-Nació en Son Servera en 1985 y ha recorrido medio mundo formándose. ¿Qué significa para una mallorquina asumir una responsabilidad de Estado tan sensible como es el Plan Nacional sobre Drogas?
-Para mí representa un hito fundamental en mi carrera profesional. Mi formación empezó en Barcelona, en Farmacia, y luego me especialicé en Salud Pública, donde hice el doctorado en Medicina. Toda mi trayectoria investigadora la he dedicado a la epidemiología, centrándome en los determinantes del consumo de alcohol y tabaco y en la evaluación de políticas. Siempre tuve la inquietud de que la investigación que realizábamos no se quedara en el papel, sino que sirviera para mejorar la salud de la población. Para lograrlo, necesitamos las mejores políticas posibles, y estas deben estar basadas en la evidencia científica. Considero que la incidencia política es clave; mi trayectoria me ha traído hasta aquí y ahora tengo la oportunidad de trabajar desde dentro. Es el reto de diseñar políticas con un enfoque de derechos humanos, género y equidad, aplicando todo lo que nos dice la literatura científica.
-Sustituye a Joan Ramón Villalbí tras una etapa marcada por la gestión pospandemia. ¿Cuáles son las prioridades que ha marcado en su agenda para sus primeros meses?
-El objetivo principal es el diseño de la nueva Estrategia Nacional de Adicciones y sus planes de acción. La estrategia actual, del 2017 al 2024, sigue vigente hasta que el Consejo de Ministros apruebe la nueva. Debemos analizar qué ha funcionado y detectar las prioridades actuales. En el ámbito legislativo, la prioridad absoluta es que se apruebe la Ley de Alcohol y Menores. Actualmente está en trámite parlamentario como proyecto de ley. Desde la Delegación estamos velando por su avance y analizando las enmiendas; es una herramienta fundamental. Otra de las prioridades que tenemos es el tema de las nuevas sustancias psicoactivas que están entrando en el mercado; además, nos preocupa, de cara a la nueva estrategia, la perspectiva de género. También queremos expandir los programas de prevención basados en la evidencia. Las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las competencias para elegir sus programas, pero desde el PNSD queremos coordinar y fomentar aquellos que ya han demostrado su eficacia mediante evaluaciones, además de promover la evaluación de los que aún no la tienen.
-Ha mencionado la vigilancia de nuevas sustancias. ¿Debemos estar alerta?
-Es otra de nuestras prioridades. Estamos monitorizando la entrada de nuevas sustancias psicoactivas con un alto potencial adictivo y destructivo. Aunque ahora mismo no representan una alarma social o de salud pública, porque no predominan en el mercado, debemos estar preparados. Lo hacemos a través del Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT), analizando aguas residuales, jeringuillas e información de ONG, Policía y el Instituto Nacional de Toxicología.
-Ha destacado la perspectiva de género. ¿Por qué es tan urgente este enfoque en las adicciones?
-Porque existen barreras invisibles pero muy reales. Los datos nos dicen que, aunque los consumos de las mujeres están igualándose a los de los hombres en algunas sustancias, ellas acceden mucho menos a los tratamientos. Hay una dificultad de acceso que debemos superar. Además, es crucial coordinar el abordaje de la violencia de género con las adicciones. A menudo, las mujeres con adicciones han sufrido violencia. Si acuden a un centro de violencia de género, a veces falta formación para tratar la adicción; si van a la red de adicciones, falta capacidad específica para abordar la violencia. Queremos que ambos sistemas se hablen y trabajen de forma conjunta.
Habrá intereses que intenten frenar la ley del tabaco, pero se avanzará sin titubeos
-Habla de cronicidad en personas mayores.
-Tenemos un colectivo de personas, muchas de las cuales empezaron con la heroína en los años 80, que hoy presentan un envejecimiento prematuro y problemas de salud crónicos. Es un reto asistencial nuevo. Como también lo es la situación en las prisiones. Nos preocupa mucho qué pasa con la continuidad del tratamiento cuando una persona con adicciones recupera la libertad.
-Es experta en control del tabaquismo. ¿cómo valora que la Conselleria de Salud pasara de oponerse a prohibir fumar en terrazas a recular y aceptar la medida meses después? ¿Es una victoria de la salud pública o falta de coherencia política?
-Aunque el tabaco se lidera desde la Dirección General de Salud Pública y no directamente desde esta Delegación, colaboramos estrechamente. Como experta, le diré que cualquier avance en espacios libres de humo es positivo. Durante la pandemia se prohibió fumar en terrazas y luego muchas comunidades retrocedieron. Desde la salud pública sabemos que no hay un nivel de exposición seguro al humo ambiental. El derecho del fumador no puede prevalecer sobre el derecho del no fumador a proteger su salud. Estas medidas, junto al aumento de impuestos y la prohibición de publicidad, son las que consiguen desnormalizar el consumo. Volver atrás es un retroceso. Debemos proteger a los colectivos vulnerables y a los trabajadores de la hostelería.
-Balears aceptó la prohibición nacional, pero la calificó de «descafeinada». ¿Veremos medidas más duras bajo su mandato?
