La filtración de los datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la utilización política que de ellos ha hecho presuntamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado una marejada en la Agencia Tributaria.
Los inspectores de Hacienda, los más altos funcionarios del ente público, han manifestado su malestar. Consideran que la publicidad de los datos tributarios, de carácter privado, y su difusión por parte de las autoridades puede frustrar sus actuaciones de control.
“No nos gustan este tipo de filtraciones porque el efecto que produce es que el defraudador regulariza y se entorpece la actuación administrativa de control”, señala.
“Es atípico que se hayan conocido los datos tributarios vinculados a un contribuyente, ya que está prohibido por ley que los funcionarios lo difundan”. Otros inspectores consultados respaldan esta posición.
Consideran que Montero ha bordeado la norma que prohíbe expresamente la difusión de la información fiscal. “Esta forma de actuar de la ministra es un desastre para la imagen de la Agencia Tributaria”, manifiesta uno de los técnicos, que recuerda que ya existen precedentes durante el anterior Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro como titular de Hacienda.
“El problema es que no es una moda, es que está convencido de que está haciendo lo correcto», agrega un inspector. Otro, por su lado, admite respecto a cómo se realizan las actuaciones de control: “Las cosas siempre salen como quiere el jefe”. Este funcionario no cree que la filtración proceda de la ministra, pero sentencia: “Han querido utilizar políticamente esos datos fiscales”.
Desde Hacienda rechazan tales acusaciones. Niegan que estén filtrando datos pese a las acusaciones del PP.
