Semana crucial para las relaciones de la Junta de Andalucía con el Gobierno central en materia de medio ambiente y agua. En concreto, este miércoles será un día clave para el futuro del ‘Pacto de Doñana’. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confirmado que los equipos de la Junta y su departamento se reunirán para consensuar los cambios que modificarán la Ley Forestal de Andalucía.
Ribera ha asegurado que «hay que ver despacio cómo se hace, porque jurídicamente tendremos que ver cuál es la mejor manera de encajar algo que ya ha aparecido publicado en el Diario Oficial de la Junta de Andalucía». Según ha valorado la ministra, «no es una señal muy correcta reducir presiones sobre un espacio natural como es Doñana y, simultáneamente, incrementar presiones por otro lado». «Espero que esto se resuelva cuanto antes. Probablemente requiera alguna disposición específica», apostilla.
La Junta ya ha aclarado que, una vez acordados los cambios, el contenido del articulado puede modificarse a través de un nuevo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz. Moreno ha afirmado que «desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, queremos el interés general» y, aunque la Junta en un primer momento sostenía que el asunto se solucionaba en dos minutos, hoy el presidente ha asegurado que no van a tardar «ni diez minutos» en ponerse de acuerdo para que no haya problemas, ni con Doñana ni con el agua.
Una posible legalización retroactiva de suelo agrario
En todo caso, minutos o días, los plazos son muy ajustados. Este miércoles también se celebra el pleno del Parlamento andaluz en el que previsiblemente se convalidará el cuarto decreto de simplificación administrativa, el que incluye la conflictiva modificación de la Ley Forestal de Andalucía. Una reforma exprés que supuso el pistoletazo de salida de este nuevo rifirrafe entre el Gobierno de Moreno y el Ejecutivo central a cuenta de Doñana.
Según denunció el PSOE-A tal y como está redactado el artículo 242 de este macro-decreto se podría cambiar la calificación de suelo forestal por agrario, lo que supondría a todos los efectos una ampliación de las zonas cultivables del entorno del Espacio Natural de Doñana. La ministra en ese momento aseguró que podía tratarse de “una legalización retroactiva” de suelos agrarios. La organización ecologista WWF incluso habló de una de una posible amnistía a cultivos ilegales de la Corona Norte de Doñana.
Tras la conversación telefónica del pasado lunes entre Ribera y Moreno, en la que se mostraron dispuestos a salvar el acuerdo, este martes ha continuado la riada de declaraciones y reacciones. Todos siempre desde el diálogo, la cautela y el interés común por la protección de Doñana, pero con la vista puesta en todo lo que está en juego en el encuentro de la vicepresidenta tercera sobre sequía del jueves.
