En una práctica cada vez más habitual, la Mesa del Congreso -con mayoría de PSOE y Sumar- ha suprimido dos enmiendas introducidas por el PP en la ley contra la multirreincidencia durante el trámite en el Senado después de que el Gobierno haya presentado dos vetos, alegando que suponen un incremento presupuestario. Una de las modificaciones, pactada entre los populares y Vox, trataba de frenar la regularización de migrantes anunciada por el Ejecutivo exigiendo a los solicitantes la presentación de un certificado oficial de ausencia de antecedentes penales de todos los países en los que hubieran vivido, sin poder sustituirlo por una declaración responsable en el caso de que no haya respuesta de estos terceros países.
La enmienda de los populares establecía que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad realizasen un informe para «evaluar si existe una amenaza real para el orden público». El Gobierno se ha aferrado a este apartado para vetar la enmienda, argumentando que esto supondría la contratación de cerca de 400 funcionarios e implicaría un coste de cerca de 17 millones de euros. El Ejecutivo ya vetó la modificación hace unas semanas en la Cámara Alta, pero la Mesa del Senado, controlada por el PP, desoyó la petición.
No obstante, este martes, cuando la norma ha llegado al Congreso para su aprobación definitiva el próximo jueves, el Ejecutivo ha vuelto a registrar el veto a esta enmienda y, en este caso, la Mesa de la Cámara Baja lo ha aceptado, retirando los cambios sin debate en el pleno. Esta es ya la quinta ocasión en esta legislatura en la que se da esta situación, hasta ahora inédita. En los últimos meses, el Senado ha activado varios conflictos institucionales contra el Congreso por este motivo.
En todas las ocasiones, la Cámara Baja ha defendido que actúan en su ejercicio «constitucional y reglamentario», ya que el artículo 134.6 de la Constitución establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». No obstante, los populares denuncian que el Senado tiene autonomía para decidir sobre si el veto del Ejecutivo es válido o no.
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