Entre los meses de enero y marzo, el país ha experimentado un arranque de año negro. Mientras el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirma el goteo de asesinatos de mujeres y menores en 2025, el arranque de 2026 ha sido especialmente dramático en el caso de los infanticidios.
Así, tres niños han sido asesinados presuntamente por sus padres en apenas tres meses, la misma cifra que en todo el año pasado, con crímenes en Castellón, Tenerife y Alicante que han hecho saltar las alarmas. En el último caso, acaecido en Torrevieja, la víctima era una pequeña de tres años cuyo progenitor se suicidó después del crimen.
La madre, que no figuraba en el sistema VioGén, alertó a la Guardia Civil tras horas sin noticias de su hija, temiendo por su integridad porque su expareja la había maltratado y amenazado con dañar a la menor si no rompía su relación actual. Las informaciones de estas semanas confirmaron que él tenía antecedentes por malos tratos con parejas anteriores.
El Ministerio de Igualdad elevó a tres los menores asesinados por sus padres en lo que va de 2026. Por años, 2015 y 2024 siguen siendo los ejercicios con más asesinatos de menores por violencia vicaria, con nueve casos cada uno, seguidos de 2017 (ocho), 2018 y 2021 (siete) y 2013 (seis), pero el ritmo de este año anticipa ya un escenario preocupante.
El contexto estadístico lo pone el informe publicado este 26 de marzo por el Observatorio del CGPJ. El mismo estudio también detalla que en 2025 fueron asesinadas 49 mujeres por sus parejas o exparejas, lo que eleva a 1.342 los feminicidios registrados desde 2003, y confirma la muerte de tres menores a manos de las parejas o exparejas de sus madres.
Con estas víctimas y las de 2026, el número total de niños asesinados por violencia vicaria desde 2013 asciende a 68, con una media de más de cinco casos al año. Los datos del Observatorio permiten trazar un retrato de extrema vulnerabilidad: el promedio de edad en 2025 fue de 6,7 años y el 73,8% de todas las víctimas de la serie histórica tenían menos de 10.
Dos de los agresores de 2025 eran los padres biológicos y el tercero la pareja actual de la madre, una relación que se repite en el 84,6% de los casos desde 2013 y que hunde sus raíces en la voluntad de seguir dañando a la mujer incluso a través de sus hijos e hijas. Igualmente, la casa, un lugar que debería ser seguro para ellos, es el principal escenario de la violencia.
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En 2025, dos de los tres menores asesinados convivían con su agresor y fueron asesinados en el domicilio, una circunstancia que se da en el 76,9% de los casos de la serie histórica. En cuanto al método, uno de los crímenes del año pasado se cometió con arma blanca —presente en el 35% de los asesinatos vicarios— y los otros dos mediante asfixia y envenenamiento.
El perfil del agresor es el de un hombre de nacionalidad española, con una media de edad en 2025 de 41,7 años —ligeramente por encima de los 39,7 años de la serie histórica— y que en casi la mitad de los casos se suicida tras el crimen, lo que dificulta el esclarecimiento judicial y la rendición de cuentas.
Ninguno de los tres autores de 2025 había sido denunciado antes de los hechos, aunque desde 2013 sí existe denuncia previa en alrededor de un tercio de los asesinatos vicarios, un dato que revela lagunas tanto en la detección institucional como en la protección efectiva cuando se conocen antecedentes.
Una ley que no llega
Sobre este diagnóstico se levanta el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, impulsado por los ministerios de Igualdad, Presidencia y Justicia, y Juventud e Infancia y presentado en 2025 como una de las grandes patas de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El texto, que ejecuta varias de las medidas acordadas en la Subcomisión del Congreso para actualizar ese pacto y se adapta a la nueva directiva europea sobre violencia contra las mujeres, define por primera vez de forma expresa la violencia vicaria como una manifestación de la violencia de género y la incorpora a la Ley Integral de 2004.
Según el borrador, se considera como tal aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerce sobre sus hijos e hijas o descendientes, sobre menores sujetos a su tutela o guarda y custodia, o sobre ascendientes, hermanos y hermanas, así como sobre su cónyuge o pareja actual, aun sin convivencia.
La norma identifica como víctimas tanto a las mujeres como, «por extensión», a sus hijos e hijas menores de edad o mayores con discapacidad necesitados de especial protección y a las personas menores a su cargo, reforzando el reconocimiento de la infancia como sujeto pleno de derechos en este contexto.
Introduce, además, un nuevo tipo penal específico de violencia vicaria en el Código Penal, como delito contra la integridad moral, destinado a sancionar a quien, para causar daño o sufrimiento a su pareja o expareja, comete sobre hijos, descendientes u otras personas del entorno delitos que van desde el homicidio y las lesiones hasta los atentados contra la libertad, la intimidad o el honor.
