Lo que comenzó como una apuesta para crear un campeón nacional de la defensa ha terminado en una crisis de poder que enfrenta al Gobierno con el presidente de Indra y divide a su consejo de administración. En poco más de un año, la compañía ha pasado de diseñar su mayor operación corporativa a encallar en un bloqueo de gobernanza que, hoy por hoy, sigue sin resolverse.
Todo esto se podría decir que empieza a fraguarse incluso antes del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra, cuando, en diciembre de 2024, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) aumenta su participación en Indra y alcanza el 14,3% de la acciones de la cotizada a través de instrumentos derivados gracias a un crédito con JP Morgan, colocándose solo por detrás de la SEPI. EM&E es la compañía familiar de Ángel Escribano y su hermano menor Javier, fabricante de componentes para la industria militar, como torretas para blindados.
Esta es la secuencia de los hechos que explican cómo se ha llegado hasta aquí:
El punto de partida se sitúa en enero de 2025, cuando el consejo de administración de Indra nombra a Ángel Escribano presidente ejecutivo en sustitución del hasta ese momento presidente de la tecnológica Marc Murtra, que da el salto a Telefónica. El Gobierno descabalga a la operadora de telefonía (echa a José María Álvarez Pallete) gracias al 10% que controla a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), en una operación que se hace el sábado 18 de enero, mientras la bolsa permanece cerrada.
El relevo no es neutro. Escribano no es solo un ejecutivo: es también segundo mayor accionista de Indra y copropietario de EM&E, una compañía del mismo sector. El potencial conflicto de interés está ya sobre la mesa, aunque en ese momento no bloquea su llegada al cargo, respaldado por la SEPI, el brazo inversor del Estado.
En los meses siguientes, Indra acelera su giro hacia el negocio de defensa al calor de la nueva estrategia europea de seguridad, que promete inversiones de 800.000 millones, y tras la llegada de Ángel Escribano a la compañía.
En ese contexto, en abril de 2025, se filtra a través de los medios de comunicación que estudia integrar EM&E dentro de su perímetro industrial, aunque algunas fuentes apuntan que la operación se empezó a idear «una semana después de que Escribano asumiera la presidencia de Indra» y que no pasó previamente por el consejo de administración de la cotizada. Tras el revuelo, Indra confirma la operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Durante esta fase, el conflicto de interés se normaliza: informes legales internos lo consideran gestionable y la compañía sigue adelante con el análisis. La lógica industrial, crear un grupo más fuerte en defensa, se impone y el Gobierno la avala.
A lo largo de 2025, Indra refuerza su posicionamiento en defensa con alianzas y adquisiciones, como el caso de Hispasat, Hisdesat, Aertec o Wake Engineering. El proyecto de integrar EM&E gana peso dentro de una estrategia más amplia: convertir la compañía en el eje de la industria militar española.
El consejo de administración avanza en el diseño de la operación, que podría implicar una fusión o una ampliación de capital. En paralelo, crece un elemento clave que genera incertidumbre: cuál sería el peso que adquiriría la familia Escribano en el capital, que le acercaría al del propio Estado. Ahí empieza a incubarse la inquietud. Y ante eso, Indra crea una comisión para evitar conflictos de interés en la fusión.
El consejo de administración da el visto bueno para seguir adelante con la operación. El proceso cuenta con estructuras de control, como una comisión independiente formada por vocales independientes, y no encuentra una oposición frontal del Gobierno.
En ese momento, el proyecto sigue siendo viable tanto desde el punto de vista técnico como político. El conflicto de interés es conocido, pero no determinante. Indra considera que es coherente la fusión con Escribano (EM&E) después del informe de la comisión ‘ad hoc’ creada para pilotar el proceso de integración de ambas compañías.
El cambio llega a comienzos de 2026. Año nuevo, problemas nuevos. La SEPI endurece su posición y empieza a cuestionar la operación en términos más amplios.
Ya no se trata solo de gobernanza. El foco pasa a ser el control de una empresa estratégica. La posibilidad de que el bloque de los hermanos Escribano y los fondos de inversión privados gane peso frente al Estado activa las alarmas.
Es el punto de inflexión. Moncloa vira su postura: de la aprobación inicial a la fusión a poner sobre la mesa como un argumento de peso el «conflicto de interés», algo sabido por todos los actores desde el principio.
Algunas fuentes apuntan que el verdadero motivo es que el Gobierno no se fía de Ángel Escribano porque «tiene su propia agenda, que no es común con la del Ejecutivo» y que trabaja «desde Indra para favorecer a EM&E», mientras que otras fuentes sitúan a la reunión que Sánchez mantiene con Sapa, con los hermanos Aperribay al frente (muy activos contra la operación), en noviembre de 2025 en el origen de los problemas a que la SEPI dé su visto bueno.
En la primera mitad de marzo, la operación entra en su fase crítica. La comisión independiente del consejo avala su sentido estratégico, pero el Gobierno eleva el tono.
La SEPI plantea de forma explícita que el «conflicto de interés» debe resolverse a través de un duro y nada habitual comunicado publicado el miércoles 18 de marzo por la noche. Sobre la mesa aparece una condición: la salida de Escribano como presidente. El conflicto deja de ser técnico para convertirse en institucional.
La crisis estalla definitivamente. Escribano se niega a dimitir y en una hábil jugada da una respuesta inmediata: EM&E retira la operación. Ya no hay fusión.
En cuestión de horas, se rompe un proyecto en el que Indra llevaba trabajando más de un año.
El mercado reacciona con fuerza. Las acciones de Indra caen con intensidad y el consejo de administración queda dividido en bloques.
El Gobierno mide sus apoyos para forzar cambios, pero se encuentra con un obstáculo clave: no existe una mayoría clara para cesar al presidente. La clave está en los siete consejeros independientes y Moncloa no tiene nada claro que vayan a apoyar la tesis gubernamental.
La crisis deja al descubierto un problema más profundo que la propia operación fallida: la dificultad para gobernar la compañía en un escenario de intereses enfrentados.
Lejos de retirarse, Escribano refuerza su posición pública y defiende su proyecto industrial. El mensaje es claro: no contempla dimitir.
Mientras, la SEPI mantiene la presión. La operación queda congelada, pero el conflicto sigue vivo. El miércoles 25 de marzo tiene lugar un consejo que debía propiciar la salida del presidente, pero el Gobierno no plantea la cuestión ante la falta de una mayoría clara que la apoye. Escribano resiste y, por ahora, gana.
Un choque que va más allá de una fusión
La crisis de Indra no es solo la historia de una operación fallida. Es el reflejo de una tensión de fondo por ver quién debe controlar una empresa considerada estratégica.
Por un lado, el Estado, a través de la SEPI, busca preservar su influencia. Por otro, un bloque de accionistas privados impulsa una lógica industrial y de mercado. Entre ambos, un consejo dividido y una compañía atrapada en un equilibrio inestable.
Porque, más allá de la fusión frustrada, la verdadera incógnita sigue abierta: ¿quién manda en Indra?
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