«Si Silicon Valley cree que vamos a quitarles el trabajo a todos los oficinistas y que vamos a fastidiar al ejército, si no crees que eso va a llevar a la nacionalización de nuestra tecnología, eres un retrasado».
Cuando el pasado marzo Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, cargó abiertamente contra las empresas que, como Anthropic, no quieren plegarse a los dictados de Donald Trump, puso sobre la mesa una pregunta cada vez más repetida dentro de la industria tecnológica. En un escenario en el que la inteligencia artificial es vista como un factor estratégico atado a la seguridad nacional, ¿podría la Casa Blanca nacionalizar a los pesos pesados del sector? ¿Puede el Estado convertirse en el principio rector de la economía, como en China?
Alianza y desregulación
Aunque Estados Unidos ha abanderado durante décadas el capitalismo de libre mercado, el futuro de la tecnología no está determinado exclusivamente por ese modelo. En su segundo mandato, Trump ha convertido la IA en un proyecto político cuyo principal objetivo es «ganar» a toda costa. Para ello, el presidente ha estrechado su alianza con el valle, una relación simbiótica en la que las millonarias donaciones de ejecutivos e inversores tecnológicos se han traducido en cargos de peso que les han permitido marcar la agenda del Gobierno. Sin ir más lejos, la administración trumpista fichó la semana pasada a Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Larry Ellison (Oracle) como sus nuevos asesores.
Influenciado por esas y otras empresas como OpenAI o Google, Trump trató primero de imponer una moratoria de 10 años a los Estados del país para prohibirles regular la IA. Al fracasar, impuso una orden ejecutiva para coaccionarles bajo amenaza de abrir un proceso judicial y retirar su acceso a fondos públicos. Ahora, ha ordenado al Congreso aprobar una ley federal que anule las estatales y dé vía libre a la industria para la construcción de nuevos centros de datos, reduciendo por el camino los permisos medioambientales. La Casa Blanca y Silicon Valley coinciden en ver las normas como un obstáculo en su carrera global contra Pekín.
El magnate tecnológico Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, junto al presidente estadounidense Donald Trump. / Will Oliver / EFE
Más poder para el Estado
Con todo, la agenda trumpista se ha leído como una apuesta por la desregulación. Sin embargo, varios expertos advierten que la implicación de Trump en torno a la IA no debe entenderse a través de los postulados libertarios —libre mercado sin injerencia del Gobierno— que predica, sino como «un gran proyecto gubernamental destinado a concentrar el poder del Estado».
«La prevalencia federal representa una afirmación agresiva de su autoridad que impide la experimentación democrática a nivel estatal (…) y es una forma de regulación que concentra el poder al tiempo que lo aísla de la rendición de cuentas», señala un reciente estudio firmado por Alondra Nelson, exdirectora de política científica y tecnológica del Gobierno de Joe Biden que también ha asesorado al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
La prevalencia federal representa una afirmación agresiva de su autoridad que concentra el poder al tiempo que lo aísla de la rendición de cuentas
Nacionalización de empresas
Sin embargo, la injerencia más visible se articula a través de la propiedad y la inversión. Con Trump al mando, la Casa Blanca ha adquirido una participación del 10% de Intel —destinando casi 9.000 millones de dólares del erario público— para impulsar la compañía y reducir su dependencia exterior. También se ha convertido en accionista de hasta otras ocho empresas privadas de minerales, acero y energía nuclear, fundamentales para la cadena de suministro de la industria tecnológica, según un estudio de The New York Times. La opacidad de esta maniobra inusual despierta temor por «corrupción, favoritismo y distorsión del mercado».
El Gobierno trumpista también está mediando a favor de los intereses de Silicon Valley y exigiendo el pago de una «comisión plus» por sus servicios. En las últimas semanas, ha acordado cobrar 10.000 millones de dólares del grupo de inversores que se ha hecho con el control de las operaciones de TikTok en EEUU y permitir a Nvidia vender sus chips de alta tecnología a China a cambio de hacerse con hasta un 25% de los ingresos que genere.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, acompañados de Elon Musk (X, Tesla, SpaceX) y Jensen Huang (Nvidia). / Win McNamee / AFP
Injerencia indirecta
Otro estudio señala que Trump y su administración están «trabajando de forma proactiva para abrir y asegurar nuevos mercados» para los gigantes de la IA. Esa diplomacia pública para el sector privado, según el investigador Brian J. Chen, se ha traducido en la firma de una orden ejecutiva para promover proyectos de centros de datos como Stargate UAE en Abu Dhabi, en el que participan tanto OpenAI como Oracle.
Nelson también argumenta que el Estado interviene en el mercado tecnológico indirectamente a través de mecanismos que no suelen clasificarse como regulación. Por ejemplo, con la restricción de los visados migratorios (que afectan a científicos y programadores) y con recortes en investigaciones sobre efectos negativos de la IA (desde sus sesgos de raza o género hasta su impacto climático o laboral).
Esa interrelación entre el Gobierno estadounidense y la industria tecnológica explica que, casi de pasada, firmas como la creadora de ChatGPT hayan insinuado que quieren tener el «respaldo» federal para sus inversiones. «¿Qué pasaría si los inversores dejaran de financiar el enorme gasto de OpenAI y esta no pudiera salir a bolsa a tiempo?», se pregunta el analista tecnológico Brian Merchant. «Teniendo en cuenta los intereses actuales y la configuración del Estado, una OpenAI semipública es una posibilidad totalmente plausible».
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