También incorpora una nueva pena de prohibición de publicar o difundir mensajes, imágenes u otros contenidos vinculados al delito para evitar el menoscabo de la dignidad de la víctima y el daño psicológico añadido a ella o a su familia, una reforma ideada a raíz de la polémica por El Odio, el libro paralizado en el que José Bretón confesaba el asesinato de sus hijos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una intervención reciente en el Congreso.
EFE
En el terreno civil, el anteproyecto refuerza la obligación de escuchar a los menores antes de fijar custodias y regímenes de visitas, salvo que no sea posible, y consagra que no se podrán establecer visitas con el progenitor inmerso en un procedimiento penal por atentar contra la vida, la integridad, la libertad o la indemnidad sexual de la madre o los hijos.
Además, incluye la exposición a violencia vicaria como indicador específico de riesgo en la Ley de Protección Jurídica del Menor, mejora los procesos sobre patria potestad y obliga a que la estadística oficial de víctimas mortales por violencia de género recoja de forma diferenciada a los menores asesinados en este contexto.
Diferencias en el Ejecutivo
El Gobierno ya había dado un primer visto bueno al anteproyecto en septiembre y, tras obtener todos los informes, estaba prácticamente listo para su aprobación definitiva. Sin embargo, el Ministerio de Juventud e Infancia rompió ese consenso al anunciar que se retiraba del acuerdo ante la negativa a modificar puntos que consideraba esenciales para reforzar los derechos de las víctimas.
Las discrepancias se concentran en tres frentes: cómo definir en el Código Penal el nuevo delito de violencia vicaria, cómo garantizar que los niños sean escuchados en los procedimientos y qué hacer con las visitas cuando hay causas o indicios de violencia de género. Juventud e Infancia sostenía que sus propuestas sobre estos temas no se habían incorporado, aunque los tres ministerios están dispuestos a seguir hablando.
Sobre la mesa también pesan las objeciones de feministas y de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y de la Violencia de Género Institucional, que alertan de que el diseño de «un nuevo delito neutro» de violencia vicaria, sin diferenciar entre hombres y mujeres, puede desdibujar el enfoque de género y contradecir el propio concepto de este «gran agujero negro» de las agresiones machistas.
Más allá de la batalla técnica, las entidades especializadas reclaman que la reforma legal vaya acompañada de cambios profundos en la práctica judicial y en la forma en que se interpreta el llamado «interés superior del menor».
La ministra Redondo reconoció a finales de febrero, como recoge Europa Press, «cierto retraso» en la tramitación, alegando que «la dificultad es máxima» porque «no hay referentes; por tanto, estamos innovando en la legislación y eso plantea dificultades». También defendió que quieren «ser muy exigentes y rigurosas» con la norma que propongan por tratarse de un asunto «tan delicado» que tanto les «concierne».
«Si el tiempo o una ligera dilación es el coste, yo lo pago a gusto», declaró entonces, añadiendo que se estaba «ultimando» el proyecto de ley con la participación de los ministerios de Justicia y Juventud e Infancia. «Hay avances importantes, muy significativos«, aseguró la titular de la cartera de Igualdad: «Nuestra única voluntad política es seguir mejorando» ante un sistema que no es «perfecto ni infalible».
Igualmente, Redondo remarcó que esa progresión está en conversaciones con el Ministerio del Interior para perfeccionar la valoración del riesgo a través de VioGén 2, y en contacto con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado para analizar la posibilidad de incrementar el número de metros de las órdenes de alejamiento.
Para hacer frente a este escenario, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dispondrá este año de un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que ya contempla el acuerdo.
Manifestación del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 2023.
EFE
Por otro lado, esta semana, el Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por «los problemas generados por la fragmentación del conflicto familiar entre distintos juzgados», así como ha subrayado la necesidad de que policías, fiscales y jueces instructores tengan más formación y herramientas de investigación para perseguir la violencia machista.
Igualmente, ha expresado quejas sobre los quebrantamientos de condena y la manipulación de las conocidas como pulseras antimaltrato, que causan «un estado de permanente tensión» en la víctima, y ha asegurado haber recibido quejas de «dificultades» de acreditación para menores víctimas de violencia vicaria, ya que necesitan un previo reconocimiento de la madre como víctima para acceder al sistema.
En esta línea, Ángel Gabilondo aboga por esta acreditación «de manera que las comunidades autónomas puedan tener un procedimiento normalizado que garantice el acceso a sus derechos» y ha avisado de que «cuando no hay investigación suficiente, la propia denuncia pone doblemente en riesgo a los menores, ya que siguen obligados a convivir con sus agresores».
Mientras tanto, las cifras siguen avanzando a golpe de tragedia y España ya ha igualado en menos de tres meses el total de víctimas infantiles de todo 2025. Cada nuevo caso recuerda que la infancia sigue siendo el eslabón más frágil de la cadena de las agresiones machistas.
