La reivindicación fue clara y concisa. «Los combatientes de Estado Islámico atacaron una gran reunión de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk en las afueras de Moscú, matando e hiriendo a cientos y causando una gran destrucción antes de que se retiraran de forma segura», reza el primer comunicado emitido por la organización. Aunque resta la incógnita de averiguar cuál de las múltiples ramas de la organización extremista fue la autora material, todas las sospechas recaen sobre el grupo Estado Islámico del Gran Jorasán (EI-J), facción fundada en 2014, autora de varios atentados en Afganistán e integrada por numerosos combatientes de exrepúblicas soviéticas de Asia Central y, por consiguiente, de habla rusa. Mientras desde Moscú los servicios de inteligencia rusos intentaban vincular al Goberno de Ucrania con el grupo responsable del ataque, las autoridades de Kiev y la oposición rusa recordaban el amplio historial de atentados terroristas autoinflingidos o permitidos en territorio ruso durante el mandato de Putin para obtener réditos políticos, tanto en el interior y exterior de su país.
El ataque más mortífero hasta la fecha perpetrado por EI-Jorasán se produjo en agosto de 2021, mientras se llevaba a cabo la caótica evacuación de Afganistán de personal militar occidental y civiles tras la entrada de los talibanes en Kabul. Un centenar de personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses, perdieron la vida cuando un suicida hizo estallar una carga explosiva en la sala de espera del aeropuerto de la capital afgana. La representación diplomática estadounidense, al igual que en esta ocasión en Moscú, advirtió entonces de la inminencia de un atentado terrorista.
En los últimos meses, se han producido varias detenciones de miembros de esta rama radical de Estado Islámico en territorio europeo, arrestos que han suscitado gran preocupación entre los gobiernos de la UE. Hace tan solo cuatro días, las fuerzas de seguridad de Alemania arrestaron a dos ciudadanos afganos que recaudaban fondos y estaban preparándose para atacar el Parlamento de Suecia, abriendo fuego en su interior, en represalia por la quema de ejemplares del Corán. En agosto, las fuerzas de seguridad de Alemania y los Países Bajos detuvieron a cinco ciudadanos de Tayikistán, otro de Kirguizia y otro de Turkmenistán, todas ellas exrepúblicas soviéticas, también por su pertenencia a organizaciones terroristas locales para las cuales recaudaban dinero.
Peores pesadillas
El ataque contra el Centro Comercial Crocus hizo revivir a los habitantes de Moscú las peores pesadillas de finales del siglo pasado y principios del actual, cuando se produjeron numerosos atentados terroristas que causaron la muerte a cientos de personas, en particular la serie de explosiones en Moscú y otras ciudades rusas de 1999, que permitieron al entonces primer ministro Vladímir Putin justificar el inicio de la segunda guerra de Chechenia, catapultando sus aspiraciones de suceder a Boris Yeltsin como presidente, y las tomas de rehenes en el teatro Dubrovka en octubre de de 2002 y en la escuela de Beslán en septiembre de 2004. La autoría de algunas de estas acciones terroristas han sido seriamente cuestionadas por investigaciones posteriores, que han implicado incluso a los servicios secretos rusos.
Evocando estos antecedentes, tanto los servicios de inteligencia ucranianos como la oposición armada rusa acusaron, aunque sin datos o pruebas, al propio Estado ruso de lo sucedido. «Es una provocación deliberada de los servicios especiales de Putin, acerca de la cual la comunidad internacional ya había advertido», aseguró el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andrii Yusov, al rotativo Ukrainska Pravda. La Legión Libertad de Rusia, grupo paramilitar ruso que actúa desde territorio ucraniano, también ha responsabilizado «al régimen terrorista de Putin» de la tragedia. «Hemos visto manifestaciones similares de la dictadura del Kremlin desde los primeros días del mandato de Putin», reza un comunicado difundido en Telegram, en referencia a los oscuros atentados de 1999.
En una primera valoración para El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, desde Washington, David Satter, primer periodista que acusó al régimen de Putin de llevar a cabo acciones de terrorismo de Estado y autor del libro ‘The less that you know, the better that you sleep’, descartó que el ataque en Crocus City Hall del viernes noche fuera un ataque de falsa bandera. «Es muy pronto para estar seguro, pero si Estado Islámico se atribuyó la autoría, es probablemente su ataque». Sobre la posibilidad de que los servicios de seguridad hicieran la vista gorda ante las actuaciones del grupo terrorista y ‘permitieran’ el ataque, algo de lo que también el Estado ruso ha sido acusado en el pasado, Satter no lo descartó del todo, aunque se preguntaba por el motivo. «Algo así solo es útil si (las autoridades rusas) pueden culpar a los ucranianos».
Precisamente, horas después de estas declaraciones realizadas el viernes por la noche, el Servicio Federal de Seguridad ruso emitió en la primera hora del sábado un comunicado en el que acusaban a los autores de la masacre de haberse acercado a la frontera con Ucrania y de contar con contactos en el lado ucraniano. Como prueba para apoyar estas tesis, los medios rusos aseguraban que la matrícula de la furgoneta vinculada al ataque era ucraniana pero la verificadora Newtral, citando a expertos de OSINT, especificó que era en realidad bielorrusa.
La alerta de inminencia de atentado emitida por las embajadas de EEUU y el Reino Unido, que fue desechada por el mismísimo Vladímir Putin hace escasos días y tachada de «chantaje occidental», también dará que hablar en los próximos días. Medios gubernamentales rusos como RT y algunos destacados propagandistas rusos recurrieron a este conocimiento previo del ataque por parte de Washington y Londres para señalar con el dedo acusador a los servicios secretos occidentales.
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