Gonzalo Fraga es el inspector jefe de Asuntos Internos (UAI) de la Policía que desde su adscripción al caso Tándem o caso Villarejo se metió en un laberinto que con tenacidad e inteligencia logró iluminar hasta donde era posible hacerlo. El 20 de abril de 2020, Fraga, después de examinar los mensajes del teléfono móvil de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad -y antes jefe de gabinete del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz-, aportó todos los indicios que llevaron el 4 de septiembre a Ignacio Stampa y Miguel Serrano, miembros de la Fiscalía Anticorrupción, a solicitar la imputación de la exministra y exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y su marido de entonces, el empresario Ignacio López del Hierro.
El escrito de los fiscales incorporaba en uno de sus puntos lo que el bisturí de Fraga había detectado: una guía con los apodos utilizados en lo que emergía como una banda integrada por policías, políticos y abogados.
He aquí el dramatis personae:
-Cospedín/Andy: Andrés Gómez Gordo (Comisario)
-Gordo/Big/Talla: Enrique García Castaño (Comisario)
-Cocinero/K 2: Sergio Ríos Esgueva (Chófer)
-Pepelu/Oli: José Luis Olivera (Comisario)
-Choco/Paco: Francisco Martínez (Secretario de Estado de Seguridad)
-Cospe: María Dolores de Cospedal (exsecretaria general del PP, ex ministra de Defensa)
-Polla: Ignacio López del Hierro (esposo de Cospedal, empresario)
-Largo: Javier Iglesias (Abogado de Gemma Alcalá, esposa de Villarejo)
-Pequeñita: Soraya Sáenz de Santamaría (exvicepresidenta del Gobierno)
-Asturiano/Barbas: Mariano Rajoy (Presidente del Gobierno durante la operación Kitchen 2013-2016).
Las conversaciones entre estos personajes -a los que hay que añadir al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, al comisario José Manuel Villarejo, y a los inspectores Miguel Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano- reflejan los movimientos de la Planta Noble del CNP y del Ministerio del Interior tendentes a conseguir un material comprometedor para el PP y para el presidente del Gobierno, en poder de Luis Bárcenas.
En particular, hay dos audios entre Martínez y Villarejo de interés. Pero el que interesa aquí es uno de ellos, del 4 de marzo de 2014, de 37 minutos, y 40 segundos, Villarejo le narra el contacto que ha mantenido con la persona a la que se refiere como el Asturiano.
El caso, pues, era una bomba de relojería. Para más inri, las reuniones sistemáticas entre Cospedal y Villarejo estaban registradas escrupulosa, casi religiosamente, en las agendas de Villarejo. Se conocían desde 2009. Cospedal le había contratado para ayudarle a desactivar la causa Gürtel. Ahí está el audio correspondiente. Y había material de Villarejo todavía pendiente de desencriptar.
La prisa de García-Castellón en cerrar el caso era manifiesta. No quería más diligencias. Pero tablas no le faltaban. No podía archivar la causa contra Cospedal sin hacerla pasar por el trago de ser imputada.
El 29 de julio de 2021, el juez transformó las diligencias en procedimiento abreviado. Procesó a once personas.
Y archivó la causa para Cospedal y para su marido de entonces, sin informar, como era costumbre, por cortesía, a los fiscales, sobre lo que iba a resolver.
Dejó una frase célebre para dar cuenta de las múltiples reuniones y contactos -todavía no se conocían en su totalidad- entre Cospedal y Villarejo: “No se puede criminalizar el derecho de reunión”.
Los fiscales -sobre todo Miguel Serrano, porque Stampa ya había sido apartado del caso Tándem, elaboraron un recurso de noventa folios ya pusieron boca arriba las cartas.
“La trama política”, decían, no se quiere investigar.
“Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido una inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. `Kitchen en la instrucción no es más que esto´se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que ya se conocían al inicio de la formación de la presente pieza separada número siete”.
Y profundizaban: “El procedimiento se quiere artificialmente delimitar en el ámbito del Ministerio del Interior…[pero] esto no implica que las posibles responsabilidades penales fuera de ese ámbito, en concreto del presidente del Gobierno [Mariano Rajoy, llamado entre los imputados el Asturiano o el Barbas] y de los dirigentes del Partido Popular no constituyan objeto del procedimiento. Ni tampoco que esta hipótesis que con las diligencias se solicitaban [sobre cinco teléfonos móviles, aportados por Villarejo] se encuentre [como dice el juez García-Castellón] vacía de soporte indiciario”.
Que Fernández Díaz comunicaba a Rajoy las operaciones afloró en sus conversaciones con el director de la Oficina Anti Fraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en octubre de 2014. “El presidente [Rajoy] lo sabe”, confió el ministro después de explicarle que intercambiaba el contenido de sus operaciones con el presidente del Gobierno.
Que Fernández Díaz lo negaría todo siempre, también había quedado claro cuando negó todo contacto con Villarejo, según una grabación conocida con posterioridad -junio de 2022- que reflejaba una conversación celebrada en el Ministerio del Interior, entre el ministro, el comisario Eugenio Pino, director adjunto Operativo, y el comisario Villarejo. El tema, entonces, miércoles 12 de diciembre de 2012, era la Operación Cataluña, es decir, las maniobras contra Jordi Pujol.
-Ministro: Para su información, esta conversación no ha existido ¿vale?
-Villarejo: No ha existido, por supuesto.
-Ministro: El ministro no sabe nada del tema.
-Villarejo: No sabe nada, no.
-Ministro: Y estamos entre caballeros, ¿está claro? Por tanto, esta conversación no ha existido. A partir de ahí, ¿estamos en condiciones de judicializarlo en la Audiencia Nacional?
-Villarejo: Yo creo que sí.
-Ministro: El ministro no sabe nada,¿eh? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido.
Por lo que se refiere al juez Manuel García-Castellón, el gobierno de José María Aznar le nombró magistrado de enlace en París el 26 de mayo de 2000, a propuesta de los ministros de Justicia Ángel Acebes y de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en un real decreto que firmó…Mariano Rajoy, vicepresidente primero del gobierno.
Y tras once años y medio en París, el 23 de marzo de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy, a propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, le nombró magistrado de enlace en Roma, donde ocupó el cargo hasta primeros de junio 2017, mediante un decreto firmado por Soraya Sáenz de Santamaría.
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. Tanto la movilización de hasta setenta policías en busca de los pendrives secretos del extesorero Luis Bárcenas, como la guerra sucia político-judicial contra Podemos, partido que paradójicamente es el hacedor de la teoría de las cloacas hasta el día de hoy, y por último, la Operación Cataluña, fueron acciones oficiales, no extraoficiales o parapoliciales, como pudo ser, aunque solo parcialmente, el GAL bajo el gobierno de Felipe González){kind=link}