La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se está viendo abocada a «un deterioro continuo por una inversión deficitaria y no acorde con la situación económica que vive el país». Lo denuncia nuevamente la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que se ha reunido con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para conocer «de primera mano la situación del informe sobre la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria a través del mutualismo administrativo, encargado por el Gobierno.
Este organismo dispone de un año para elaborar el documento solicitado por el Ejecutivo, pero ha transmitido al sindicato «las dificultades que está teniendo para recibir información precisa por parte de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, entre otros agentes implicados».
«Máxima transparencia»
Por eso, CSIF pide a las distintas administraciones que colaboren con la AIReF y reclamar al Ejecutivo «máxima transparencia y rigor en la toma de decisiones cuando obtengan los resultados de este informe«. La organización sindical confía «en que el documento arroje luz sobre las cuestiones que afectan al mutualismo administrativo y «que venimos denunciando desde hace tiempo para que puedan ser mejoradas, pero que no sirvan como excusa para tomar decisiones erróneas sobre el futuro» del modelo.
Las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV forman parte del actual concierto de MUFACE. Las compañías también han comenzado a reunirse con la AIReF para elaborar ese estudio que el Gobierno encargó en 2022 a esta entidad sobre la financiación del modelo.
Nuevos conciertos
El 1 de enero de 2022 entraron en vigor los nuevos conciertos sanitarios que, en el trienio 2022-2024, garantizan la cobertura sanitaria a través de Asisa, Adeslas y DKV tanto a los funcionarios que prestan su servicio en España como a los destinados en ciento veintitrés países. En este 2024 comenzará la negociación del nuevo concierto para los próximos años. La renovación se tendría que firmar, como tarde, en septiembre de este año, para que el concierto arranque el 1 de enero del 2025.
En los años que lleva de vigencia el presente acuerdo (y en conciertos anteriores), CSIF señala que «ha puesto de manifiesto las distintas problemáticas a las que se ha debido hacer frente por la insuficiente financiación del mismo (recortes en los cuadros médicos, retirada de centros sanitaros completos del servicio a mutualistas, reducción de la atención sanitaria en zonas rurales y un largo etcétera)».
Para CSIF, «la calidad sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión»
El sindicato ha reclamado, en múltiples ocasiones, que garantice «una financiación suficiente y que realice una apuesta firme para mejorar la situación por la que atraviesa el modelo del mutualismo». Para CSIF, «la calidad sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión«. En las últimas décadas, la participación de las entidades de seguro en las convocatorias de estos contratos públicos «ha disminuido notablemente y esto es un fiel reflejo de la infrafinanciación de los conciertos ofertados«, apuntan.
La ministra de Sanidad, Mónica García. / EP
El modelo presta asistencia sanitaria a más de dos millones de personas y «su desaparición supondría el colapso de nuestro Sistema Nacional de Salud, ya de por sí saturado, y un alto coste económico para las arcas públicas», concluye este sindicato que considera que los Presupuestos Generales del Estado «deben incluir una dotación económica incrementada para un nuevo concierto sanitario que pueda corregir los recortes producidos».
890 millones de ahorro
La falta de financiación crónica del modelo ya se traduce en un deterioro de la atención sanitaria- grave en el caso de especialidades como Oncología- y ha provocado un descenso del número de funcionarios que se decantan por la sanidad privada. Así lo sostiene el informe ‘El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas y escenarios futuros’, realizado en el marco de la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid e impulsado junto a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y recién presentado.
Pero, además, el documento augura que, si MUFACE cae por falta de fondos -el modelo actualmente ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, precisan-, el impacto sería enorme en el sector privado: 19 provincias verían «un serio riesgo» de cierre de hospitales, la mayor parte en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Y desbordaría la sanidad pública: la repercusión sería un aumento del 266% en la lista de espera de consultas externas y del 115%, en la quirúrgica.
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