El campo español —y especialmente regiones productoras como la Región de Murcia— vive una paradoja cada vez más difícil de sostener. Se le exige producir con los estándares más altos del mundo, pero con un ‘botiquín’ fitosanitario cada vez más vacío. En ese contexto, el sector reclama un cambio profundo en la estrategia europea, más allá de las medidas puntuales.
Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA Murcia, explica a La Opinión de Murcia que «las autorizaciones excepcionales son como una aspirina: alivian el dolor, pero no curan la enfermedad».
Un sistema fragmentado que genera desigualdad
El problema arranca en el propio sistema de autorizaciones. Aunque existe un marco europeo común, la realidad es que cada país debe registrar los productos de forma individual. «El sistema de autorizaciones de fitosanitarios en Europa funciona por países», explica Antonio Moreno, lo que obliga a las empresas a tramitar expedientes en cada Estado.
Este modelo, además de costoso, genera distorsiones. «Puede haber materias activas autorizadas a nivel europeo, pero no disponibles en España porque no se han registrado aquí», señala el representante agrario. El resultado es una clara asimetría: agricultores italianos o griegos pueden usar productos que sus homólogos españoles no tienen disponibles.
Esa diferencia, subraya, se traduce en «un agravio comparativo dentro del propio mercado único», donde la competencia debería ser homogénea.
Menos materias activas… y más problemas
A esta fragmentación se suma otro fenómeno preocupante: la desaparición progresiva de materias activas. Según Moreno, el «vademécum» fitosanitario se ha reducido más de un 50 por ciento en los últimos años, especialmente desde la pandemia.
No solo por prohibiciones regulatorias, sino por decisiones empresariales. «Las compañías hacen números y, si no les sale rentable renovar el registro en un país, lo dejan caer», explica. En algunos casos, incluso responden a estrategias comerciales: retirar una molécula para sustituirla por otra más nueva… y más cara.
El problema es que esa transición no siempre llega a tiempo. «A veces se equivocan y la nueva materia activa no está lista antes de que desaparezca la anterior», advierte. El resultado: agricultores sin herramientas eficaces.
El precedente de Movento
Un ejemplo reciente que ha generado polémica en el sector es el del producto Movento, de Bayer, el único del mercado capaz de hacer frente a la desastrosa plaga del pulgón que asola miles de hectáreas en la Región de Murcia. Según Moreno, no hay constancia de que su retirada responda a un problema sanitario, sino a una decisión empresarial vinculada al ciclo comercial del producto.
«Lo que sabemos es que se ha dejado caer el registro», apunta. Y añade que este tipo de situaciones responden, en ocasiones, a la lógica del mercado: «Cuando una materia activa pierde exclusividad, deja de interesar».
Sin embargo, la alternativa no siempre está disponible. «Si la nueva molécula se retrasa, el agricultor se queda sin nada», advierte. Un escenario que el sector considera cada vez más frecuente.
La reducción de herramientas fitosanitarias no solo limita las opciones, sino que agrava otro problema: las resistencias. «Las pocas materias activas que quedan se usan más intensivamente y generan resistencias en las plagas», explica Moreno.
El resultado es un círculo vicioso: menos productos, menor eficacia y mayor presión sobre los cultivos. «Nos estamos quedando sin herramientas», insiste.
Plagas como el pulgón, la tuta absoluta en tomate o incluso la araña roja ilustran este escenario. En algunos casos, tratamientos que antes funcionaban han dejado de ser eficaces, obligando a buscar soluciones cada vez más complejas.
Más allá de la urgencia: un cambio de modelo
Ante esta situación, el sector tiene claro que no basta con medidas puntuales. Las autorizaciones excepcionales —limitadas a 120 días— son necesarias, pero insuficientes.
La propuesta pasa por tres grandes ejes. El primero, un registro único europeo que evite duplicidades y garantice igualdad de condiciones. «Si un producto pasa los filtros más exigentes, debería valer para todos los países», defiende Moreno.
El segundo, avanzar en el reconocimiento mutuo por zonas climáticas. «Si tenemos la misma agricultura en el sur de Europa, no tiene sentido que un producto esté autorizado en Italia y no en España», argumenta.
Y el tercero, apostar decididamente por la investigación y la transición hacia alternativas biológicas.
Biotecnología sí, pero con respaldo
El sector no rechaza el cambio hacia modelos más sostenibles, pero advierte de que debe hacerse con garantías. «La sociedad no quiere fitosanitarios, y esa es la tendencia, pero no podemos eliminar herramientas sin tener sustitutos reales», señala Moreno.
Las soluciones biológicas —microorganismos, control natural de plagas— ya existen, pero requieren tiempo, conocimiento y adaptación. «No son como un químico: funcionan a medio plazo y requieren tratamientos preventivos», explica.
Además, implican un riesgo económico que muchos agricultores no pueden asumir solos. «No puede ser que el agricultor haga de conejillo de indias», critica. Por eso reclama un papel más activo de la administración: ensayos, validación y transferencia de resultados. «He tenido pérdidas de cosecha por ensayo y error», reconoce, tras años probando soluciones biológicas. «Ese trabajo debería hacerlo la administración».
Para impulsar estos cambios, el sector se coordina a nivel internacional. A través del Comité Mixto de frutas y hortalizas —que reúne a España, Francia, Italia y Portugal— se trasladan propuestas conjuntas a las instituciones europeas. «Elevamos conclusiones y exigimos que se trabajen en la Unión Europea», explica Moreno. Una vía clave para que las demandas del campo lleguen a Bruselas con mayor peso.
