El actor argentino Ricardo Darín, de Buenos Aires, nació en Jaén. No ha vivido allí, nunca ha pisado la ciudad y, sin embargo, así consta en los papeles de su nacionalidad española, que le permitieron elegir libremente su lugar de origen administrativo.
Cuando el Gobierno le concedió el pasaporte por carta de naturaleza, Darín pudo escoger un municipio en el que le hubiera gustado nacer.
Se decantó por la capital jienense porque le gustaba cómo «sonaba Jaén» y le hacía gracia la sonoridad de la jota, como él mismo ha revelado hace unos días en una entrevista.
Esa confesión, de hecho, ha desatado una curiosa campaña turística en Jaén, que compite ahora por decidir en qué portal, plaza o cafetería colocar la placa que recuerde el lugar donde nació el actor argentino.
La anécdota, que los andaluces se han tomado con humor y orgullo, resume una lógica administrativa que, cuando se aplica a gran escala, deja de ser un chiste.
Y es exactamente lo que está ocurriendo con la llamada ley de nietos, según advierten fuentes diplomáticas consultadas por EL ESPAÑOL.
Aunque la vía jurídica para obtener la nacionalidad es distinta, el mecanismo para elegir municipio de «origen» funciona de forma muy parecida, pero multiplicado por centenares de miles de casos.
Son nuevos españoles que pueden adscribirse a un municipio con el que no tienen ningún vínculo real, más allá de una casilla marcada en un formulario. Y eso abre la puerta a que parte de ese electorado acabe decidiendo escaños en algunas circunscripciones.
2,3 millones de personas
La llamada ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en octubre de 2022.
Permite obtener la nacionalidad española a quienes, nacidos en el extranjero, son hijos o nietos de españoles de origen que perdieron o renunciaron a la nacionalidad «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual».
También a las hijas de mujeres que perdieron el pasaporte español por casarse con extranjeros antes de la Constitución y a los hijos mayores de edad de quienes ya se acogieron a la ley de Zapatero de 2007.
El plazo para solicitarla era inicialmente de dos años. Pero ante la avalancha de peticiones, el Gobierno lo amplió un año más, hasta octubre de 2025. Ese aluvión de solicitudes ha sido de tal magnitud que ha desbordado todos los cálculos.
Para contextualizar el tamaño del fenómeno de la ley de nietos, conviene compararlo con su antecesora. La ley de Memoria Histórica, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, permitió a hijos y nietos del exilio franquista solicitar la nacionalidad.
El balance final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades concedidas, con unas 100.000 denegaciones, alrededor de un 20% del total. Todo eso, en más de una década de vigencia.
Pero la nueva ley de Sánchez, en apenas tres años de vida, ya ha superado esa marca: más de 1.170.999 personas han formalizado solicitud desde 2022, de las que 632.670 siguen pendientes de resolución.
Pero la cosa va más allá. Si se suman quienes únicamente han logrado pedir cita o están en lista de espera, el universo de potenciales nuevos españoles se dispara a unos 2,3 millones de personas, según cifras difundidas por el propio Gobierno.
Estas proyecciones apuntan, por tanto, a un proceso que triplicará y posiblemente cuadruplicará las concesiones de la ley de Zapatero
No solo exiliados
En un principio, la norma de Sánchez se diseñó para los represaliados del franquismo. Pero cuatro días después de que la ley entrara en vigor, el Gobierno publicó en el BOE una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma.
«Se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».
En la práctica, ese giro convierte el exilio en una presunción casi automática. O, dicho de otra forma, no es necesario acreditar una persecución concreta, basta con ser descendiente de un español de origen que abandonó el país en ese periodo.
Aunque lo hiciera por motivos puramente económicos. Como ocurrió con miles de españoles que emigraron a Suramérica a principios de los años 50, buscando oportunidades de trabajo, y que la ley transforma ahora en «exiliados políticos».
Este matiz explica en buena parte el abismo entre las tasas de denegación de ambas leyes: la Ley de Zapatero, más restrictiva, rechazó en torno al 20% de las solicitudes; la nueva ley solo ha denegado el 1,32% de las resueltas hasta la fecha.
¿Y por qué se rechazan? Fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que la inmensa mayoría de las negativas no se deben a motivos de fondo, sino a errores formales, como documentación incompleta o problemas para acreditar la filiación.
La exigencia de demostrar un exilio político real, si alguna vez existió en el espíritu de la ley, ha desaparecido por el camino.
‘Marque aquí’ su provincia de voto
Una vez obtenida la nacionalidad, el nuevo ciudadano español puede votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas desde el extranjero. Para ello, debe integrarse en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
En ese trámite, tiene que rellenar un formulario de Exteriores y elegir el municipio al que «desea» —así figura en el propio documento— quedar «adscrito a efectos de los procesos electorales», tal y como figura en el propio documento.
Este es uno de los puntos que más inquietan a las fuentes diplomáticas consultadas por este periódico. La historia de Darín con la que arranca este reportaje ilustra a la perfección cómo funciona ese mecanismo.