-Entiendo perfectamente esa sensación de que nos quedamos cortos. Es importante poner en contexto que, durante la pandemia, Balears fue una de las comunidades pioneras en proteger las terrazas como espacios libres de humo. Fue un avance natural dictado por la emergencia sanitaria que nos demostró algo fundamental, que la sociedad está mucho más preparada para estos cambios de lo que a veces creen los políticos o los sectores económicos. Como delegada, pero sobre todo como investigadora que ha dedicado años a evaluar políticas de control del tabaquismo, mi postura es clara: no hay retroceso justificado en salud pública. Aunque la normativa del tabaco recae formalmente en la Dirección General de Salud Pública, mi papel desde la Delegación del Gobierno es de máximo impulso y colaboración técnica. No se trata de ser duros por capricho, sino de ser coherentes con la evidencia científica. El anteproyecto de ley de tabaco estatal incluye medidas valientes, como ampliar los espacios exteriores libres de humo. Nuestro objetivo es que llegue a proyecto de ley y se apruebe. Sabemos que hay intereses detrás que intentan frenarlo, pero la prioridad del Ministerio y de esta Delegación es avanzar sin titubeos.
Los espacios libres de humo desnormalizan el consumo y protegen a la población de la exposición al humo
-El consumo de ketamina ha subido mucho en Mallorca, un 300%, ¿le preocupa este dato? ¿se está trabajando para paliarlo?
-Nosotros vigilamos todo, pero hay que ser cautos. Nuestras encuestas nacionales muestran que el consumo de sustancias como la ketamina o el MDMA sigue siendo residual, con prevalencias por debajo del 2%. No detectamos esa alarma de forma extendida en los indicadores generales. Donde sí estamos actuando preventivamente es con los opioides sintéticos, como el fentanilo o los nitacenos. No tenemos una epidemia como la de Estados Unidos, pero estamos lanzando un proyecto piloto de naloxona intranasal en Cataluña, Madrid y Bilbao. Se trata de distribuir este fármaco en centros de reducción de daños para que los propios usuarios o acompañantes puedan revertir una sobredosis de forma inmediata.
-Más allá de las sustancias, las adicciones comportamentales, como el juego online o las pantallas preocupan cada vez más. ¿Cómo se integran estas ‘drogas sin sustancia’ en el Plan Nacional?
-Ya están integradas desde la estrategia de 2017. En la última encuesta vimos datos preocupantes, entre otros que el uso problemático de redes sociales en adolescentes está en torno al 15%, siendo mucho mayor en chicas. En cambio, en el juego online y el uso problemático de pornografía, que es de un 7%, los protagonistas son mayoritariamente los chicos. Estamos financiando líneas de investigación específicas y desarrollando guías para familias y escuelas que ya están en nuestro Portal de Buenas Prácticas. Aunque la normativa de juego la lleva Ordenación del Juego, nosotros apoyamos cualquier regulación que prevenga la adicción.
-Balears tiene una idiosincrasia propia por el ‘turismo de excesos’. ¿Habrá una colaboración específica con el Govern para abordar el consumo de drogas en zonas de ocio masivo este próximo verano?
-El consumo de alcohol está muy normalizado en nuestra cultura, y eso se ve agravado por determinantes comerciales. Tenemos alcohol muy barato y accesible a todas horas, lo que fomenta el ‘turismo de botellón’, ya que en otros países europeos los impuestos son mucho más altos. Para este verano y de cara a la nueva estrategia, queremos potenciar y expandir los programas de ocio seguro que hayan demostrado eficacia real. No basta con hacer campañas, hay que aplicar lo que funciona.
El uso problemático de redes sociales en adolescentes ya está en el 15%, y es mayor en chicas
-El acceso a la salud mental parece ser la gran asignatura pendiente. ¿Es posible reducir el consumo de drogas sin una red de salud mental pública robusta que trate con garantías la ‘patología dual’?
-No solo es una asignatura pendiente, sino que es uno de los ejes vertebrales de la nueva Estrategia Nacional de Adicciones que estamos diseñando. La realidad clínica nos dice que la separación estanca entre problema de adicción y trastorno mental es, en muchos casos, artificial. El gran reto que tenemos sobre la mesa es superar la fragmentación del sistema. Históricamente, en España, la red de atención a las adicciones y la red de salud mental han caminado por senderos paralelos, a veces incluso con financiaciones y dependencias administrativas distintas. Esto genera lo que llamamos ‘el síndrome de la puerta equivocada’. Para nosotros es fundamental que el abordaje sea conjunto y simultáneo. No podemos esperar a que una patología se resuelva para tratar la otra porque se retroalimentan. Por eso, mi prioridad es mejorar la coordinación técnica y los protocolos de derivación. Debemos garantizar que, independientemente del punto de entrada al sistema sanitario, el profesional tenga la formación y las herramientas para detectar esa dualidad y ofrecer una atención integral. Además, esto no va solo de voluntad política, sino de recursos. Una red robusta significa tener equipos multidisciplinares, como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeros especializados, que entiendan que la adicción es, en sí misma, una enfermedad mental crónica y recidivante con bases neurobiológicas claras. Si no reforzamos la salud mental pública, especialmente tras el impacto emocional de la pandemia que ha disparado los cuadros de ansiedad y depresión, estaremos fallando en la base del problema. La patología dual es la norma, no la excepción, y así debemos tratarla en las políticas de Estado.
-Ya para terminar, si tuviera que elegir un solo hito para su mandato, ¿cuál sería?
-Sin duda, lograr la aprobación de la Ley de Alcohol y Menores y sacar adelante la nueva Estrategia Nacional de Adicciones. Esos dos pilares marcarán el futuro de la salud pública en España en los próximos años.
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 Lidera este cargo desde hace medio año con la mirada puesta en la evidencia científica y la prevención){kind=link}