Aunque todavía quedan dos meses de tramitación en el Senado, Junts y ERC celebraron este jueves, como un paso más hacia la independencia de Cataluña, la aprobación del dictamen de la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados.
Ninguna imagen retrata mejor la euforia de los independentistas que la del efusivo abrazo con el que se fundieron la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, y la diputada de ERC Pilar Vallugera en el patio del Congreso de los Diputados, tras la sesión.
Ambos partidos coincidieron en el mismo diagnóstico: con la amnistía se cierra «una etapa» y se abre «la carpeta de la autodeterminación», según destacó la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà.
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Pero esa unidad se trata, en realidad, de un espejismo, una tregua de unas horas entre dos fuerzas políticas que durante los dos próximos meses lucharán por atribuirse el mérito de la amnistía y hacerse con la hegemonía del movimiento separatista. Hoy comienza la precampaña de las elecciones autonómicas convocadas por Pere Aragonès para el 12 de mayo.
Por ello quiso salir en la foto el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que volvió a presenciar el debate y la votación desde la tribuna de invitados (como hizo el 30 de enero, cuando Junts tumbó la norma en la primera votación).
En declaraciones a los periodistas, Junqueras aseguró que la amnistía servirá para corregir la «injusticia» que han sufrido los independentistas procesados, y mandó un mensaje al presidente Sánchez al advertir de que ERC en ningún caso va a garantizar la «estabilidad» de la legislatura.
Según dijo, ERC no está para «garantizar la estabilidad de nadie»: «Lo único que garantizamos es que trabajaremos para el bienestar de la gente y la estabilidad de la economía», añadió.
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No era una advertencia gratuita: el enfrentamiento entre Junts y ERC (que ha obligado a Aragonès a convocar elecciones anticipadas en Cataluña) ya tiene consecuencias para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha renunciado a tramitar los Presupuestos Generales del Estado de 2024, ante la dificultad de sumar apoyos parlamentarios. De momento, al PSOE sólo le dan los números para aprobar la amnistía.
Pero ayer fue aún mayor el contraste entre la interpretación que el Gobierno hizo de la ley de amnistía y la que hicieron sus socios independentistas.
Sánchez proclamó en las redes sociales que la medida de gracia abre «un tiempo nuevo de convivencia y prosperidad en Cataluña». Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, celebró que «han ganado el diálogo, la convivencia y el reencuentro. Un paso adelante para pasar página», agregó. Y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, comparó las críticas que ha recibido la ley con las que sufrió José Luis Rodríguez Zapatero cuando negociaba el fin del terrorismo con la cúpula de ETA.
Pero los propios dirigentes de ERC y Junts se encargaron de desmentir estas apelaciones a «la convivencia» y el «reencuentro». El más explícito fue el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien anunció en las redes sociales que, tras el éxito de la amnistía, ahora su partido luchará por conseguir «la autodeterminación con la misma actitud, determinación y persistencia«.
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Desde Waterloo, Carles Puigdemont (que medita encabezar la candidatura de Junts a la Presidencia de la Generalitat) desmintió expresamente a Salvador Illa: «La amnistía responde a un objetivo, que no es pasar página ni tampoco un punto final a nada, sino superar una etapa errónea de represión judicial y policial a un movimiento político», sostuvo.
Es decir, según Puigdemont el propósito de la amnistía es enmendar la plana a la Justicia y poner fin a la injusta etapa de «represión» que han sufrido los líderes independentistas.
Y el presidente de la Generalitat, Aragonès, recalcó que la ley de amnistía supone un paso decisivo «para conseguir la libertad de Cataluña«.
Amenazas veladas a los jueces
Este fue también el tono general de los portavoces de ERC y Junts que participaron en el debate de este jueves en el Congreso de los Diputados.
El diputado de Junts Josep Maria Cervera advirtió, dirigiéndose al ministro Félix Bolaños, que «el conflicto político histórico entre la nación catalana y la española continúa«. A su juicio, la aprobación de la amnistía es sólo una «oportunidad para negociar de tú a tú el futuro de Cataluña, que nosotros queremos libre».
Cervera intentó dejar en evidencia al Gobierno al afirmar que el PSOE no ha impulsado la ley de amnistía por «convicción», sino porque era el precio que Junts y ERC fijaron para apoyar la amnistía de Pedro Sánchez.
Y por último criticó el «abanico esperpéntico de maniobras» que, aseguró, la derecha y la Justicia han desplegado para «torpedear la tramitación y aplicación» de la norma.
Esta vez, Junts evitó amenazar a los jueces, pero en su lugar lo hizo el diputado de Bildu Jon Iñarritu, al preguntarse desde la tribuna si «habrá quien prevarique y vaya contra el espíritu de esta ley». Un mensaje evidente dirigido a los jueces que se planteen recurrir la aplicación de la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
