La dirección del Partido Popular (PP) está ansiosa por cerrar un acuerdo en las Comunidades Autónomas (CCAA) en las que se han celebrado elecciones en los últimos meses para alzarse con los gobiernos y poder centrar todas sus fuerzas en los comicios de Andalucía, que se celebrarán el próximo 17 de mayo. Extremadura es el territorio que más urge a Génova 13, al ser en el que más tiempo llevan demorándose las negociaciones con el socio de extrema derecha, que aprieta para conseguir el máximo espacio.
María Guardiola, líder del PP en Extremadura, no gusta a Vox y los conservadores han mandado hasta Mérida al hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, llegaba la pasada semana a la capital extremeña para negociar con los pesos pesados ultraderechistas (Montserrat Lluís, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero) y avanzar la investidura. “Buena sintonía”, reconocieron las partes, pero ningún acuerdo definitivo. Si bien los de Santiago Abascal, poco a poco, van consiguiendo que Génova compre sus tesis, que han quedado plasmadas en un comunicado.
“Seguridad en las calles. Vivienda accesible. Fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos. Prioridad de los españoles en sanidad. Fin de Mercosur y el Pacto Verde. Fin de las políticas de sustitución demográfica. La familia en el centro de todas las políticas. Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030. Reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria. Fin del adoctrinamiento en las aulas. Rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa”, han relatado los ultras.
El racismo sanitario es una de las últimas banderas izadas por Vox ante las que el PP ha agachado la cabeza. Prueba de ello es que, mientras se desarrollan las negociaciones, Feijóo y sus diputados se abstuvieron ante una moción presentada por los extremistas en el Congreso de los Diputados. El texto no salió adelante, pero el sentido de voto de los conservadores fue un guiño claro. Sus declaraciones posteriores, reconociéndose contrarios a la sanidad universal para todas las personas, terminaron por certificar el viraje.
“El Gobierno no ceja en su empeño de destruir nuestro sistema sanitario con su política de puertas abiertas a la inmigración masiva […] Esta invasión migratoria está provocando el regreso de enfermedades contagiosas erradicadas desde hace años en España como el sarampión y fenómenos culturales totalmente ajenos a nuestra sociedad occidental como la mutilación genital femenina”, recogía la moción con la que Vox, la formación que ha dado cabida a los antivacunas y que se ha posicionado sistemáticamente en contra de las medidas que caminan hacia una igualdad de género efectiva.
Con la moción, Vox pretendía atacar a la ministra de Sanidad, Mónica García, pero también obligar al PP a posicionarse. Feijóo ha dado el paso y ha dejado constancia de que retirar la sanidad a las personas migrantes, permitiendo tan solo que sean atendidas de urgencia en los hospitales, es una exigencia que está más que dispuesto a cumplir. Asimismo, con su abstención, Génova evita desvincularse de las tesis conspirativas y xenófobas de sus socios.
“Establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general, y atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital; y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles”. Esta es la exigencia de Vox, que haciendo uso de la sanidad reclama la expulsión de los migrantes. “El acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización”, añaden los de Abascal, evitando extender este requisito a los nacionales para no dañarse a sí mismos.
Si el PP camina en esa dirección se verá próximamente. En todo caso, ideológicamente ya han transigido y lo discursivo, como otros de los ámbitos político, es importante. La sanidad, cuyas competencias están atribuidas casi en su totalidad a las CCAA, está siendo desmantelada por los gobiernos neoliberales, en favor de una privada regada de dinero público y con familiares y parejas de barones del PP a sueldo. Pero la culpa de la degradación del servicio público, según el tándem de Vox-PP, es de los migrantes.
