El mercado inmobiliario es la jungla. Tanto para la gente que quiere adquirir una vivienda en propiedad o en régimen de alquiler como para quellos inversores (grandes y pequeños) que pugnan por lucrarse con el ladrillo en nuestro país.
De este caos nace un problema que afecta cada vez a más españoles (sobre todo menores de 35 años) y que, por la falta de acción de los sucesivos gobiernos municipales, autonómicos y estatales no tiene visos de corregirse en los próximos años.
A todo esté cóctel se va a añadir un nuevo problema en el próximo lustro. Según una nueva normativa europea a partir de 2030 solo se podrán vender o alquilar viviendas que como mínimo tengan calificación energética E.
Esto afecta a cientos de miles de viviendas en España. El motivo es que el parque de vivienda en España está muy envejecido. La edad media del parque de vivienda usada es de 43,5 años, de acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Esto va a provocar principalmente dos fenómenos, según algunos estudios. El más grave es la paralización de operaciones tanto de compra como de alquiler, algo que presumiblemente repercutirá en la oferta y, como consecuencia, en el aumento de precio de la vivienda.
El segundo es que puede producirse un boom de reformas en los próximos años para adecuar las viviendas. En la actualidad el 80% de las viviendas tendrían calificación F o G así que los propietarios deberán abordar una inversión (veremos si con dinero público mediante) si no quiere colapsar por completo el sistema inmobiliario nacional.