Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como «Chus Mirantes», el hombre al que se sitúa tras la gestión de la mina de Cerredo -primero con la firma Combayl y luego con Blue Solving- en la que cinco mineros perdieron la vida el 31 de marzo de 2025 y principal acusado en esta causa judicial, y ahora también en la abierta por otro siniestro con un muerto en 2022, reconoce que en la explotación «claro que se extraía carbón«. «Para poder acceder a trabajar hay que limpiar, y al limpiar se retira carbón y se arrastra arcilla», explica, circunscribiendo la actividad como algo colindante a las tareas de retirada de material.
Es la primera vez que el empresario verbaliza públicamente el funcionamiento de la mina que, en el momento de la tragedia, operaba bajo la empresa Blue Solving. «Nosotros no estábamos haciendo nada para lo que no tuviésemos permiso. Si queremos retirar maquinaria tenemos que poder acceder a donde está, y para eso hay que quitar carbón», lo repite varias veces y, junto a él, su abogado, Óscar Arconada, añade una segunda derivada: «Ese carbón sigue allí». Chus Mirantes asiente: «Sigue todo tal y como quedó aquel día, el carbón, la maquinaria… todo». En cuanto al destino del mineral, Rodríguez Morán asegura que se apilaba en las inmediaciones de la explotación. «Una cosa es sacar carbón por cuestiones de logística y otra comercializar con él, de haber sido así habría algo que lo acreditase, ¿Lo hay?», apunta su letrado, poniendo en duda que la investigación lo pueda probar.
El empresario reconoce la «amplia experiencia» de sus trabajadores. «Solo había uno un poco más joven, pero el resto llevaban muchos años en la mina», lamenta. «Ellos sabían que se sacaba carbón porque era lo que había que hacer para poder trabajar», agrega.
El fatal siniestro de 2025 se produjo en el tercer piso de la mina de Cerredo, en la bocamina denominada El Mangueiro. «Son galerías muy largas, de unos seis kilómetros, el accidente se produjo casi a la entrada, a una hora en la que prácticamente no habían empezado a trabajar», recuerda el empresario, que califica la explosión de «extraña» y agradece que, un año después, la Guardia Civil continúe investigando. «Si siguen indagando es porque no está tan claro qué ocurrió ese día, y yo lo veo bien, no tengo nada que esconder», sentencia.
Medidas de seguridad
Según el informe de atestados de la Guardia Civil al que tuvo acceso La Nueva España, uno de los testimonios de los supervivientes apunta a que la alarma del detector de grisú saltó. «Son aparatos que tienen memoria, y puede comprobarse que funcionaban», se defiende Rodríguez Morán, que asegura que siempre «veló por la seguridad de sus trabajadores», al tiempo que subraya que lo de Cerredo «fue un accidente«. «El grisómetro pitó; es como cuando te salta un aviso en el coche y sigues conduciendo, puede no pasar nada, pero ese día pasó», cuenta.
Sin embargo, a ese testimonio recogido por la Benemérita se le suma la declaración realizada por uno de los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero que acudió al lugar del accidente inmediatamente que se conoció el suceso. Refiere que «en el lugar en el que se encontraba el herido y un fallecido» había «un detector de gases MSA ALTAIR 4X» y que este se encontraba «apagado y le faltaba la pinza de enganche».
Ese mismo informe deja claro que algunos de los mineros fallecidos «portaban en la explotación objetos expresamente prohibidos por la normativa de seguridad minera». Concretamente, la Guardia Civil refiere «teléfonos móviles o mecheros, entre otros». «Yo como empresario estoy en la obligación de darles un curso de prevención de riesgos laborales, pero no podía estar allí para comprobar que no metían mecheros o móviles«, sentencia Rodríguez Morán.
El informe del Principado
Sobre el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente en Cerredo, Chus Mirantes asegura “no saber nada”. Su abogado, sin embargo, desconfía del contenido, en el que se señala que dicho servicio utilizó la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) como subterfugio para autorizar la extracción de carbón y “eludir” el plan de cierre de la minería del carbón. “Si están tan seguros de que hay responsabilidades en el Servicio de Minas, ¿Por qué no están investigados en la causa?”, se pregunta.
El informe establece, además, varias recomendaciones para mejorar el servicio. “Si el informe propone once medidas, los políticos dirán que han cumplido doce”, ironiza el abogado de Chus Mirantes, que cree que el documento servirá para “justificarse con Madrid”, en referencia a la falta de comunicación que el informe deja entrever entre el Principado y el Instituto de Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición ecológica, con respecto a la existencia de explotaciones de carbón en Asturias.
Suscríbete para seguir leyendo
