‘Vacunajetas’, comisionistas, políticos y empresarios: cuatro años después de que se desatara la pandemia del coronavirus, la justicia investiga a aquellos que se aprovecharon del caos para su propio beneficio. Desde los que se llevaron comisiones por intermediar en la compraventa de mascarillas, como ocurrió en el caso de Medina y Luceño o más recientemente en el caso Koldo, que tiene al Gobierno en un puño por un presunto caso de corrupción, hasta aquellos bautizados como ‘vacunajetas’, es decir, los que se valieron de su poder para saltarse las prioridades de vacunación y colarse incluso a los más vulnerables. La pandemia nos hará mejores, pensamos entonces, pero no a todos.
El mundo se vio colapsado por un virus del que apenas se sabía nada y que era capaz de moverse y de matar más rápido que nada antes conocido. A casi la misma velocidad, hubo quien vio en la desesperación de los demás una oportunidad única para enriquecerse, y, cuatro años después, hay quien todavía intenta aprovecharse de la confusión de aquel momento para justificar sus actos y zafarse así de la acción de la justicia.
De todo lo que sucedió entonces, los tribunales diferenciarán ahora lo que fue delito de lo que no debe pasar de lo éticamente reprochable.
Caso Koldo: la corrupción que salpica al Gobierno
A finales de febrero, la Audiencia Nacional ordenó la detención de Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, a raíz de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que amenaza con hacer saltar todo por los aires.
Por ahora, la presunta trama criminal urdida supuestamente entre empresarios, comisionistas, asesores y políticos, y que movió 53 millones de euros en contratos públicos, salpica ya directa o indirectamente a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y a varios ministros del PSOE (José Luis Ábalos, Salvador Illa y Víctor Ángel Torres).
Se dieron tanta prisa en organizar presuntamente esta trama que hay constancia de que los responsables del caso Koldo consiguieron el primer contrato apenas una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarara el estado de alarma en España y el confinamiento en casa de prácticamente toda su población.
José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. / EFE
Medina y Luceño, un Ferrari a cambio de mascarillas
Protagonistas de una de las tramas de compraventa de material sanitario más mediáticas, el empresario Alberto Luceño y Luis Medina, hijo de la modelo Naty Abascal y del ex duque de Feria, están imputados por presuntos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
El proceso judicial sigue vivo, y la Fiscalía solicita una condena de 15 años de cárcel para el primero y nueve para el segundo por las presuntas comisiones millonarias que cobraron como intermediarios en contratos públicos del Ayuntamiento de Madrid. Con el dinero compraron, entre otras cosas, un Ferrari, un Lamborghini y tres Rolex de oro.
La sensación de impunidad para comisionistas como ellos fue tal en aquel momento que Luceño habría llegado a pedir incluso una «medallita» al Ayuntamiento de Madrid por conseguir material quirúrgico para la ciudad en una operación por la que se embolsó junto a su socio más de seis millones de euros como intermediarios.
El hermano de Ayuso, un caso archivado que desató una guerra
La justicia investigó también la presunta malversación de dinero público en la Comunidad de Madrid al concederse a una empresa relacionada con el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 1,5 millones de euros para la compra de 250.000 mascarillas. La Fiscalía Europea archivó en su momento el caso, pero lo sucedido desató una guerra interna en el Partido Popular que se llevó por delante a Pablo Casado, entonces líder del PP, y motivó una serie de denuncias que fueron todas archivadas, salvo la que derivó en el caso Koldo.
Dentro de esas denuncias archivadas por la Fiscalía Anticorrupción estaba también, curiosamente, una acerca de FCS Select Products, la empresa para la que hizo trabajos de intermediario el novio de la presidenta madrileña. Recientemente también se ha sabido que el empresario cobró comisiones millonarias por su labor y que ha sido denunciado por el Ministerio Público por un presunto fraude fiscal durante los años de la pandemia.
No son, además, los únicos casos relacionados con el PP de Madrid y el coronavirus que han pasado recientemente por los tribunales, pues ahora mismo Isabel Díaz Ayuso también está demandada por el llamado ‘protocolo de la vergüenza’ que se aplicó en las residencias de ancianos, donde fallecieron 7.291 mayores.
La responsabilidad de dar mascarillas defectuosas a los sanitarios
La forma en que se concedieron los contratos no es el único motivo por el que estos pueden acabar en los tribunales. El próximo 23 de abril, por ejemplo, un juez de Madrid ha citado a cinco personas con cargo de responsabilidad en los ministerios de Sanidad, Hacienda e Industria para declarar por qué se compró determinado material quirúrgico que no cumplía con los estándares mínimos de calidad, pero también por qué se distribuyeron y utilizaron esas mascarillas defectuosas a los sanitarios en el peor momento de la pandemia.
En este procedimiento, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que es quien puso la demanda, tiene interés en que se investigue cómo se negoció la compra de esos dos millones de tapabocas FPP2, pero también quiere que se juzgue si el Gobierno puso en riesgo a los sanitarios que los utilizaron hasta que se les alertó.
Existe otra causa relacionada con la misma empresa china dentro del denominado caso Travis, que investiga a dos ex altos cargos de Sanidad y a una directora general del Ministerio de Hacienda por presuntas irregularidades en la concesión ‘a dedo’ de contratos covid por valor de 43,4 millones de euros.
Las querellas en este sentido no paran de aparecer por varios puntos de España. Por ejemplo, la Fiscalía de Las Palmas presentó recientemente una querella en la que acusaba de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia de covid por 22,9 millones de euros.
Tres años de cárcel por saltarse la cola de vacunación
Hace apenas unas semanas, la justicia también condenó a la primera ‘vacunajeta’, que es como coloquialmente se conoció a las personas con un cargo de responsabilidad que se aprovecharon de su poder para inmunizarse frente al virus antes de lo que les correspondía.
Montserrat Rincón, que ocupó un cargo con cierto peso dentro de la Consejería de Sanidad de Extremadura, utilizó documentación falsa y alteró las listas de pacientes prioritarios para colarse y recibir antes el entonces ansiado pinchazo. Por ello, ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a tres años de cárcel y a pagar una multa, aunque ya ha anunciado que recurrirá la decisión.
Sin embargo, Rincón no es la única que lo habría hecho: alcaldes, diputados, concejales, fiscales, religiosos e incluso Miguel Ángel Villarroya, el entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa, que tuvo que presentar su dimisión en enero de 2021 por ello, también se aprovecharon de su posición de poder con la excusa, en muchas ocasiones, de que eran dosis sobrantes que de otra manera se echarían a perder.
