La Audiencia Nacional comenzará a celebrar a la vuelta de Semana Santa el juicio más destacado de todos en los que se dividió el caso Tándem, en el que se han investigado las prácticas policiales cuando menos dudosas, si no delictivas, de la policía durante el Gobierno del PP: el relativo a la operación Kitchen. En él se tendrá que determinar si el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy destinó personal y dinero público a tratar de evitar que el que había sido tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, colaborara con la investigación del caso Gürtel, que en esos momentos aún estaba en instrucción en la Audiencia Nacional. Estos son los principales acusados que se sentarán en el banquillo a partir de este lunes.
Principal imputado del caso Tándem, estuvo en prisión preventiva de noviembre de 2017 a marzo de 2021. Ha sido condenado dos veces, una a 13 años de cárcel y otra a tres, pero ha sido absuelto en otros juicios, como el celebrado por los encargos contra la empresa Martinsa, para Repsol y La Caixa, en relación con un empresario marbellí y el de otro que pidió investigar a su exsuegro. Entre los audios que se le intervinieron aparece jactándose de que le «encargaron maldades para salvar» al entonces presidente Mariano Rajoy, quien sin su supuesta ayuda «podría estar preso». Además, se hallaron pruebas de los pagos mensuales de 2.000 euros que recibió quien era el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que se fichó como colaborador para vigilar a su jefe y su familia. El fiscal pide 19 años de cárcel para él por lo delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho.
Sergio Ríos empezó a trabajar para Bárcenas en febrero de 2013. Una conocida lo recomendó porque había trabajado para el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados. La mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, sospechó de él porque le veía muy pendiente de las conversaciones. Para entonces Ríos ya era confidente. Logró hacerse con móviles y aparatos electrónicos de su jefe para dárselos al comisario García Castaño, quien quedó fuera del juicio tras sufrir un ictus. El fiscal pide para él 12 años y 5 meses de prisión por su participación en la trama a cambio de un sueldo y de ingresar en la policía, según alegan algunas acusaciones, aunque para Anticorrupción esto último no ha quedado acreditado.
Fue jefe de Seguridad de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Captó a Ríos para el dispositivo de vigilancia y reemplazó a Villarejo en la entrega mensual de los 2.000 euros de fondos reservados al chófer. Villarejo le llama “Cospedín”, por su relación con la exsecretaria general del PP, a la que se le retiró la imputación en la causa, y el también imputado Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’, en una de sus declaraciones sostiene que debía mantenerla al tanto. El fiscal pide para él 15 años de prisión.
El excomisario García Castaño fue quien señaló en un primer momento al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez al decir que le entregó el pendrive con el contenido de los dispositivos que el chófer les había proporcionado. Martínez llevó a un notario los mensajes que dice haber recibido del entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, para demostrar que estaba al tanto de la operación. Afirma que el dispositivo era legal y que se dirigía a encontrar la fortuna suiza del extesorero, aunque nunca se informó de ello al juez que investigaba la contabilidad en b del partido. Se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de prisión.
El exministro negó ante el juez tener órdenes de Rajoy o de Cospedal para montar una operación ilegal como la Kitchen, algo que solo el expresidente tendría autoridad para hacer, apuntó. Fernández Díaz también negó la autoría de los mensajes en los que comentaba a Martínez el “éxito” del dispositivo. El juez Manuel García-Castellón les sometió a un careo, en el que, según fuentes presentes en la declaración, su número dos se mostró más convincente. El fiscal pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.
El que era número dos de la Policía entonces sostuvo ante el juez que Cospedal y su “maridísimo” estaban al tanto, al igual que el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó, que nunca ha estado imputado en la causa. El exdirector adjunto operativo de la Policía situó ante el juez a su superior en Interior entre los conocedores del espionaje a Bárcenas, al declarar que despachaba con todos los comisarios generales y que le mantenía informado del resultado de esos encuentros. Anticorrupción también pide para él 15 años de prisión.
Estaba al frente de la Unidad Central de Apoyo de la Comisaría General de Información. Por él pasaba la firma de las partidas de fondos reservados utilizadas en los operativos policiales y los dispositivos de seguimiento. Él mismo entra en el taller de la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, para buscar la documentación comprometida que pudiera guardar el matrimonio y es quien entrega a Francisco Martínez el contenido de los dispositivos que le había dado Sergio Ríos. No será juzgado dado su estado de salud.
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