Tras el adelanto electoral en Cataluña, ha llegado el primer acto de campaña que, en forma de recado, le ha llegado al presidente del Gobierno de España. ERC pide que el 100% de los impuestos que pagan los catalanes se recauden en Cataluña y que sea el Gobierno de la Generalitat el que transfiera una parte de esos impuestos, en forma de cupo, al erario público. No importa si esta propuesta encaja, o no, en el marco legal. Tampoco importa si sus efectos afectan negativamente al resto de los españoles.
El argumento de ERC es el del déficit fiscal. Un argumento que comparten todas las fuerzas independentistas y que, según parece, cuenta con el apoyo de las principales organizaciones empresariales catalanas. La verdad es que el independentismo catalán nunca ha ocultado que uno de sus objetivos es alcanzar un régimen fiscal propio. Tanto es así que esta era una de las condiciones del pacto de legislatura que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa. Sánchez y sus ministros podrán esgrimir todos los contraargumentos que consideren adecuados y razonables para dar la imagen, al menos en público, de que no están dispuestos a negociar de manera unilateral con ERC. Pero no es menos cierto que el independentismo reclama un sistema propio para Cataluña y no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. Está claro que el precio de la legislatura ha aumentado en pocas horas si tenemos en cuenta, además, que la Ley de Amnistía todavía no ha recibido el sí definitivo.
