El 7 de abril el Salón de Plenos del Tribunal Supremo acogerá un nuevo juicio mediático, apenas unos meses de sentenciar al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En esta ocasión, otra Sala integrada también por siete magistrados analizarán las acusaciones contra el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, que se enfrentan a penas de 24,19 y medio y 7 años de prisión, respectivamente, por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Se juzgan delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cuatro delitos de tráfico de influencias en relación con un ‘pelotazo’ de 16 millones y medio de euros en contratos de compra de mascarillas para varias administraciones públicas y la obtención de dádivas. Estos son los hechos más relevantes por los que fueron sentados en el banquillo.
En el auto de finalización de su instrucción que dictó el pasado mes de noviembre el instructor de la causa, Leopoldo Puente, se apunta que el ministro de Transportes, en pleno estallido de la pandemia en 2020, en connivencia con su asesor Koldo García y un empresario con el que trataban diferentes asuntos, Víctor de Aldama, «podría haber determinado la adquisición, a través de entidades dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y ADIF) de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir una indebida compensación económica».
El comisionista se habría valido de «información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le habría permitido articular una oferta […] para asegurar la perfección del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía» que era Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas S.L.» propiedad de Juan Carlos Cueto. Puertos del Estado adquirió 8 millones de mascarillas y ADIF 5 millones a la empresa vinculadas con Aldama, quien obtuvo unos ingresos que superarían los 5,5 millones de euros «como consecuencia de la comisión obtenida de Soluciones de Gestión».
Una vez concluido el negocio en Transportes, se realizaron contratos de compras de material sanitario por el Ministerio del Interior, y Koldo llegó a negociar directamente compras también millonarias por parte de las comunidades autónomas de Baleares y Canarias con sus presidentes autonómicos, que entonces eran la presidenta del Congreso, Francina Armengol y el actual ministro Ángel Víctor Torres. Los contratos de las Administraciones gobernadas por los socialistas superaron los 53 millones de euros.
Según concluyo el juez del Supremo, en el marco de esta «concertación» de intereses y desde octubre de 2019, es decir, meses antes de que se adivinara la pandemia que obligó a comprar material sanitario a la Administración, Aldama venía entregando en metálico a Koldo 10.000 euros al mes, unos pagos que se habrían prolongado, al menos, hasta el año 2021″. Estos fondos se los repartía con su jefe.
La investigación también ha detectado que, en algunas ocasiones, las entregas en efectivo fueron efectuadas a Joseba García, hermano de Koldo, en la República Dominicana, país en el que Aldama contaba con socios que podía ofrecerle dinero metálico. En concreto, el 31 de octubre y 13 de diciembre de 2021 Joseba García habría recibido del entorno de Aldama «10.000 dólares norteamericanos que llevaría después» a su hermano en España, según se desprende de las comunicaciones entre todos ellos analizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Otra de las presuntas mordidas que sientan a Ábalos en el banquillo está relacionada con el alquiler de una vivienda de lujo en la madrileña Plaza de España que fue ocupada varios años por la que entonces era su novia, Jésica Rodríguez. El pago de 2.700 euros al mes se habría realizado por un socio de Aldama, Alberto Escolano, con el fin de obtener del ministro un trato preferente para Aldama y las empresas cuyos intereses promovía el comisionista.
A través de este socio se pagaron hasta un total de 82.248 euros, si bien los gastos pasó después a sufragarlos el propio Koldo García, a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas de su círculo familiar.
Además del piso, Jésica obtuvo dos trabajos en empresas públicas donde se la llegó a denominar entre los empleados como la «sobrina de Ábalos». Fue contratada primero por la empresa pública Ineco (cobró 18.100 euros brutos anuales) y después por Tragsatec, con un salario mensual de 1.173,67 euros. Las nóminas las percibió «sin haber acudido un solo día» al trabajo, tal y como reconoció en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.
Jésica Rodríguez. / EP
Igualmente, el tribunal valorará las gestiones realizadas por Koldo, supuestamente también en nombre de Ábalos, en favor de la empresa de hidrocarburos Villafuel, igualmente vinculada a Aldama, y que habrían tenido como consecuencia que el exministro se beneficiara del alquiler de un chalet en la zona de La Alcaidesa (Cádiz) pagada por la empresa de una de sus socias, Have Got Time.
En concreto, el asesor del Ministerio de Transportes pudo haber influido también para que se concertara una entrevista con los socios de Aldama Claudio Rivas y María del Carmen Pano Sánchez, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, que era entonces María Reyes Maroto». Pano es la empresaria que ha confesado en sede judicial haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz.
Igualmente, se juzgará si el comisionista concertó un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso de su propiedad, situado en el madrileño Paseo de la Castellana, en favor de Ábalos, fijándose una renta anual de 30.000 euros, que nunca llegó a abonar el exministro, si bien tampoco llegó a ocupar en ningún momento el mencionado inmueble.
El exministro Jose Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. / Pool
Pese a que el millonario rescate de la compañía de Air Europa por la SEPI en 2020 no se juzga en el Supremo, las gestiones realizadas supuestamente por Koldo y Ábalos con Aldama (que trabajaba a sueldo de Globalia en relación con una deuda del Gobierno Venezolano con la compañía aérea) sobrevolarán durante el juicio.
El propio instructor incluyó en su auto de finalización de la instrucción las «las gestiones para la financiación pública» de la aerolínea, sosteniendo que, para promover los intereses de la compañía aérea, la compañía a la que Aldama asesoraba en los momentos de la pandemia, «pudo promover […] la publicación de una nota de prensa» por parte del Ministerio de Transportes «para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública».
Según el auto de procesamiento, a cambio de la difusión por los medios de comunicación de dicha nota de prensa elaborada por el Ministerio de Transportes, «que beneficiaba a Air Europa tranquilizando a sus acreedores al transmitir a estos que aquella iba a obtener determinado respaldo financiero público», Ábalos podría haber obtenido, según concluyó el instructor de esta causa, «el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días –concretamente, del día 12 al 23 de agosto de 2020– cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado l.a ex mujer de Koldo, Patricia Úriz.
Finalmente, se imputa a Koldo la realización de gestiones para lograr una reunión «con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Un encuentro reunión que efectivamente se produjo con el objetivo de lograr el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama, aplazamiento de la deuda tributaria que, en efecto, , se llevó finalmente a término».
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