El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tachó de «deslealtad institucional» y «faltad de humanidad» la decisión de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de no asistir a la Conferencia Sectorial de la Infancia. Por una vez Torres se quedó corto: el boicot de los dirigentes del Partido Popular, capitaneado por la chulería de Isabel Díaz Ayuso, es una vomitiva omisión de sus responsabilidades más elementales. La Conferencia Sectorial tenía previsto debatir la actualización de la capacidad ordinaria de acogida de los menores migrantes no acompañados acogidos por Canarias, Ceuta y Melilla. Es necesario decir que los cupos de acogida establecidos ni siquiera se han cumplido cabalmente. Aun así los conservadores acordaron no asistir a la reunión. Por supuesto eso no impide que el Gobierno central termine aprobando el decreto en el que se actualizarán las plazas de acogida, ya que Canarias y las dos ciudades autónomas siguen en contingencia migratoria -la definida por el reformado artículo 35 de la ley de Extranjería- porque su capacidad para alojar y mantener migrantes continua ampliamente superada. Es decir que, como advirtió la ministra Sira Rego, las desviaciones de menores migrantes «continuarán adelante».
Pero el decreto, obviamente, deberá ser convalidado en el plazo correspondiente por el Congreso de los Diputados. Ya se sabe que en España, y a falta de una mayoría parlamentaria que lo respalde como fruto de pactos estables o acuerdos de legislatura, el Ejecutivo gobierna a golpe de decreto ley, un instrumento jurídico excepcional y provisional que solo puede emplearse en casos de «extraordinaria y urgente necesidad». El decreto puede ser tumbado si Junts reconsidera su voto afirmativo de hace un año, lo cual no es probable, pero tampoco imposible. Y toda esta pestilente conflictividad por apenas un millar de menores migrantes, los que se han reubicado hasta el momento. De Canarias solo han salido con destino a la Península un 30% de los niños y adolescentes migrantes cuya estancia (domicilio, comida, indumentaria, educación, sanidad, traslados) sufraga la comunidad autonómica.
La gestión de la ubicación de los menores migrantes ilumina una realidad que muchos no admiten: la falta de una política migratoria en España. Una política migratoria debe ser una política de Estado, basada en un análisis compartido y una estrategia consensuada con las principales fuerzas políticas, empresariales y sindicales del país. Se me podrá responder que la regularización de medio millón de migrantes que este año culminará el Gobierno central, y que por cierto presenta puntos discutibles y zonas oscuras, prueba lo contrario. No es así. Debería recordarse que en 2024 (anteayer) el Gobierno socialista descartaba una regulación extraordinaria de inmigrantes «porque esa operación no puede realizarse al margen del marco jurídico europeo». Hoy, en cambio, se pretende desarrollar una regularización extraordinaria a través de un decreto al que según Funcas podrían acogerse hasta 840.000 personas. En primer lugar, sin debate parlamentario y cobertura jurídica que blinde la medida. En segundo lugar, sin un análisis planificado sobre el impacto de la regularización en los servicios públicos y en el mercado de trabajo. Y por último, sin incluir en este proceso disposiciones y mecanismos para el perfeccionamiento, la extensión y la generalización de la regularización por arraigo que, como ha señalado el profesor Javier Tajadura, es el modelo que defiende la Unión Europea y, en virtud de la legislación comunitaria, debería defender y practicar España coherentemente.
El ninguneo del PP a la Conferencia Sectorial de la Infancia, su portazo a los menores migrantes, es políticamente intolerable y moralmente despreciable. Pero socialistas y conservadores son responsables de que España carezca de una política de migración que incorpore la gestión de los migrantes menor de edad en el ámbito de una solidaridad interterritorial. Y lo peor es que lo previsible es que nada cambie.
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