, que permitirá la redistribución de personas según van llegando. Este reparto, explica López Aguilar, se llevará a cabo teniendo en cuenta la situación del mercado laboral, las conexiones familiares, las oportunidades de empleo o el idioma del migrante. A su juicio, «la arquitectura europea será cada vez más sólida en materia de seguridad jurídica y respetuosa con los derechos fundamentales de todas las personas y particularmente de los migrantes y los demandantes de asilo».
El texto, además de luchar contra los abusos y ayudar mejor a los Estados miembros más afectados, establece un marco común que abarca las cuestiones relacionadas con la gestión del asilo y la migración y construye un sistema más eficiente y resistente ante la presión migratoria. Para esto, incluye un paquete de cinco reglamentos que deben adoptarse en bloque: Eurodac, sobre tratamiento de datos biométricos; Screening, sobre el registro de los migrantes; Gestión de Asilo y Migración; Procedimientos de Asilo; y Crisis y Fuerza Mayor. El último de ellos es el que tiene más interés para España y para Canarias, dado que recogerá las derogaciones del régimen general para los casos de crisis, pero es el que más dificultades ha generado.
Las organizaciones humanitarias han sido tajantes al mostrar su descontento frente al pacto migratorio. Entre otras, Amnistía Internacional ha advertido que «hará retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo y causarán más sufrimiento humano»; Oxfam Intermon alegó que «la UE ha desaprovechado la oportunidad de acordar, por fin, un mejor reparto de responsabilidades y normas de solidaridad»; y Save The Children destacó que «para la mayoría de los legisladores, la prioridad era cerrar las fronteras, no proteger a las personas, incluidas las familias y los niños que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte mientras buscan protección en Europa».
Crisis de llegadas
«¿Milagros? No. Necesitamos reglas. Conozco muy bien las críticas de las oenegés, porque durante años he hecho mías sus batallas y son mis interlocutoras habituales, pero puedo decir que nada de lo que se recoge en el pacto va a empeorar la situación actual», defiende el eurodiputado socialista, quien reconoce que el auge de la extrema derecha en Europa aceleró las negociaciones del acuerdo. «Los países de interés progresista en la Unión Europea se cuentan con los dedos de una mano.
Los ministros de Interior están obsesionados con securitizar las fronteras, con el rechazo y los retornos. Hemos negociado en esas condiciones dificilísimas, defendiendo los puntos de vista de las organizaciones humanitarias y cambiando la mirada negativa hacia las migraciones», relata. Según López Aguilar, era perentorio cerrar el pacto migratorio lo antes posible, pues «todo anuncia que la situación solo puede empeorar y podría haber una mayoría parlamentaria todavía más conservadora».
El pacto contempla la posibilidad de que aquellos países que no quieran acoger migrantes puedan eludir la responsabilidad a cambio de abonar 20.000 euros por cada persona rechazada. Esta medida es una de las más criticadas, pues se considera que fomenta una «solidaridad a la carta». Este importe, explica López Aguilar, es una contribución al Fondo de Migración y Asilo, cuyo objetivo es ayudar a los Estados de primera línea a gestionar la situación y a sufragar las necesidades de los recién llegados. Si bien detalla que, en situaciones de crisis, la Comisión puede hacer realojos obligatorios. El texto, apunta el eurodiputado, puede parecer «insuficiente o limitado», pero «al menos» consolida la posibilidad de «activar la solidaridad en situaciones de emergencia o crisis», como es el caso de Canarias.
No será milagroso
El nuevo modelo de solidaridad europea permitiría trasladar a 30.000 migrantes al año «hacia Estados menos expuestos a las llegadas», una cifra que se queda corta ante los datos registrados en Canarias durante los últimos meses. Sólo el Archipiélago se convirtió en refugio de 39.910 personas en 2023 y en los tres primeros meses de este año ha recibido a 13.115 migrantes. Esa previsión, aclara el eurodiputado canario, es solo para cuando se registren unas condiciones normales. «En momentos de crisis se desplegará una oferta adicional de solidaridad, demandada por la nación europea afectada, que se gestionará con la ayuda de un coordinador europeo de realojamientos», detalla López Aguilar y añade que esto se convertirá en una salida para regiones como Canarias o Lampedusa.
Pero, ¿cuándo se empezará a implementar el pacto y se empezará a notar la solidaridad europea en las Islas? Tras la votación de hoy, las cinco leyes que incluye el paquete entrarán en vigor. Se espera que sean directamente vinculantes «a lo largo de la próxima legislatura», pues todavía hay que asegurar su implementación y la exigencia de su cumplimiento, con las sanciones que hagan falta «hasta normalizar la situación». Así, los resultados no se verán de forma inmediata y habrá que esperar todavía unos meses para percibir el cambio. «No cabe esperar una solución milagrosa que obre un cambio espectacular de la noche a la mañana. Los resultados se verán progresivamente», señala López Aguilar
A pesar de la dureza de las negociaciones, en las que todas las partes han tenido que ceder para llegar a un punto de entendimiento, «todavía queda mucho por hacer». De cara al futuro, Juan Fernando López Aguilar se plantea trabajar en la creación de un mecanismo europeo de salvamento y rescate, que sea capaz de coordinar los esfuerzos individuales de los equipos de salvamento marítimo de todos los Estados miembros. Además, hace hincapié en que hay que mantener una lucha sin cuartel contra las organizaciones criminales que trafican con personas, haciendo un trabajo conjunto con los países de origen y tránsito; así como fomentar la creación de vías legales y seguras, para que los migrantes no tengan que arriesgar su vida.
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