El paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio ha entrado este domingo en plena vigencia, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el próximo jueves el Congreso dictaminará su convalidación.
El plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.
En el apartado fiscal destacan, especialmente, la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pagan los consumidores (del 5,11 % actual al 0,5 %); y la congelación del precio máximo de venta del butano y propano.
Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado en crisis previas. Este último es muy probable que no salga adelante en la Cámara Baja, por el rechazo ya anunciado de formaciones como Junts, PP y Vox.
Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros destaca, igualmente, la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos del conflicto.
También ha entrado en vigor un plan de movilidad sostenible, que obligará a las compañías de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno a que faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo; así como una suspensión de la causa de disolución por pérdidas, ya acordada previamente respecto del COVID-19.
El sector del transporte, el más disconforme
Sectores de la economía relacionados con el transporte, la agricultura o la ganadería han mostrado su disconformidad parcial con el paquete de medidas del plan anticrisis, en especial en el colectivo de la movilidad por carretera (logística, mercancías y autobús).
Patronales como CETM, Fenadismer, UNO (logística) y Confebus califican como «claramente insuficientes» las medidas aprobadas por el Gobierno. Incluso, las dos primeras organizaciones no descartan movilizaciones en el transporte de mercancías por carretera si no se atienden sus peticiones.
Desde la organización de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideran que estas medidas son «necesarias», pero avisan de que serán «insuficientes» si la situación se prorroga «más allá de 15-30 días», mientras que Asaja cree que el plan “queda abierto, sin concreción, es pobre y lejos” de la situación.
Un hombre echa se dispone a echar gasolina en una estación de servicio de Zaragoza.
El sindicato CCOO se ha sumado a los sindicatos agrarios y ha reclamado al Gobierno más medidas fiscales y transferencias directas dirigidas a los colectivos más vulnerables.
Desde otro ángulo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha valorado la reducción del IVA a los combustibles como «una mejor alternativa a la nefasta experiencia» del descuento de 20 céntimos por litro aplicado tras la invasión rusa de Ucrania.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha aplaudido las rebajas fiscales de los carburantes, que calcula que reducirá en «unos 8 euros» el precio del depósito medio.
En cuanto a las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme no han valorado aún el plan presentado por el Gobierno. Se espera que lo hagan en los primeros días de la semana entrante.
Sí han mostrado, en cambio, su «firme rechazo» a la aprobación de una congelación temporal de los precios del alquiler, al ser una medida “ajena” al conflicto en Oriente Medio y una “injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada”.
