La posible amnistía a los encausador por el ‘procés’, el asunto estrella de la reentrada política, lleva el debate a dos planos, el jurídico y el político. En el primero, casi todos los expertos están de acuerdo en que será difícil encajarla en el sistema legal. Casi todos porque hay alguno, como el catedrático Javier Pérez Royo, que ve «perfectamente posible» una amnistía. En el segundo, la división es mucho más enconada: si unos piensan que un borrón y cuenta nueva sería deseable para consolidar el nuevo ciclo en Catalunya y cerrar las heridas abiertas en 2017, otros creen que sería poco menos que asumir el argumento de algunos independentistas de que España no es un país democrático.
Basta un dato para entender lo excepcional que sería que se aplicase una amnistía que limpiara el expediente judicial de los impulsores del referéndum del 1-O, y se supone que también de quienes están encausados por altercados relacionados con el intento independentista, y de quienes ven peligrar su patrimonio económico por impulsar partidas para financiarlo. La única amnistía política aprobada en España en las últimas décadas data de 1977, antes antes de que el pueblo español suscribiera la Constitución. «Ahí se amnistía a los dos bandos, a los antifranquistas y a los franquistas -por ejemplo, los torturadores- porque comporta un cambio de régimen, un giro fundamental«, explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
Periodos de excepción
Antes de eso, en España y en el resto de Europa, hubo ejemplos de amnistías que no funcionaron en todas direcciones, sino solo en una. «Franco amnistió a los suyos tras la Guerra Civil, y a mediados de los 40, en la joven república italiana, el ministro comunista Palmiro Togliatti amnistió a los fascistas. Charles de Gaulle en varios momentos también amnistió a colaboracionistas», continúa Arbós.
Lo que queda claro en todos estos ejemplos es la excepcionalidad de la medida, que también subraya el diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE: «La amnistía tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario como el término de una guerra civil o un período de excepción». A diferencia del indulto, que «solo afecta a personas condenadas», la amnistía «puede afectar a personas que están en mitad de un proceso judicial, y a personas a las que no se podrá persegui»», añade Arbós. Y esta última consideración lleva hasta el dirigente político clave en toda esta negociación poselectoral: Carles Puigdemont.
Desde las elecciones que dieron siete diputados a Junts, y con ellos la llave de la investidura de Pedro Sánchez, la semana que termina ha sido la más elocuente con respecto a las intenciones de todas las partes sobre la amnistía. A tenor de los discursos, hay opciones de acuerdo. El presidente en funciones habló el lunes más claro que nunca, cuando se proclamó partidario de explorar fórmulas «audaces» para «pasar página» del ‘procés’. «No podemos repetir los errores del pasado. Es el momento de la política, de seguir avanzando en la convivencia», dijo Sánchez. Ese mismo día, Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta en funciones, se reunía en Bruselas con Puigdemont.
Un «compromiso histórico»
El martes fue el ‘expresident’ quien, a tenor de la interpretación general de su toma de posición, abría la puerta a negociar su apoyo a Sánchez si estaba de acuerdo en asumir un «compromiso histórico» que, entre otras cosas, debería incluir una amnistía que afecte a todos los hechos hasta ahora considerados delictivos desde la consulta independentista de 2014. Según Puigdemont, además, esta exigencia es no solo «asumible» por el PSOE, sino también «constitucional».
No hay muchos constitucionalistas que hayan dicho en público que están de acuerdo con esa consideración. Entre los pocos que sí lo han hecho está el catedrático de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo. «La amnistía es perfectamente posible, no hay ningún artículo en la Consitución que lo impida. No hay ninguna duda», sostuvo el jueves en Radio Nacional.
Arbós, por su parte, no ve claro este argumento. «La amnistía no está en la Constitución porque no se quiso. Hubo un par de enmiendas en ese sentido mientras se elaboraba, y se rechazaron. Por eso se entendía que la única cosa que quedaba eran los indultos, y se hizo una fórmula que prohibía los indultos generales. Hay un argumento que yo no hago mío que dice que no puede haber amnistías porque si el constituyente no quiso indultos generales, con menos razón pudo aceptar la amnistía», afirma.
Las dudas dominan el debate
Como el debate está en una fase muy inicial, las dudas al respecto de una eventual amnistía lo impregnan todo y empujan a la prudencia a los constitucionalistas. ¿Afectaría también a los policías encausados por el 1-O? ¿La exposición de motivos de una futura ley haría referencia a la represión, como querrían los independentistas? ¿Alcanzaría a todos los procesados, varios cientos, por hechos relacionados con el ‘procés’ y los disturbios posteriores a las condenas? ¿Puigdemont se beneficiaría de ella o quedaría excluido, como piensa Pérez Royo?
Esas dudas alimentan también los recelos de una parte del PSOE. A Felipe González y Alfonso Guerra, que ya han pedido que no haya amnistía, se han sumado en los últimos días nombres como los de Ramón Jauregui o Javier Lambán. Pero incluso los dirigentes socialistas menos reacios a aceptar la amnistía o una fórmula parecida, como José Montilla o Joaquín Almunia, creen que los independentistas deberían comprometerse a no volver a repetir los hechos de 2017. Al menos en público, Puigdemont no ha renunciado a la unilateralidad.
«Cuando los independentistas dan un paso, exigen el siguiente. Jamás paran, solo los ingenuos creen que paran: mira los indultos«, dice a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, Alejandro Fernández, líder del PP catalán. «Sánchez e Illa decían que con los indultos ya se habían cerrado las heridas, y descartaban la amnistía porque las podía reabrir», añade.
Un episodio de la pugna entre ERC y Junts
Los discursos públicos están condicionados, piensan en el entorno socialista, a la pugna irresuelta entre ERC y Junts por el liderazgo del espacio independentista. Parece claro que uno de los objetivos de Puigdemont es que durante la negociación se evidencie que Junts va más lejos y es más exigente que sus rivales; en cuanto a ERC, el mismo martes que habló el ‘expresident’ le dio la bienvenida a la vía pactista que los republicanos emprendierosn hace unos años, y que entienden que es la que ahora está dando frutos. «Hemos estado muy solos», dijo la diputada Teresa Jordà.
El aviso del PSC
En total sintonía con Sánchez, el PSC también rema a favor de soluciones que consoliden la «convivencia», y creen que el resultado de las generales avala esas iniciativas. Si durante la campaña de las generales Salvador Illa rechazaba la amnistía, ahora evita descartarla. «El camino es el diálogo, el marco es la Constitución. No digo más, no digo menos», afirmó hace unos días. Pero los socialistas catalanes tienen claro que la negociación es de alto voltaje, y que con Puigdemont de por medio puede pasar cualquier cosa. «Si esto no sale bien, si vuelve a ser un irresponsable, no se lo perdonaremos nunca», advierte una voz del partido.
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