El Senado ya tiene plan de trabajo para su nueva comisión de investigación, en esta ocasión sobre la tragedia de Adamuz, en la que murieron 46 personas, apenas unas horas antes de que otro accidente ferroviario en las Rodalies de Cataluña acabase con la vida de un maquinista en prácticas.
La Cámara Alta abordará la crisis de la red ferroviaria centrando sus dianas políticas en Óscar Puente, José Luis Ábalos, Koldo García e Isabel Pardo de Vera.
Así, toda la cúpula del Ministerio de Transportes durante la etapa de Pedro Sánchez será interrogada, según el plan de trabajo, anunciado este viernes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Los cuatro, junto con Raquel Sánchez, la otra ministra de Fomento en los años del sanchismo y de «la corrupción sistémica» en Transportes, deberán comparecer ante los senadores para dar cuenta sobre las causas de la tragedia de Adamuz.
Pero, más a fondo, «sobre el deterioro general del sistema ferroviario desde 2018», cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Y es que el objetivo declarado del PP es político: relacionar «el deterioro de los servicios públicos» con las «mordidas y amaños» en Transportes y con la «falta de Presupuestos» desde 2022.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha presentado este viernes el plan de trabajo, coincidiendo con el inicio de la operación salida de Semana Santa. Y lo ha hecho en un contexto de fuerte «malestar social» por la suspensión de servicios de alta velocidad y los problemas en Cercanías.
«España ha pasado de ser un referente internacional en materia ferroviaria«, ha lamentado García, «a ser motivo de preocupación y también de indignación». Para la portavoz popular en el Senado, hemos pasado de «un sistema seguro, puntual, fiable, eficiente, que era motivo de orgullo» a una situación de «caos» y «tragedias inexplicadas».
A su juicio, «los españoles pagan más impuestos que nunca y reciben peores servicios públicos», con «presas del siglo pasado, tramos de tren cerrados de manera injustificada y carreteras impracticables«.
El PP sitúa la responsabilidad en la sucesión de ministros elegidos por Pedro Sánchez en sus años en Moncloa: «Esto tiene un responsable directo: el Gobierno de Pedro Sánchez, Óscar Puente y José Luis Ábalos«, subraya García.
El plan de trabajo
La mayoría absoluta del PP en el Senado le permite fijar el perímetro de la investigación. El plan incluye un paquete masivo de documentación para reconstruir, paso a paso, qué se hizo y qué se dejó de hacer en la línea Madrid-Sevilla y en el tramo de Adamuz.
Los senadores reclamarán «todas las comunicaciones que se produjeron el día del accidente». También «toda la documentación de las obras ejecutadas» en el tramo accidentado, las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea sobre el uso de fondos de la UE y «los informes remitidos a los juzgados sobre contratos amañados en Adif«.
Además, la comisión requerirá «todos los expedientes que justifican los cambios de velocidad» en los distintos tramos de la red.
Se trata de conocer cuándo se impusieron limitaciones temporales de velocidad, por qué causas y qué decisiones se adoptaron después sobre mantenimiento y seguridad.
«Hemos registrado un plan de trabajo muy ambicioso. Vamos a seguir el rastro del dinero hasta el final. Vamos a pedir toda la documentación, sin excepciones. Vamos a reconstruir cada decisión. Una por una», ha resumido García.
«Cuando ocurre una tragedia, lo mínimo exigible es transparencia total. Y aquí no la ha habido», ha añadido.
Interrogatorios
En ese marco, Puente tendrá que explicar tanto la gestión de la crisis como el estado actual de la red. El PP quiere que el ministro detalle cuándo recibió las primeras alertas sobre problemas de seguridad en el AVE Madrid-Sevilla y en el tramo de Adamuz, y qué decisiones concretas adoptó.
García le retrata como un responsable más volcado en el relato que en la gestión. «Más centrado en el relato que en la gestión, más atento a las redes sociales que a la red ferroviaria«, le afea, antes de advertirle de que «no va a poder esconderse ni eludir su responsabilidad».
Los trabajos también pondrán el foco en la etapa de Ábalos al frente del ministerio. Los populares quieren ligar el deterioro de la seguridad ferroviaria al modelo de inversión, la prioridad dada a la obra nueva frente al mantenimiento, «para amañar contratos», y las decisiones sobre externalización de servicios clave.
El discurso de García vincula esa etapa con el estallido de los casos de corrupción. «El sanchismo convirtió el Ministerio de Transportes en la sucursal de su corrupción«, denunció, aludiendo a «obras públicas para pagar mordidas», altos cargos imputados y un exministro en la cárcel.
La figura de Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado, se enmarca en la parte más técnica de la investigación. La comisión quiere que explique el estado real de la red, las decisiones sobre obras y renovaciones en la LÍNEA Madrid-Sevilla y la supresión de estructuras de emergencia en la empresa pública.
García enmarca su comparecencia en un patrón de actuación del Ejecutivo.
«Primero, desprecia las alertas, en este caso de los maquinistas. Después, se esconden y no asumen responsabilidades. Y finalmente, mienten e intentan ocultar pruebas para que no se sepa la verdad», advirtió, citando la retirada de vías sin autorización judicial.
La comparecencia de Koldo García, exasesor de Ábalos y ex consejero de Renfe, conectará la crisis ferroviaria con la presunta corrupción en contratos públicos.
El Senado quiere esclarecer qué papel real jugó en la adjudicación de contratos y en los negocios turbios que lo mantienen en prisión junto a su exjefe, y que también investiga la Fiscalía Europea.
Para los populares, el ministerio se convirtió en un «cajero para pagar los vicios de ministros y altos cargos» y en un agujero negro para los fondos europeos.
«Las instituciones europeas ya han iniciado una investigación, y no lo hacen de manera rutinaria , como se excusó Puente, sólo investigan si observan indicios delictivos», subrayó la portavoz del PP.
Papeles y más papeles
La batería de requerimientos documentales será clave para ese frente. La comisión pedirá una ingente cantidad de papeles a todas las instituciones concernidas.
Por un lado, los informes de la Intervención General del Estado sobre contratos de Adif y Adif Alta Velocidad, las diligencias de la Fiscalía Europea y todos los expedientes de obra y supervisión en el tramo de Adamuz.
Con esa información, los senadores aspiran a cruzar todos los datos entre contratos, modificaciones al alza, controles de calidad de soldaduras y decisiones sobre mantener el servicio mientras se ejecutaban las obras.
El objetivo es determinar si la búsqueda de rentabilidad política y económica sacrificó la seguridad de la línea.
Pero el PP quiere, además, abrir el foco más allá de Adamuz. El plan habla de un «deterioro estructural de la red» desde 2018, con más descarrilamientos, más incidencias graves y peores indicadores de seguridad que otros países europeos.
Ahí entran también los usuarios y las víctimas. «Los familiares de las víctimas merecen saber la verdad de lo que pasó en Adamuz y Barcelona; por qué murieron 47 personas. Y los españoles merecen saber que esto no volverá a ocurrir«, sostiene García.
La comisión, recuerda la portavoz, no juzgará delitos, sino responsabilidades políticas y fallos de gestión. Pero el PP no cierra la puerta a consecuencias penales si afloran indicios suficientes.
«España no puede permitirse ni un sistema ferroviario que falle ni un Gobierno que no responda», sostiene Alicia García. «Y si al terminar los trabajos encontramos indicios de delito, que nadie lo dude: lo llevaremos a la Fiscalía«, remató.
