A partir del martes 7 de abril, y durante un mes entero, los bancos y sillones del Salón de Plenos del Tribunal Supremo volverán a estar ocupados por distintos representantes del mundo del derecho para iniciar, con la comparecencia como testigo de Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, el primer juicio por los delitos atribuidos al propio José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama en el marco de la denominada trama Koldo. Se juegan condenas que solicita la Fiscalía Anticorrupción de 24, 19 años y medio y siete años de cárcel, respectivamente.
Estos son los representantes de las defensas, las acusaciones y los miembros del tribunal:
Marino Turiel defiende al exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo desde mediados del pasado mes de enero. A este letrado le precedieron Carlos Bautista y el veterano José Aníbal Álvarez, y el exministro no terminó bien con ninguno de los dos. Con este último existió una quiebra de confianza debido en gran parte a la negativa del también ex secretario de Organización del PSOE a entregar su acta de diputado, lo que hubiera supuesto su pérdida de aforamiento y que el caso lograra salir fuera del Tribunal Supremo. Tras ello Bautista, del despacho Chabaneix, asumió la defensa, pero a principios de este año este fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional rompió con su cliente por impago de los honorarios.
Turiel es un letrado de la confianza del exministro ahora en prisión preventiva, con quien trabaja desde hace varios años y que gestiona también otros asuntos de la causa, como su recurso al suplicatorio ante el Tribunal Constitucional o la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. Realiza una defensa conjunta con la letrada del asesor Koldo García, hasta tal punto que esta última ha presentado quejas ante el Supremo y la prisión de Soto del Real ante la dificultad para que ambos puedan realizar encuentros conjuntos con sus clientes para preparar el juicio.
La abogada de Koldo García tampoco es la primera que le asistió tras su detención en febrero de 2024. Su primer abogado fue Javier Pimentel al que siguió Ismael Oliver, al que dejó a los pocos días de tener que declarar en el Tribunal Supremo en junio de 2025. Contrató entonces a la letrada Leticia de la Hoz, que ya venía representando a su exmujer Patricia Úriz, y que ha desarrollado una defensa en la que apenas hay día que no presente escrito ante el Tribunal Supremo y otras instancias apuntando a la vulneración de derechos de su cliente durante la instrucción, en especial por el hecho de que no se le hayan devuelto sus dispositivos electrónicos. La estrategia parece ir encaminada a recurrir una casi segura condena del que fuera asesor de Ábalos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Uno de sus últimos movimientos, hace tan solo una semana, ha sido el de acudir ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar el juicio en el Supremo . De la Hoz denuncia vulneración de derechos fundamentales y pide al órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido que, como medida cautelar, que suspenda la ejecución del auto que resolvió las cuestiones previas, la resolución que decidió los testigos y rechazó todas sus pruebas. La posibilidad de que esta suspensión se produzca es casi inexistente.
El abogado José Antonio Choclán / EP
El abogado del comisionista Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, es un prestigioso penalista conocido por su facilidad en alcanzar pactos con la Fiscalía, como el que permitió a su propio cliente salir de prisión tras ser detenido en el caso hidrocarburos y ha concluido con la petición de penas de prisión muy rebajadas para el empresario con respecto al resto de investigados. Mientras Aldama está en libertad, Ábalos y Koldo cumplen prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre.
Recientemente, su nombre volvió a los titulares al ser contratado por el cantante Julio Iglesias frente a la denuncia presentada por dos de sus exempleadas contra él por delitos de trata y agresión sexual que fue finalmente, si bien ahora le representa en varias acciones frente a quienes iniciaron esta acción penal e incluso frente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
También está personado en otra causa que se juzga estos días, el denominado caso Púnica. Como abogado del «conseguidor» David Marjaliza, Choclán logró un pacto que permitió al empresario «arrepentido» abandonar la prisión. También consiguió el acuerdo en otra causa instruida en la Audiencia Nacional contra la familia Carceller por fraude fiscal, y sus clientes evitaron la prisión a cambio de pagar una multa de 92 millones de euros. Defendió a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en el caso Máster, en el que fue exonerada, y durante unos meses al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Cristiano Ronaldo pagó casi 19 millones de euros para eludir su ingreso en prisión gracias a su asesoramiento legal.
El actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tomó posesión del cargo en julio de 2017, siendo uno de los miembros más veteranos y reconocidos de este organismo. De hecho, él mismo ayudó a fundar este departamento del Ministerio Público a las órdenes de Carlos Jiménez Villarejo en 1995.
Ha despuntado en asuntos de gran trascendencia como el caso Bankia y a él se debe la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta al expresidente de la entidad bancaria Rodrigo Rato y la de seis años para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, por apropiación indebida por el uso de las ‘tarjetas black’ que hicieron tanto ellos como los consejeros a su cargo. Luzón también fue, junto a Daniel Campos, el fiscal del caso Roldán, por el que se condenó al exdirector general de la Guardia Civil, y llevó las diligencias internas de la Fiscalía respecto al Rey Emérito, que fueron archivadas sin que el asunto llegara a judicializarse.
Una de sus decisiones más polémicas –aunque apoyada por la mayor parte de su equipo– la adoptó en 2023, sobre al apartar a la fiscal adscrita al caso que se instruye en un juzgado de Tarragona de parte de las pesquisas sobre las actividades presuntamente delictivas del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La parte de la instrucción afectada tiene que ver con correos que llegaron al entonces ministro del PP con referencias a la situación fiscal de distintas personas, algunas de ellas de relevancia pública, como son la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exministro de Economía Rodrigo Rato, o el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
Son casi una decena, bajo la dirección letrada del PP que ejerce el abogado tradicional del PP, Alberto Durán, el único que podrá hablar en nombre del resto durante el juicio, al igual que ocurrió durante la vista de cuestiones previas celebrada el pasado 12 de febrero. Lidera el PP porque los de Núñez Feijóo fueron los primeros formalizar su personación, pero también acusan Vox, Manos Limpias, la Asociación Liberum, Hazte Oír y el partido Iustitia Europa, organizaciones que comparten la acción popular en otras causas que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez como son la dirigida contra su esposa, la que sentará en el banquillo a su hermano David a finales de mayo y también en los casos Leire, Sepi, Plus Ultra o más recientemente el abierto a raíz del accidente ferroviario en Adamuz.
Curiosamente, completa el grupo la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), vinculada al PSOE, además de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la asociación balear Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas.
El fiscal Alejandro Luzon, a la salida de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. / Juan Manuel Prats
Desde mediados del pasado mes de enero se conoce quiénes componen la Sala de siete magistrados que juzgarán la pieza principal del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Se trata de un tribunal equilibrado en la sensibilidad de sus integrantes, compuesto por el propio presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, el moderado Andrés Martínez Arrieta, al que se suman los conservadores Manuel Marchena, Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar (que fue fiscal general durante el Gobierno de Mariano Rajoy) más los progresistas Andrés Palomo, Javier Hernández y Susana Polo. Casi todos formaron parte de la Sala de admisión, razón por la que fueron recusados, sin éxito, por las defensas de Ábalos y Koldo.
Algunos de ellos, además, ya son muy conocidos popularmente por formar parte de tribunales de asuntos muy mediáticos como fueron el procés independentista en Cataluña o el juicio al fiscal general del Estado.
La defensa de Koldo se colocó frente a los miembros del tribunal que juzgará a su cliente mediante una queja aún sin resolver por el Consejo General del Poder Judicial en la que denunciaba lo que considera «un paradigma de instrumentalización política de la justicia o lawfare sin precedentes» por parte de estos magistrados, en relación con una información periodística que señalaba que la Sala había decidido rechazar todas pruebas que proponen las defensas de cara a este juicio semanas antes de abordar el asunto. Tras la vista previa, esta previsión se vio cumplida.
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