El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ha rechazado la personación del Ayuntamiento de Lepe (Huelva) como acusación popular en la macrocausa judicial iniciada para esclarecer la tragedia ferroviaria de Adamuz, donde fallecieron 46 personas, la mayoría en el tren con destino a Huelva.
En un auto fechado el 27 de marzo pasado, y al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, la titular de Instrucción 2 de Montoro, Cristina Pastor, resuelve que «no ha lugar a tener por personado en la presente causa al Ayuntamiento de Lepe por falta de legitimación para el ejercicio de la acción popular».
Previamente, ya había denegado las personaciones de los ayuntamientos de Huelva y de Punta Umbría. La jueza alude a la jurisprudencia y menciona un auto donde el Tribunal Supremo explica que el artículo 125 de la Constitución «se refiere explícitamente a ‘los ciudadanos’, que es concepto atinente en exclusiva a personas privadas, sean las físicas, sean también las jurídicas (…) tanto por sus propios términos como por el propio contenido de la norma, que no permite la asimilación de dicho concepto de ciudadano a la condición propia de la Administración pública y, más concretamente, de los órganos de poder de la comunidad política».
Así las cosas, también recuerda que la acusación pública en los procedimientos penales ya es ejercida por el Ministerio Fiscal, por lo que «mediante el uso generalizado de la acción popular, se llegaría a generar una ‘acción pública alternativa'».
Hasta la fecha, el juzgado ha aceptado las personaciones de Vox, de los sindicatos Manos Limpias y de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), y las asociaciones Víctimas de los Políticos, Hazte Oír.org y Liberum. En cambio, ha rechazado la participación del Sindicato Alternativa Ferroviaria y del partido Iustitia Europa. En las últimas semanas, también ha anunciado su voluntad de personarse como acusación popular la Junta de Andalucía.
