La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que alerta de una «gravísima» falta de coordinación y asistencia en los servicios de emergencia (061 y 112) durante el accidente ferroviario de Adamuz.
Según el escrito registrado por el bufete Administrativando Abogados, que coordina la defensa de los afectados, y que ha sido dado a conocer por la asociación a través de un comunicado, el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba tuvo que gestionar las llamadas de auxiliar «con papel y lápiz» debido a un bloqueo total del sistema informático en el momento crítico del rescate.
La denuncia precisa, además, que los gestores de emergencias se vieron obligados a utilizar sus teléfonos particulares ante la caída de las redes oficiales y la falta de contacto con el centro 112.
«Solo la actuación de los profesionales, con muchos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que, desde el punto de vista técnico, fue un caos», subraya el escrito.
Asimismo, la asociación indica que, fuentes próximas al operativo de rescate, han asegurado públicamente que la información sobre el siniestro no fluyó correctamente entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (ASEMA) y la Guardia Civil, así como que «no se cumplieron los protocolos básicos» de comunicación, lo que provocó que los datos sobre el número y estado de las víctimas no se conocieran hasta que la Guardia Civil llegó al tren Alvia, 43 minutos después del accidente.
«Es posible que esta falta de asistencia inmediata haya provocado más víctimas y heridos de mayor gravedad», se señala en el escrito al presidente.
Ante estos hechos, la asociación ha solicitado a la Junta de Andalucía: una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas; la revisión inmediata de los protocolos de actuación del 061 y el 112 y la entrega de toda la documentación e informes técnicos sobre la gestión de la emergencia.
Además de al Ejecutivo andaluz, de forma simultánea, se han presentado escritos de denuncia, prácticamente idénticos, al Defensor del Pueblo, a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al juzgado de instrucción de Montoro.
La asociación va más allá de la responsabilidad de la Junta y ha destacado que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal, para lo que se basan en un reciente informe de la Guardia Civil.
Este indica que «del estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias (…), se comprueba que existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo»; las llamadas que alertaban del tren Alvia «se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo».
