El Gobierno y la Iglesia han alcanzado un acuerdo histórico para poner en marcha un protocolo destinado a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos están prescritos o no pueden llegar a los tribunales, un grupo que representa la mayoría de los afectados. La firma oficial tendrá lugar este lunes a las 11:00 en la sede del Defensor del Pueblo y contará con la participación de Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo; Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, según informaron los organismos implicados en un comunicado conjunto.
Este protocolo busca reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Su presentación, prevista inicialmente para el 19 de marzo, se aplazó para resolver algunos detalles pendientes, aunque desde la Iglesia confiaban en cerrar el acuerdo en cuestión de semanas.
El mecanismo se enmarca en el pacto histórico firmado en enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia de Españoles Religiosos, que estableció una nueva vía de reparación para casos que no pueden ser tramitados judicialmente. Las solicitudes se gestionarán a través del Defensor del Pueblo y el coste de las compensaciones será asumido por la Iglesia.
Sistema mixto Iglesia-Estado
En 2024, la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva), destinado a atender a quienes no podían recurrir a la justicia por prescripción de los delitos o fallecimiento del agresor. Sin embargo, muchas víctimas se mostraron reacias a acudir a la comisión creada por la propia Iglesia, lo que llevó a diseñar un sistema mixto que combina gestión estatal e intervención eclesial.
Desde la Conferencia Episcopal subrayaron que este proceso es complementario al plan Priva, no un reemplazo. “Una persona que ya ha participado en Priva no puede iniciar ahora este procedimiento del Gobierno; se trata de una puerta nueva para quienes aún no tenían acceso a reparación”, señalaron fuentes consultadas por EFE.
Este punto, que inicialmente estaba pendiente de definición, queda ahora aclarado: el Defensor del Pueblo remitirá sus propuestas a Priva, que las evaluará antes de emitir un informe final. De esta manera, se evita que quienes ya aceptaron el dictamen del plan Priva, aunque no estuvieran conformes con la reparación recibida, puedan presentar una segunda reclamación ante el Defensor del Pueblo.
Funcionamiento del nuevo mecanismo
El procedimiento establece que la víctima debe iniciar la solicitud ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución elaborará una propuesta de resolución y, si procede, de reparación, que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual o económica, según lo que solicite la víctima.
La propuesta se enviará a la comisión asesora del plan Priva, que evaluará la propuesta y emitirá un informe. Si existe conformidad entre la víctima y Priva, la decisión será definitiva y la compensación será asumida por la Iglesia.
Si no hay acuerdo por parte de la víctima o de Priva, se constituirá una Comisión Mixta, con participación de asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un consenso unánime. En caso de persistir el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo quien adopte la resolución final.