Imagen del formulario de Exteriores para inscribirse en el voto CERA.
En el papel de Exteriores, se ofrecen distintos motivos para justificar la elección: «Municipio de su última residencia», «de mayor arraigo propio» o «de mayor arraigo de sus ascendientes».
Pero hay una cuarta casilla: «Otros motivos (especifíquelos)». Esa es la opción que más preocupa a quienes conocen por dentro el sistema.
¿El motivo? Sobre el papel, permite que cualquier nuevo ciudadano elija libremente la circunscripción donde votará —Cádiz, Cuenca o donde sea— alegando motivos que son, en la práctica, imposibles de verificar.
Colapso consular
Mientras eso ocurre, los consulados viven un colapso histórico. Argentina está a la cabeza: en sus cinco consulados se han registrado 462.815 peticiones de nacionalidad, según datos de Exteriores.
Eso son los expedientes ya metidos en el sistema. Pero a ello hay que sumar el tapón que ni siquiera aparece aún en las estadísticas oficiales.
En Buenos Aires, por ejemplo, se han habilitado mecanismos más informales para apuntar a quienes no han podido conseguir cita porque la agenda estaba completa. Son personas que quieren presentar su solicitud, pero aún no han tenido ni la oportunidad de entregar los papeles.
Son 645.000 citas aún por tramitar. Ese embudo ha llevado al propio cónsul general en la capital, José María Ridao, a alzar la voz de alarma: al ritmo actual de resolución, unos 10.000 casos al año, harían falta más de 100 años para ponerse al día.
«En un futuro, Buenos Aires podría ser la tercera ciudad española más poblada, luego de Madrid y Barcelona«, recogía el pasado mes de diciembre un artículo de Clarín, titulado Kafka en el Consulado: los nuevos trámites para la ciudadanía española podrían demorar un siglo.
El panorama no es mejor en otros puntos. En La Habana se amontonan 137.770 expedientes. En Brasil, el consulado de São Paulo gestiona más de 150.000 solicitudes; en México se rozan las 120.000, con cuellos de botella similares.
En Miami, los retrasos se miden en muchos casos en más de ocho meses y hay expedientes de 2023 aún sin resolver.
No es algo nuevo. De hecho, el Defensor del Pueblo, por segundo año consecutivo, ha advertido en su informe anual de que los registros civiles consulares son el servicio que más «quejas» acumula.
Y atribuye parte de la situación al «impacto» que la Ley de Memoria Democrática ha tenido sobre estas oficinas.
«Apagón estadístico»
Por si todo esto fuera poco, esa saturación se ve agravada por una cierta opacidad en todo el proceso. El PP ha registrado varias preguntas en el Congreso para conocer cuántas nacionalidades se han concedido al amparo de la norma.
Pero el Gobierno ha respondido que los datos «no están digitalizados» y que no puede facilitarlos con precisión. Sin embargo, esa misma información sí ha llegado a distintos medios de comunicación cuando la han pedido a través del Portal de Transparencia.
El PP sospecha que este «apagón estadístico» encubre una nacionalización masiva cuyos efectos el Gobierno no quiere cuantificar ni explicar, pese a que afecta al censo electoral y a la política migratoria.
¿Y todo esto, a quién beneficia electoralmente? Nadie puede responder a esta pregunta con datos, porque no hay encuestas sobre la orientación política de los nuevos nacionalizados.
El perfil es bastante heterogéneo. Se puede presumir que cubanos o venezolanos que obtienen la nacionalidad para huir del régimen tienden a votar a la derecha. Pero los argentinos o brasileños son mucho más difíciles de clasificar.
No obstante, por el propio enunciado de la ley, se trata de una nacionalización con relato: se dirige a quienes se sienten víctimas remotas del franquismo, lo que implica un sesgo ideológico.
En general, los datos históricos del CERA muestran que el voto exterior suele seguir la tendencia del interior, y en algunas circunscripciones puede resultar decisivo.
Por ejemplo, en las generales de 2023, el PP arrebató al PSOE el escaño número 16 por Madrid gracias al voto exterior, y obligó a Sánchez a necesitar el sí de Junts —no solo la abstención— para su investidura.
Eso sí, hay que tener en cuenta que la participación exterior ronda el 10% del censo, muy lejos del 60-70% de voto que suele registrarse dentro de España.
Pero, aunque minoritario, ese voto CERA ha ido creciendo. El Gobierno de Sánchez eliminó el llamado voto rogado, un sistema que obligaba a los emigrantes a superar un vía crucis de trámites.
La reforma se tradujo en un salto claro en la participación exterior, que pasó del 6,85% en las generales de 2019 a en torno al 10% en 2023, lo que supone un aumento de casi el 47%.
En resumen: cada vez hay más gente en el censo y cada vez votan más. Y las fuentes diplomáticas consultadas alertan, además, de que el problema no se limita al censo exterior, porque «muchas de las personas que piden la nacionalidad no serán nunca votantes CERA»: se mudarán a España.
