El Gobierno reducirá a partir de mediados de abril la jornada laboral de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) a 35 horas semanales. Así lo ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, este viernes en un acto organizado por ‘eldiario.es’. El recorte horario afectará a unos 250.000 trabajadores, de la Seguridad Social, el Sepe, los ministerios u otros organismos estatales, empezará a aplicarse a partir de mediados de abril y puede generar un efecto cascada en aquellos ayuntamientos que todavía no han reducido por su cuenta la jornada de sus empleados.
El Ejecutivo está cerrando las negociaciones este viernes con CCOO, UGT y Csif para revertir la ampliación horaria que viene rigiendo desde 2012, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en pleno contexto de recortes, aumentó la carga horaria de los funcionarios de las entonces 35 horas semanales hasta las 37,5 horas.
López dará cumplimiento a mediados de abril, pues falta por rubricar la instrucción que dará aplicación a la norma, a un compromiso que tenía firmado el Gobierno pero pendiente de aplicar desde hace cuatro años. En 2022, UGT y CCOO -entonces sín el ‘ok’ de Csif- cerraron un acuerdo de varias patas. Una era la salarial, con incrementos a varios años que recién se renovaron el año pasado. Otra pata era recuperar la posibilidad de acceder a la jubilación parcial en la Administración, algo que tampoco se había cumplido hasta la fecha y se se espera que empiece a concretar este año con la futura oferta de empleo público (OEP).
Y la tercera pata era la rebaja a las 35 horas, que no se ha producido hasta ahora y que se desencalla con un nuevo pacto este viernes. De hecho, quien en 2022 asumía las responsabilidades en Función Pública era María Jesús Montero, que esta semana ha abandonado el Gobierno para postularse a la presidencia de la Junta de Andalucía. Fue precisamente Andalucía, en enero de 1999 y entonces bajo la presidencia del socialista Manuel Chaves -hoy condenado a inhabilitación por el caso de los ERE-, la pionera en el sector público español en implantar la jornada laboral de 35 horas semanales.
Aplicación progresiva y pasado Semana Santa
El Ejecutivo rubricará la instrucción para reducir la jornada a 35 horas semanales, esta se espera hasta después de Semana Santa y a partir de ahí cada ministerio y organismo público de ámbito estatal deberá acordar internamente con sus empleados cómo las aplica, por lo que su entrada en vigor se espera que sea progresiva. No todos los centros de trabajo afectados aplicarán igual el recorte horario, si bien en cómputo anual deberán pasar de las actuales 1.642 horas anuales a 1.533 horas.
La disminución horaria afectará al personal que faena habitualmente de lunes a viernes, de la misma manera que aquellos que tienen reconocidas jornadas especiales, es decir, de especial dedicación, a turnos o con jornadas partidas. Los horarios de especial dedicación del personal directivo también se adaptarán, pero mantendrán las 2,5 horas adicionales a la semana, hasta un total de 37,5 horas semanales.
Vuelve el horario de Zapatero
Si bien Andalucía fue pionera en implantar las 35 horas semanales en su administración, el presidente del Gobierno que situó ahí la jornada laboral fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque no fue de manera homogénea ni a partir de una fecha concreta. En 2005 alcanzó un acuerdo sindical que abría la puerta a flexibilizaciones horarias que posibilitaban consolidar esas 35 horas semanales. Estuvo vigente menos de una década, hasta que el ‘popular’ Mariano Rajoy implantó dos horas y media más a la semana para compensar, en parte, el recorte de nuevas plazas ofertadas y así ahorrar presupuesto público en un contexto de recesión.
Actualmente, ya hay varias comunidades autónomas y una parte importante de ayuntamientos que ya aplican, de manera más o menos explícita, las 35 horas semanales. En la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, se siguen aplicando las 37,5 horas semanales y es uno de los pocos territorios, junto a Aragón, Galicia, Asturias, Navarra o Madrid donde se mantiene esa referencia, según el último recuento de CCOO.
A nivel municipial, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido la última gran plaza en adherirse a las 35 horas y rigen desde febrero. Municipios cercanos como Cornellá, Sant Boi, El Prat o Terrassa también tienen establecida por norma esta referencia horaria.
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