Ya dijimos aquí que los datos reservados y su filtración están de moda a la luz de la imputación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Este martes, día 24 de marzo, precisamente, quedó visto para sentencia en la sección cuarta de la Audiencia Nacional, bajo la presidencia de la magistrada Teresa Palacios, a quien corresponde también la ponencia, un caso que provocó ríos de tinta en los medios y casi acaparó, en espacio, el caso Tándem-Villarejo, por la presencia de Pablo Iglesias y su asistente Dina Bousselham. Es la pieza 7 o caso Dina.
Fue tonificante escuchar en sus conclusiones definitivas al fiscal Jorge Andújar, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, cuando apuntó:
-Dos periodistas entregan esos datos reservados en un pendrive, con material sustraído, a un comisario en activo. Más allá de los intereses creados de quien se beneficia más que otros, si el comisario o los periodistas, sin ninguna carta de naturaleza, habilitación especial, procedimiento judicial. Todo ha sido corroborado… El Ministerio Público habría interesado la condena de los periodistas pero han sido perdonados por la acusación particular [de Pablo Iglesias y Dina Bousselham].
Los dos periodistas llegaron a un acuerdo con los abogados de Iglesias y Bousselham al empezar el juicio como acusados y lograron pasar a declarar como testigos. Aunque en el pacto reconocían la versión del Ministerio Fiscal -la entrega del pendrive- durante su testifical se salieron del guion -después de ser perdonados- y dijeron que es que Villarejo, en calidad de policía, les había hecho un «requerimiento», pues estaba investigando la financiación de Podemos. Y que, claro, como solían tener a menudo estos requerimientos, le entregaron el material.
No hubo tal requerimiento. Incluso la defensa de Villarejo explicó que en rigor se lo entregaron por iniciativa propia.
Los tres celebraron una comida, que, según la pulcra agenda del comisario, fue «agradable», en el madrileño restaurante Chistu, y que la invitación corrió a cargo del medio de comunicación.
El fiscal Andújar estuvo a punto de decir que ese «requerimiento», formalizado en una comida, era una tomadura de pelo de los periodistas -uno, más que otro, subrayó esto del requerimiento verbal-, porque no hay requerimientos en abstracto o verbales, sino reales y concretos emanados de una autoridad judicial.
Cuando el fiscal habló de «intereses creados» se refería a la última declaración del acusado en el juicio, el excomisario José Manuel Villarejo, el pasado lunes 23.
Quizá sin saberlo el fiscal había traído a Jacinto Benavente a la escena. Porque el trío de los dos periodistas y el comisario eran como Crispin y Leandro y Polichinela.
El excomisario explicó que en su relación con los periodistas era él quien mayores beneficios obtenía, vamos que sacaba -más información de ellos, que ellos de él.
En lo que se refiere al apoderamiento de los datos por parte del excomisario, según explicó el fiscal, las pruebas son concluyentes.
El material pasó de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham al pendrive que prepararon los periodistas y le entregaron a Villarejo, en la comida del 3 de enero de 2016. Y ese material fue incautado, junto con ingente documentación, en el registro del domicilio del excomisario, el 3 de noviembre de 2017, el día de su arresto.
La difusión en dos medios digitales explicó el fiscal, en marzo de 2016 y julio de 2016, en plena campaña contra Podemos exige un juicio de inferencia sobre la base de todos los indicios existentes. Tanto el fiscal como las acusaciones particulares atribuyen esa difusión a Villarejo, quien dejó constancia en su meticulosa agenda de sus contactos periodísticos.
La defensa de Villarejo señaló, no sin astucia, en sus conclusiones que el perdón de Iglesias y Bousselham a los dos periodistas suponía el perdón a la entrega del pendrive y que no podía tratarse de un perdón selectivo en el cual el excomisario quedaba fuera.
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