El empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu, que fue arrestado a finales del mes pasado en la isla caribeña de Aruba por su presunta implicación en el caso Plus Ultra, ha comunicado a la Audiencia Nacional que si las autoridades españolas levantan la orden internacional de detención que pesa sobre él se compromete a retornar de forma voluntaria a España para ponerse a disposición del magistrado que instruye la causa, José Luis Calama, según explican fuentes del procedimiento a esta redacción.
Baca Arbulu fue objeto de una querella en la Audiencia Nacional por parte de la Fiscalía Anticorrupción que también implicaba en el caso Plus Ultra a su hermano Enrique Martín Baca Arbulu y a otras cinco personas: los ciudadanos venezolanos Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados, el financiero de Países Bajos Simon Leendert Verhoeven, el peruano Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.
En la denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal se indicaba que los 53 millones que recibieron los directivos de Plus Ultra con el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se usaron para devolver unos préstamos a una empresa radicada en Suiza. Y con esta operativa se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)».
Cambio de domicilio
Las fuentes consultadas sostienen que Felipe Baca Arbulu argumenta que no se fugó de la Justicia española y que no le pudieron notificar su imputación en Madrid porque ya no reside en España, un cambio de domicilio que habría comunicado a la Agencia Tributaria. Por eso, considera que la extradición desde la isla situada al Norte de Venezuela, que lleva un trámite que se podría alargar durante semanas, es «innecesaria».
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, del Senado / CARLOS LUJAN
En este sentido, ha comunicado que, como ha hecho en Suiza –cuya justicia investiga esta supuesta red internacional de blanqueo de capitales– se compromete a comparecer en el tribunal que le requiera. Y esta posibilidad aceleraría su comparecencia en la Audiencia Nacional, prosigue el empresario.
En el caso de que las autoridades españolas mantengan la petición de extradición a Aruba, las fuentes consultadas explican, tal y como adelantó esta redacción, que Luis Felipe Baca Arbulu no se va a oponer a la extradición, con la intención de que llegue a España «cuanto antes» para ponerse a disposición del juez Calama.
2,7 millones de Sudamérica
Esta diario informó de que la Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. En concreto, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020.
Y cinco días después de recibir la denuncia de Antiblanqueo, el 6 de octubre de 2021, la Fiscalía suiza abrió una investigación por la que finalmente acusó a los integrantes de una «organización criminal» del lavado «a gran escala» de importantes sumas de dinero «de personas sujetas a sanciones internacionales».
El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján / Europa Press
En su querella, Anticorrupción hace referencia a que la empresa que concedió los préstamos con los que la aerolínea Plus Ultra habría ayudado a blanquear fondos «a gran escala» de «personas sujetas a sanciones internacionales» también vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, habría transferido importantes cantidades de dinero a Panamá.
Compró una vivienda en Francia
Los hermanos Felipe y Enrique Baca Arbulu se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor, según informan a esta redacción fuentes implicadas en el caso. La empresa Trowbridge, que inició su actividad el 16 de diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros, amplió el 10 de mayo de 2021 este capital en 970.000 euros. Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 la operación de respaldo público a la aerolínea, que recibió el 18 de marzo de 2021 un préstamo ordinario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 19 millones de euros. El resto de la ayuda pública, hasta los 53 millones, se canalizó a través de un préstamo participativo de otros 34 millones de euros.
José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca
Precisamente, este jueves el empresario Julio Martínez Martínez se negó a declarar en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ que se desarrolla en el Senado. Este asesor de la aerolínea Plus Ultra y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero es el dueño de la consultora Análisis Relevante SL, que abonó unos 600.000 euros al expresidente del Gobierno y a sus hijas. Sin embargo, leyó un escrito en el criticó que le hayan obligado a acudir al Senado pese a que está de baja médica, lo que calificó como «un trato discriminatorio con otros comparecientes a los que sí se ha eximido de comparecer«, en una referencia velada a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien se le ha eximido de comparecer tras presentar una parte medico.
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