El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ya ha analizado el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente en la “explotación ilegal” de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores. Un informe cuyas conclusiones ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA y que, entre otros aspectos, señala que desde dicho servicio se utilizó la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) como subterfugio para autorizar la extracción de carbón y “eludir” el plan de cierre de la minería del carbón.
El informe establece varias recomendaciones para mejorar el servicio. “Las hacemos nuestras”, afirmó Borja Sánchez, consejero de Industria, de quien dependen desde hace un año las competencias sobre minas. “Asumí la consejería con un mandato expreso del presidente para llegar hasta el final con todas las consecuencias. Tanto el informe como las medidas que pondremos en marcha responden a ese propósito. Vamos a continuar tomando decisiones y actuando con toda transparencia para mejorar la seguridad jurídica, administrativa y también la de los propios trabajadores”, señaló.
En la misma línea se expresó Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, quien aseguró que “el Gobierno de Asturias no va a parar; este informe no es un punto final, toca hacer realidad todas y cada una de las recomendaciones”, y garantizó que lo harán con “total transparencia”.
Sánchez indicó que, tal y como adelantó este diario, el informe aprecia un uso de la figura de los PIC con dudoso encaje legal al aplicarla para autorizar extracciones de mineral. No obstante, matizó que “el PIC es una figura válida, utilizada desde hace varias décadas en Asturias; lo que ocurre es que ahora surge la necesidad de clarificar el régimen de estos proyectos”.
Otro de los aspectos destacados por el consejero es que el informe detecta problemas estructurales en el Servicio de Minas, como la “reducción de efectivos a la par que se producía un incremento de competencias” vinculadas a proyectos de transición. Por ello, se comprometió a “revisar la dimensión del servicio” y a “estudiar si son necesarios refuerzos”.
Asimismo, el informe señala, tal y como avanzó este diario, problemas en la autorización de transmisiones de derechos y permisos en unidades de explotación minera que se encuentran en proceso de cierre. También subraya otra cuestión polémica desvelada por LA NUEVA ESPAÑA: “la ausencia de consultas al Instituto de Transición Justa (ITJ)” sobre las autorizaciones a explotaciones mineras de carbón. “Este problema ya está solventado y el ITJ tiene toda la documentación que nos ha ido requiriendo”, enfatizó Sánchez. En otras palabras, el Estado no estaba al tanto de que en Asturias se estaba extrayendo carbón.
Borja Sánchez mostró además su compromiso para introducir “mejoras en los procedimientos sancionadores y en el aviso de las inspecciones” a explotaciones, así como para llevar a cabo una “planificación más estructurada de la inspección minera” y “regular de forma más precisa la realización de las inspecciones”. En este sentido, anunció que se incorporarán aplicaciones informáticas para modernizar el servicio.
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