La causa de la dana se ha convertido en una partida de ajedrez. El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha aprovechado el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), que descartó la existencia de indicios incriminatorios contra él, para redoblar la apuesta de la jueza, que le citó a declarar en calidad de testigo. Convencido de que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra le ha estado investigando de facto, y teniendo en cuenta que deberá ir a declarar, su petición de personarse es una apuesta casi segura: sea cual sea la resolución definitiva, el exjefe del Consell no tiene mucho que perder.
La citación como testigo acordada por la magistrada y que sigue a la espera de fecha le obliga a decir verdad en el interrogatorio so pena de incurrir en delito de falso testimonio y a no esquivar las preguntas, no solo de la magistrada sino también del fiscal y los abogados de la cuarentena de acusaciones personadas en la causa, buena parte de las cuales han intentado llevar la investigación contra la figura del exdirigente popular, todavía diputado en Les Corts y, en consecuencia, aforado.
Ante este panorama, la estrategia con la que ha respondido el abogado de Mazón, Ignacio Gally, aunque algunos la califican de precipitada, parece ser una mano ganadora. El rechazo de la jueza, si deviene firme por la Audiencia Provincial, supone reafirmar su posición de testigo, y la defensa considera que deberían anularse las pesquisas que giran en torno a su figura. Pero no solo eso: además, dificultaría bastante una futura imputación de Mazón.
Al final, si declara como testigo está obligado por ley a una declaración verídica, incluso a confesar contra sí mismo si se diera el caso. Una circunstancia que podría vulnerar el derecho a la defensa del todavía diputado del PP y expondría la causa a futuras nulidades. Varios abogados de la causa defienden esta tesis: con el pronunciamiento a su favor del TSJCV y tras ser interrogado como testigo, serían necesarias pruebas muy evidentes y determinantes para plantear de nuevo su imputación. De modo que, en el peor de los casos, el expresident no podría escabullirse en el interrogatorio como testigo pero se blindaría todavía más ante otro eventual intento de declararlo investigado.
Ahora bien, tampoco hay que dejar de lado que ni la jueza ni el TSJCV descartan al cien por cien la posibilidad de encontrar nuevos indicios contra Mazón. Es más, la magistrada está pendiente de respuesta sobre una comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para recuperar los mensajes borrados del jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y el expresident. Podrían ser reveladores en este sentido. Esta es, de hecho, una de las pesquisas que busca impugnar Mazón porque apaunta a su incierta intervención en el envío o retraso del ES Alert. En esa línea, tanto el alto tribunal como la jueza sostienen que «no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales» de Mazón. Y la sala del TSJCV dejó claro que el archivo para él no significaba que el juzgado debiera paralizar la causa sino que debía «proseguir para resolver con libertad de criterio».
En cualquier caso, el abogado recurrirá la negativa de la jueza a la personación ante la Audiencia Provincial y expondrá las diligencias practicadas que, a su juicio, investigan directamente la actuación de Mazón. Si así lo considera la sala, avalaría la postura del extitular del Gobierno valenciano. Y en este supuesto, también saldría ganando porque su personación se haría bajo una figura muy poco explorada en un aforado, que se considera como de ‘preinvestigado’, y que le otorgaría las garantías de cualquier otro investigado: acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones -como hizo la exconsellera investigada, Salomé Pradas– o, quizá el valor más preciado, el derecho a mentir en defensa propia.
También podría tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir los acuerdos de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente. Esa es una arma esencial teniendo en cuenta que el alicantino se considera objeto de la instrucción pese a estar aforado. Desde dentro, podría defenderse. Así pues, son varios los letrados que ven en esta jugada un ‘win-win’ aunque está por ver, sin embargo, si esta calificación de ‘preinvestigado’ podría tener consecuencias más adelante.
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