El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha sido designado como juez de garantías en el proceso de investigación de la Fiscalía Europea sobre la compra de mascarillas del caso Koldo por parte de los Gobiernos autonómicos de Francina Armengol, en Baleares, y Ángel Víctor Torres, en Canarias. La trama está enfocada en determinar si se produjeron delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
El también juez instructor del caso Tsunami Democrátic que rodea al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, será el encargado de tutelar las diligencias secretas de la Fiscalía de la UE, las cuales se centran en las adjudicaciones directas y realizadas por trámite de urgencia por parte de ambos ejecutivos autonómicos en los primeros meses de la pandemia.
Con estas funciones, el magistrado, en caso de que sea estrictamente necesario, ya que su figura es testimonial, podrá adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales -como intervenciones telefónicas- o la adopción o ratificación de decisiones cautelares urgentes; además, también podrá proteger testigos y peritos que procedan a instancias del fiscal delegado europeo. Asimismo puede acordar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
No obstante, y pese al papel que tendrá García-Castellón, la última palabra será de los fiscales europeos a cargo de la investigación.
La diferencia en nuestro país es que la Audiencia Nacional es la encargada de supervisar las investigaciones de la Fiscalía Europea designando un juez de garantías, siempre y cuando no se dirijan contra un aforado, escenario que correspondería nombrarlo entre los jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, si el aforamiento es ante ese órgano judicial.
La investigación europea
Fue este lunes cuando la Fiscalía Europea anunció la apertura de la investigación sobre la compra de material sanitario por parte, por un lado, del Servicio de Salud de las Islas Canarias por unos 12 millones de euros; por otro, Servicio de Salud de Baleares por 3,7 millones de euros. En conjunto, el importe total asciende a 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella del Ministerio Público español.
En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95. Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.
Ambos contratos fueron adjudicados por la empresa Soluciones de Gestión S.L., sobre la que pivota el caso Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La investigación gira en torno de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en relación a estos contratos.
Al recibir la denuncia de un particular al respecto, la Fiscalía Europea recopiló información adicional de la Fiscalía Anticorrupción española y del Juzgado Central número 2, donde se investigan a siete miembros de la presunta ‘trama Koldo’, que habría pagado comisiones irregulares para conseguir contratos de mascarillas con la Administración durante la primera etapa de la pandemia de coronavirus, a partir de marzo de 2020. Según precisaron, también ha recopilado datos de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.
En este contexto, La Fiscalía Anticorrupción española remitió documentación a la Fiscalía Europea el 8 de junio de 2023 a través de un decreto «al afectar a fondos de la Unión Europea». Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que los contratos en cuestión serían varios suscritos con las comunidades autónomas entonces presididas por los socialistas Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes
