El empresario Pablo Crespo a su llegada a la Audiencia Nacional. EP.
José Luis Castro, juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, ha dictado la libertad condicional para Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. Crespo fue secretario de Organización del PP gallego y pieza clave en la red de corrupción.
Recibe esta condicional tras haber cumplido el pasado 13 de diciembre dos terceras partes de su condena. Lleva en prisión más de doce años, siendo los últimos tres en régimen de semilibertad. Además, lleva tiempo colaborando con la justicia.
En el auto, según ha avanzado El País, el juez señala que en su decisión ha valorado positivamente la antigüedad de los hechos delictivos [la trama fue desmantelada en febrero de 2009]”, así como “el escaso riesgo de reincidencia” de Crespo y “el tiempo de cumplimiento efectivo” en prisión.
De la misma forma, destaca que el exnúmero dos de la Gürtel tuvo una “conducta normalizada durante la condena”, que ha hecho un “buen uso del régimen abierto”, que tiene un trabajo en un despacho de abogados de Madrid y que está “haciendo frente a los pagos de la responsabilidad civil” a los que fue condenado por la Gürtel. También señala que cuenta “con apoyo familiar vinculante y positivo” para asegurar su reinserción.
Una vez en libertad, que se ejecutará en los próximos días, Crespo tendrá que cumplir una serie de “reglas de conducta” hasta que su pena quede extinguida, lo que tendrá lugar el 12 de diciembre de 2031. De esta forma, tendrá que fijar un domicilio de residencia y comunicar cualquier cambio ante el juzgado, y seguirá manteniendo un seguimiento de su situación por parte de los servicios del Centro de Inserción Social Victoria Kent.
Pablo Crespo fue condenado a penas de más de 70 años de cárcel y aún tiene pendiente conocer la sentencia de una de las piezas en las que se dividió la macrocausa de la Gürtel. No obstante, esto no afectará su situación penitenciaria, ya que la Audiencia Nacional fijó un cumplimiento máximo de 18 años de cárcel, que es la cifra que fija la ley para un condenado por triple delito.
